El consejero de Justicia del Gobierno canario, Julio Pérez, mostró ayer su confianza en un juzgado específico para toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife que gestione los expedientes de las llamadas cláusulas suelo, aplicadas por los bancos en las operaciones inmobiliarias, así como para resolver tales asuntos con más agilidad. Y eso a pesar de la acumulación de denuncias que se registra en toda España. Julio Pérez defendió tal planteamiento en la Comisión de Gobernación y Justicia celebrada este martes en el Parlamento autonómico, a raíz de que el diputado de CC-PNC-AHI Jonathan de Felipe planteara la necesidad de que estos casos también sean resueltos por juzgados de Instrucción y Primera Instancia situados en La Palma, La Gomera y El Hierro. De Felipe dijo que en La Palma existe un "colapso" en la resolución de dichos expedientes, ya que existen un millar admitidos a trámite y otros tantos vistos para sentencia.

Desde su punto de vista, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife existe un "caso claro de discriminación" frente a la de Las Palmas, donde también existe un órgano encargado de esos asuntos en Lanzarote. También citó el caso de Menorca, una isla que, a pesar de tener la mitad de población que La Palma, cuenta con dos órganos judiciales para resolver estas causas.

Julio Pérez respondió que "está por ver" si el reparto en varios juzgados permitiría resolver con más agilidad los asuntos, pues esos órganos de Primera Instancia e Instrucción también deben dirimir otros muchos procedimientos de diferentes características. "¿Irá más rápido en un juzgado de La Palma? Pensamos que no", apuntó. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvo para este año la competencia exclusiva de estos asuntos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Laguna. En el cuarto trimestre del 2019 ingresó 683 denuncias, resolvió 1.204 y quedaron pendientes de resolver del acumulado 7.690. Tales datos fueron valorados positivamente por el consejero de Justicia.