¿Tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el peso que debiera?

Tenemos un peso de casi el 10% del PIB. El conjunto del sector agroalimentario español supone 108.000 millones de producción. Exportamos 55.000 millones. La realidad se impone y este sector es clave en esta crisis y en la recuperación de España. Estoy convencido de ello.

Existe una ley de la cadena alimentaria que promete con su aplicación cambios relevantes. ¿Cobrarán más los agricultores por sus tomates?

El proyecto de ley, actualmente a debate en el Congreso, como trasposición de la normativa europea de 2019, pretende un reequilibrio de la cadena alimentaria: producción, industria y distribución, con mayor transparencia en la formación de los precios. Lo que se persigue es apoyar al eslabón más débil de la cadena, al productor. Hay margen en la creación de valor para poder decir que el consumidor no se va a ver perjudicado en los precios finales por la aprobación de la ley y el incremento de las retribuciones de agricultores y ganaderos. El concepto de alimento barato es una contradicción. Todo alimento tiene un coste y ese coste implica los medios de producción pero también el trabajo humano. Agricultores, ganaderos y pescadores necesitan una justa retribución por su trabajo.

¿Existen abusos?

Hay casos en los que la negociación de los precios no se produce de manera transparente. Existen abusos y eso intentamos evitarlo dando más transparencia a los contratos, que deben ser ya obligatoriamente por escrito.

¿Cómo serán esos contratos?

A partir de un nivel mínimo de la operación, 2.500 euros, deben reflejar no solo el precio y las condiciones de la entrega, sino también el precio mínimo de venta. Tenemos una práctica muy extendida que se denomina venta a resultas, en la que al productor lo único que le interesa es colocar el producto. Es un factor muy regresivo, no del siglo XXI, que indica que quien lo hace para cualquier comprador no puede exigir un precio, lo que tiende a afectar a la oferta en su conjunto y es perjudicial para el sector.

¿Y los precios de referencia?

Estamos en una economía de mercado y la formación de precios es libre. No se pueden fijar precios en ningún sector y tampoco en la agricultura. Otra cuestión es que se estudien los costes medios de producción en determinados sectores.

¿Qué cambio supone?

Significa un cambio de cultura, una planificación empresarial más desarrollada, mayor profesionalización y enfoque empresarial. Esto ya se da en amplios ámbitos del sector agroalimentario, que ya es competitivo, pero mi intención es apoyar el modelo de modernización.

Las organizaciones de productores van a tener protagonismo.

Absolutamente. Fueron las que pidieron la nueva legislación y son los instrumentos adecuados para conseguir mejores precios. Hace falta innovación y digitalización, márketing y relaciones estrechas con el consumidor.

¿El agricultor aficionado es un lastre en esta transición?

La inmensa clase media del sector primario español es la agricultura profesional y familiar. Aquella que está orientada a los ingresos empresariales y a sus necesidades familiares. ¿Significa que toda la agricultura va a ser una agricultura a tiempo completo? Mi respuesta es no. Tenemos agricultores ocasionales y otros que tienen otra profesión y un ingreso adicional. Su papel también es importante, porque contribuyen a la preservación del paisaje y del medio ambiente. Pero es verdad que la parte fundamental de la nueva orientación de la política del mercado común va dedicada a la clase media profesional y familiar.

El modelo de distribución de ayudas de la política agrícola común (PAC) cambia y existe temor a una tasa plana.

No existe ningún sistema de tasa plana. Es un mito. Lo que sí existe es la necesidad de que dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo reciban la misma ayuda. Es el ejemplo que se ha aplicado en Alemania, Francia [con algunas diferencias] e Italia. En España, existen 50 regiones de apoyo como consecuencia de ser un país diverso geográficamente. Pero la Comisión Europea nos ha indicado que hay que hacer progresos en esa integración. No va a haber tasa plana, sino mayor convergencia interna. Nos tendremos que poner de acuerdo en el número de regiones, que será sin duda menor de 50.

Andalucía piensa que saldrá mal parada de esa reforma.

El cambio no se puede aceptar o rechazar. Se puede modificar. Las ayudas se repartirán en función del apoyo que acrediten agricultores y ganaderos [organizadores de productores], y no por una decisión política de reparto entre autonomías. La PAC es para los agricultores y ganaderos, no es un fondo de compensación interterritorial.

¿Cómo ve el cisma del cava con la creación de Corpinnat?

En el cava, al tener una denominación de origen de carácter supraautonómico, la autoridad de tutela es del ministerio, no de la comunidad autónoma. Para mí, el cava es uno de los productos más significativos e identitarios desde el punto de vista de la proyección exterior del sector agroalimentario español en los mercados internacionales. El Consejo Regulador del Cava ha sido sensible a la diferenciación de calidades y zonas de producción. Desde el ministerio apoyamos al consejo regulador en esa tarea. Es verdad que hemos tenido mercados internacionales muy afectados por el cierre del sector horeca [hostelería], también para el vino, pero soy optimista respecto al futuro. La unidad de marca es uno de los elementos más importantes. Cava es una marca de reputación de España y por tanto debemos defenderla.

¿Y la creación de Corpinnat?

Son tiempos de integración y unión ante los mercados exteriores. Donde hay una imagen de marca reconocida y una reputación, creo que es mejor continuar por esa vía. Lo que me parece mejor es evitar en todo caso la banalización de un producto de tanto valor comercial y productivo como el cava.