La agricultura canaria todavía sigue esperando por la ayuda que debía llegar del Estado este año para compensar el sobrecoste que tiene el agua de riego en el Archipiélago. El Gobierno central todavía no ha transferido al Ejecutivo regional los ocho millones de euros destinados para este fin , por lo que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca no ha podido poner en marcha la convocatoria para repartir este dinero entre los regantes isleños. Un retraso que preocupa al sector primario de Canarias, ya que los fondos se pederán si el Consejo de Ministros no los aprueba antes del 31 de diciembre de este año.
La Consejería que dirige la socialista Alicia Vanoostende no muestra ninguna duda de que el dinero llegará al campo canario, ya que asegura que cuenta con el compromiso del Gobierno de Sánchez de que el Real Decreto que posibilitará la transferencia se aprobará en uno de los Consejos de Ministros que se celebren de aquí a final de año. Debido a su previsible aprobación in extremis, reconocen que la convocatoria de ayudas no podrá ponerse en marcha hasta el año que viene y esperan que el dinero pueda llegar al sector primario canario a lo largo del primer semestre de 2021.
Las ayudas para la captación de agua para riego agrícola fueron incluidas por primera vez en los presupuestos que el Partido Popular (PP) elaboró para 2017 y que han sido prorrogadas hasta este año. Además, cuentan con el blindaje de estar incluidas dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF). Su inclusión en los presupuestos fue el resultado de la negociación que mantuvieron los nacionalistas canarios con el Gobierno de Mariano Rajoy para apoyar estas cuentas. Su objetivo es abaratar el elevado coste que supone conseguir recursos hídricos para el campo en el Archipiélago, que llega a suponer el doble o incluso el triple de caro que en la Península.
Fuentes de la Consejería de Agricultura achacan el retraso en la aprobación de esta medida a los efectos de la pandemia, pero lo cierto es que en años anteriores estos fondos han sido aprobados con muy poco margen e incluso llegaron a autorizarse con posterioridad, después de que el sector agrícola se pusiera en pie de guerra en 2018 ante la amenaza de que se perdieran.
En aquel momento, tras el cambio de Gobierno propiciado por la moción de censura a Rajoy, la responsabilidad de gestionar estas ayudas pasó del Ministerio de Industria al de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, que si bien en un primer momento los dio por perdidos alegando “defectos técnicos”, poco después ante la movilización de las asociaciones agrarias, que amenazaron con sacar los tractores a la calle, tuvo que rectificar y el decreto que posibilitaba estas ayudas fue aprobado en el mes de marzo de 2019.
Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional insisten en que la situación actual no tiene nada que ver con la vivida hace ahora dos años, ya que el Gobierno regional cuenta con el dinero necesario y se ha comprometido a que la aprobación de esta transferencia se produzca antes de final de año.
Preocupación del sector
Esto mismo fue lo que la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, le trasladó a la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, en una reunión que mantuvieron ayer. El primer punto que le trasladó Delgado fue la preocupación del sector por el mantenimiento de estas ayudas, ya que los ocho millones de financiación se perderán si no son aprobados antes del 31 de diciembre. “Lo que me han transmitido es que el Gobierno canario está a la espera de que se le transfieran ese dinero y que convocará las ayudas el próximo año”, apunta.
Delgado lamenta que estas subvenciones continúen acumulando retrasos, ya que hace muy poco que los regantes han cobrado las que corresponden a 2019.
La presidenta de Asaga argumenta que estas ayudas son determinantes para el campo isleño, ya que vienen a compensar el sobrecoste que deben asumir los regantes debido a que en Canarias el agua de riego proviene de pozos o galerías, a diferencia de en la Península donde en su mayoría se extrae de los ríos. “En Canarias tenemos un sobrecoste provocado por el gasto en energía eléctrica que debe realizarse para extraer este recurso”, explica Delgado. De esta manera, los principales beneficiarios de la convocatoria son comunidades de regantes, empresas de abastecimiento de agua y sociedades agrícolas.
