Coalición Canaria y la federación de entidades de la construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) coincidieron ayer en demandar mayor agilidad a las administraciones para activar un sector que "será fundamental para la recuperación y genera mucha economía", indicó Fernando Clavijo, senador nacionalista por la Comunidad Autónoma y expresidente del Gobierno regional. Para reducir trámites y simplificar las gestiones administrativas, CC ha propuesto al actual Ejecutivo que apruebe un decreto ley -algo que puede hacer "rápidamente"- para que las licencias sean sustituidas por actos comunicados, una fórmula que ya Clavijo puso en marcha durante su etapa como concejal de Urbanismo de La Laguna, ciudad de la que luego fue alcalde, y que, a su juicio, resultó "revolucionaria".
El expresidente de Canarias y el máximo dirigente de Fepeco, Óscar Izquierdo, se reunieron ayer, junto a la diputada nacionalista y exconsejera de Hacienda, Rosa Dávila, para sumar fuerzas en el objetivo de que la actividad constructora tire del carro de la economía durante la etapa de recuperación del fuerte impacto causado por la epidemia de Covid-19. Clavijo recordó que su formación fue la primera en presentar un conjunto de medidas para la reactivación económica tras la crisis del nuevo coronavirus. Esta iniciativa contempla varias exigencias al Gobierno central: que las administraciones del Archipiélago puedan utilizar los recursos del superávit o de los remanentes de tesorería, que el Estado elabore un plan específico de recuperación para la Comunidad Autónoma y que se pongan a disposición de esta los recursos de la sentencia del convenio de carreteras.
También prevé el plan de Coalición la agilización de la obra pública y de la inversión privada -en rehabilitación de hoteles y construcción y reforma de viviendas, entre otras actuaciones- mediante mecanismos administrativos más sencillos. Todas estas medidas, aseguró Fernando Clavijo, "significarían desbloquear cientos de millones de euros" y algunas de ellas se podrían poner en marcha de forma "inmediata".
Sin tiempo que perder
Sobre la revisión de la Ley del Suelo que prepara el Gobierno autonómico, CC no ha sido informada de qué aspectos serán modificados, pero Clavijo dejó claro que este proceso puede durar meses -"un tiempo que no se puede perder", advirtió-, mientras que la tramitación de un decreto ley en el Parlamento, similar a los ya aprobados, podría hacerse en cuestión de semanas. La aplicación de actos comunicados en lugar de licencias garantiza, según el senador, que los trabajos que se realicen se ajustan a la normativa, puesto que son objeto de inspección. "Los ayuntamientos tienen arquitectos y aparejadores que conocen las ordenanzas y la ley", resaltó Clavijo. Los nacionalistas consideran que "no se puede esperar 24 meses para construir seis viviendas o para rehabilitar un hotel", situaciones que se producen en la actualidad.
Precisamente en relación a la Ley del Suelo -de la que Clavijo es "el padre de la criatura"-, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, lamentó que "se ha quedado en la puerta de los ayuntamientos", por lo que en los tres años que lleva en vigor "no ha funcionado como sería deseable", dijo.
Según los constructores de la provincia occidental, el "obstruccionismo" de las administraciones -y, en concreto, de las municipales es "el primer problema" de la economía canaria. Para resolverlo, la federación entiende que las declaraciones responsables o las comunicaciones pueden funcionar como "un instrumento rápido y efectivo" y que da "seguridad jurídica" a las empresas. "Hemos pedido a Fernando Clavijo que nos ayude y acabar así como el frentismo político", señaló Izquierdo.
Por su parte, Rosa Dávila recordó que Coalición Canaria se ha sumado al pacto por la reactivación promovido por el Gobierno regional pese a no compartir todos sus contenidos. La diputada nacionalista pidió "concreción" al Ejecutivo mediante la elaboración de decretos leyes donde se plasmen las medidas previstas en el documento. En el trámite de enmiendas, avanzó, CC incorporará sus propuestas y "facilitará el trabajo al Gobierno". Además de la necesidad de simplificar la administración, Dávila insistió en la importancia de "movilizar los recursos de los ayuntamientos", que tienen más de 3.200 millones de euros en los bancos de los que no pueden hacer uso.
