La prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo ya tiene el apoyo de la patronal. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no romperá el acuerdo con el Gobierno central y los sindicatos pese a que se mantiene la prohibición de los despidos en los negocios en ERTE relacionados con la pandemia. En el caso de Canarias, las 11.800 entidades con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en vigor tendrán que conservar sus plantillas durante un mínimo de seis meses tras reanudar la actividad. De no hacerlo, deberán reintegrar al erario todas las ayudas percibidas.

El compromiso de mantenimiento del empleo era el principal caballo de batalla de la prolongación de los ERTE. O más bien el único. El fondo de la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social gustó desde el principio tanto a la patronal como a los sindicatos, que desde el estallido de la pandemia en marzo han antepuesto el consenso a sus propios intereses. Había sintonía sobre la conveniencia de prorrogar los expedientes más allá del estado de alarma —finalizará el 9 de mayo si no media una nueva extensión—, sobre la reducción de los trámites para que las empresas pasen de una a otra modalidad de ERTE —de uno de limitación a uno de impedimento, o viceversa— y sobre las actividades que deben estar especialmente protegidas. El problema estaba en esa cláusula sobre el mantenimiento de las plantillas, sobre todo porque basta con que la empresa despida a un solo trabajador para que esté obligada a devolver hasta el último euro de las cantidades bonificadas. Es algo que en la patronal no ven proporcional y que seguirán intentando suprimir, o cuando menos suavizar, de cara a próximos acuerdos, aunque por ahora continuará vigente al menos hasta el 31 de mayo.

Así pues, las exactamente 11.791 empresas canarias que están en ERTE por causas relacionadas con la Covid-19 han de tener claro que no podrán despedir durante un período de seis meses desde el momento en que retomen la actividad.

Las condiciones para los asalariados, casi 80.000 en las Islas, se mantienen sin cambios

Es una obligación a la que no están sometidas las 724 empresas isleñas que están en ERTE por causas ordinarias, es decir, por razones que no tienen que ver con el coronavirus. Aunque ya han transcurrido más de nueve meses desde el estallido de la pandemia, aún hay negocios donde no son conscientes de esa imposición. O donde sencillamente no han calculado bien las ventajas y los inconvenientes. Tan es así, que los sindicatos han alertado sobre empresas que han preferido devolver las bonificaciones y tener libertad para despedir antes que seguir sometidas a la obligación de mantener las plantillas en medio de una crisis sin precedentes.

Sea como sea, lo cierto es que la patronal cedió ayer a las presiones de los sindicatos y, sobre todo, del Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño —por lo general más cercana a las tesis de la patronal que su compañera Yolanda Díaz—, había dejado claro en los últimos días que el compromiso de mantenimiento del empleo era intocable. En este escenario, el empresariado no ha querido echar pulsos y los órganos de gobierno de la CEOE aprobaron ayer la adhesión a la propuesta del Ejecutivo por unanimidad.

En cuanto a los trabajadores, las condiciones también se mantienen sin cambios. Los 79.706 asalariados isleños que en estos momentos están en ERTE —hasta 75.259 en expedientes relacionados con el coronavirus— siguen teniendo acceso a la prestación sin período de carencia y la paga será equivalente al 70% de la base reguladora.