El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) reclamó ayer ayudas reales que impidan una masiva destrucción de empresas y empleo a partir del mes de abril, fecha tras la que, hasta el momento, no existen garantías de continuidad para los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Durante la presentación del Informe Anual de 2020, el presidente del órgano, José Cristóbal García, se mostró convencido de que el desempleo real en la actualidad, “contando los afectados por ERTE” (unos 85.000), se sitúa en el Archipiélago en torno al 35%.
El trabajo presentado ayer revela los dos años consecutivos de enfriamiento acumulados por Canarias, aunque manteniendo la senda del crecimiento (2,3% en 2018 y 1,8% en 2019). Sin embargo, el informe encierra datos menos conocidos y mucho más graves. García detalló que la tasa de cobertura, que mide el porcentaje de personas sin ingresos laborales que perciben una prestación, era de solo el 53% al finalizar el año pasado, la quinta más baja del país. “Desde ese punto afrontamos un año como este”, destacó el presidente del CES para incidir en el impacto que la pandemia global puede estar teniendo.
El también secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) destacó el ejemplo de Alemania cuando al anuncio, el pasado fin de semana, del endurecimiento de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria sumó la aprobación de un paquete de ayudas a las empresas de hasta 11.000 millones de euros mensuales para garantizar la salud del tejido productivo. “Cuando esto pase, las empresas alemanas estará mejor que las nuestras”, explicó y matizó que no se trata de “dinero regalado”, sino que los negocios germano tendrán que devolverlo pero a largo plazo.
En la misma línea, el representante de UGT y vicepresidente del órgano dependiente del Parlamento de Canarias, Pedro Martínez, alertó de que los préstamos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) no son la solución. “El dinero al final lo prestan los bancos y no lo dan si la salud financiera de la empresa no es buena; muchas venían ya con problemas. Al final se lo acaban dando a las grandes, que tienen recursos”, afirmó el sindicalista. En este contexto, vaticinó una salida “muy difícil” si no hay “verdadero apoyo”.
El presidente del CES señaló que el tenue crecimiento del pasado ejercicio se explica por razones ya conocidas
Un impulso no solo económico, también burocrático. Martínez puso como ejemplo el Plan Social de Vivienda, llamado a dinamizar el sector de la construcción. Sin embargo, “en muchas ocasiones los suelos públicos ni siquiera son urbanos” y el proceso para recalificarlos “es larguísimo”, afirmó. Dentro de este ámbito se refirió a la renovación de las instalaciones turísticas y expuso el carácter necesario de esas obras a la luz de la mejora de la calidad de las aguas del litoral que ha provocado el parón del sector alojativo. “Está claro que se puede avanzar en el aspecto ecológico y hay que hacerlo”, incidió el sindicalista.
José Cristóbal García aludió también al margen de mejora que deja la gestión de la Dependencia, capítulo en el que “las autoridades deben profundizar”. Si bien el año pasado se hicieron efectivas un 12,9% de prestaciones más que en 2018 (para un total de 24.418), lo cierto, completó Pedro Martínez, es que “tenemos contabilizados más de 6.000 fallecimientos de personas con el derecho reconocido” y a las que nunca llegaron las ayudas.
El presidente del CES señaló que el tenue crecimiento del pasado ejercicio se explica por razones ya conocidas y relegadas por el golpe que ha supuesto la pandemia. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el brexit, “del que volveremos a hablar ahora, porque sus efectos son brutales”, y el problema catalán. “Todos esos factores persisten”, añadió García, y serán un problema añadido para la recuperación.
