Las negociaciones para la cuarta prórroga de los ERTE de la Covid entran en su recta final, con varios puntos importantes todavía por consensuar entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. El frente en el que se baten actualmente es el de definir qué modelo de ayudas para las empresas en ERTE debe imperar a partir de octubre.

Seguridad Social, el ministerio a cargo de José Luis Escrivá que lleva la voz cantante en este tema, defiende el modelo imperante hasta ahora que premia en mayor medida a aquellas compañías que desafecten progresivamente a sus trabajadores. Un enfoque que genera el rechazo de patronal y sindicatos, que defienden que los recursos deben redirigirse hacia aquellas firmas que no puedan retomar su actividad.

¿Cuánto cuesta mantener el actual modelo? Este es el quid de la cuestión, y una cifra que Seguridad Social se resiste a aclarar, tanto en público como en la mesa de diálogo social. "Tenemos serias dudas de que los datos sean reales", cargó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras la junta directiva de la patronal. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández del Cos, le echó un capote e instó al Gobierno a no escatimar en recursos: "Los riesgos de una retirada prematura son mayores que los de un mantenimiento de los estímulos", afirmó.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, cifró el pasado martes el coste de las ayudas a los ERTE enentre 4.500 y 5.000 millones de euros, si bien esa cifra correspondía al momento álgido del confinamiento, con 3,4 millones de trabajadores afectados, que al actual. En cuestión de prestación por desempleo, el SEPE desembolsó en mayo 3.425 millones; cifra que en agosto había bajado hasta los 867 millones.

Otro elemento en el que no hay acuerdo es la renovación de las prestaciones. La no renovación del 'contador a cero' para el derecho a prestaciones futuras de trabajadores en ERTE que pudieran ser despedidos generan un rechazo frontal de los sindicatos. "No vamos a aceptar que a los 180 días los trabajadores pierdan sus cotizaciones", avisa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.