La mayor parte de los hosteleros y comerciantes de Canarias no se beneficiará de la rebaja de los alquileres que el Gobierno va a imponer a los grandes propietarios de inmuebles. En las Islas son minoría los locales comerciales en manos de sociedades, familias o individuos con más de diez inmuebles en su patrimonio. Son estos quienes estarán obligados a bajar el recibo mensual a las tiendas, restaurantes, bares o cafeterías que tienen arrendados sus locales. Sin embargo, los negocios instalados en el Archipiélago en inmuebles de grandes tenedores no llegan ni al 10%, con lo que menos de uno de cada diez comercios y empresas de restauración disfrutarán de la rebaja automática del alquiler. O lo que es lo mismo: más de un 90% —más de nueve de cada diez— se queda fuera de la medida.
El Gobierno central va a obligar a los multipropietarios a bajar los alquileres de sus locales. Y la rebaja no será pequeña. Tendrán que reducir el precio a la mitad. La medida está incluida en el plan de choque que el Ejecutivo estatal aprobará este martes para paliar la crisis en el comercio y la hostelería, si cabe más dura en las Islas por la casi desaparición del turismo. Los inquilinos de los locales de grandes tenedores deberán solicitar la rebaja del alquiler antes del 31 de enero, y con la solicitud será suficiente para pagar la mitad del recibo mientras dure el estado de alarma. Un alivio que no van a tener la gran mayoría de pequeños bares, cafeterías o tiendas del Archipiélago, que no tienen la suerte de estar instalados en locales de multipropietarios. “Si esta es la medida estrella del Gobierno, aviados estamos”, se lamentó ayer el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir.
Moujir explicó que en toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, “si acaso” puede haber uno o dos comercios en locales de multipropietarios. Es decir, tan solo un par de empresas de la capital tinerfeña podría solicitar a su arrendatario la rebaja del alquiler. El representante de Fauca —que defiende los intereses de los sectores del comercio, el ocio y los servicios— puntualizó que puede haber casos en los sures de Tenerife y de Gran Canaria, pero en modo alguno son significativos. En todo caso serán menos del 10% en toda la Comunidad Autónoma, porcentaje que corroboran en la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI). Su delegado en Canarias, Isidro Martín, puntualiza que ya no solo se trata de que sean muy pocos los grandes tenedores con locales arrendados a tiendas, bares o cafeterías, sino que, además, una parte importante de estos grandes tenedores también está sufriendo la crisis, con lo que habrá mucha resistencia a cumplir la orden del Gobierno. Es más, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, no descarta que la medida pueda acabar en los tribunales, ya que hay dudas sobre su constitucionalidad. La pregunta es hasta qué punto puede el Ejecutivo inmiscuirse en el mercado inmobiliario.
En cualquier caso, todos tienen claro que forzar a los multipropietarios a bajar el recibo mensual será de muy poca ayuda en Canarias. Tal vez lo sea en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, precisa el delegado de la APEI, pero no en una región donde la mayor parte de sus 34.445 comercios y negocios de la restauración —pymes en hasta un 95% de los casos— está en locales de familias o empresas que están muy lejos de ser grandes tenedores de inmuebles. “Esto no va a ayudar en nada”, subrayó por su parte el secretario general de Fauca. “Parece que están pensando en fondos buitre, cuando no todo multipropietario lo es, ni mucho menos”, ahondó Moujir, quien también recordó que los locales de muchos comercios isleños ni siquiera están alquilados, sino que son propiedad de la misma familia que regenta el bar, la cafetería, el restaurante o la tienda de ropa. “Necesitamos ayudas directas”, reclamó.
En línea con el representante del sector comercial, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, puso énfasis en que la única ayuda “cierta y efectiva” han sido los expedientes de regulación temporal de empleo. “Todo lo demás es humo, humo y más humo”, remarcó.
Rebajas fiscales para quien ayude a su arrendatario
La gran mayoría de los comercios y negocios de la restauración de Canarias tendrá que negociar con sus arrendadores si quiere que le bajen el recibo mensual del alquiler. No llegan a 3.000 las empresas del sector que en las Islas ocupan locales de grandes tenedores de inmuebles. A estas les bastará con solicitar la rebaja del 50% para beneficiarse de la reducción del alquiler durante el estado de alarma. Pero las 31.000 restantes tendrán que negociar con los propietarios de los locales, tal como han tenido que hacer desde el estallido de la pandemia. Para intentar facilitar las negociaciones, el plan de choque que el Consejo de Ministros aprobará hoy —salvo imprevisto de última hora— incluye rebajas fiscales en favor de esos propietarios que echen una mano a sus inquilinos bajándoles el recibo mensual. La idea es que los dueños de los locales ayuden a los comerciantes y hosteleros que ocupan sus inmuebles y que luego el Estado les devuelva la ayuda en forma de menos impuestos. Sea como sea, el alcance de la medida no será de gran calado. De poco sirve pagar 100, 200 o 300 euros menos de alquiler cuando se está facturando menos de la mitad que el año pasado o ni siquiera se está facturando, como les pasa a muchos negocios de Tenerife. | M.Á.M.
