Más de 30 representantes de asociaciones y colectivos sociales, económicos y profesionales, administraciones públicas y grupos políticos han suscrito hoy el Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, que se propone materializar el "derecho constitucional" a tener un techo bajo el que vivir, promover la construcción de casas públicas y evitar los desahucios por la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.
Este acuerdo -fruto de "renuncias y actos de generosidad" por parte de los firmantes, destacó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres- se traducirá en los próximos meses en la aprobación de un plan de vivienda para el Archipiélago. Cumplir los objetivos recogidos en el documento, admitió Torres, no resultará "tarea fácil", pero la suscripción del pacto hace que la meta esté "más cerca".
Por parte de las asociaciones que se han sumado a esta inicitiva habló la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, María Candelaria Delgado, quien resaltó la necesidad de "seguir implementando medidas para que la vivienda sea un derecho fundamental y no un mero activo financiero". Delgado advirtió de que los colectivos sociales no pueden ser el "brazo ejecutor" del plan, sino solo "un engranaje más". "Tienen que hacerlo las administraciones públicas", apuntó. Para ello, demandó que las medidas previstas cuenten con "la adecuada ficha financiera y con recursos no solo económicos, sino también humanos".
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, aseguró que el Archipiélago dispone ahora de "un gran pacto" político y social para favorecer la construcción de viviendas y recordo que el Ejecutivo tiene recursos para levantar alrededor de 2.200 casas en los próximos cuatro años. En Canarias el número de demandantes de vivienda asciende en la actualidad, según los registros administrativos, a 17.000 personas.
