Buenas palabras pero todavía lejos de la acción. Esta es la dinámica que parece haber emprendido el Gobierno central sobre la posibilidad de dar mayor margen de financiación de sus servicios a las comunidades autónomas que, como Canarias, tienen las cuentas saneadas y disponen de recursos propios en los bancos gracias al superávit obtenido en sus últimos ejercicios presupuestarios. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió ayer en su mensaje de los últimos días de comprometer una futura flexibilización de la regla de gasto y, con ello, permitir el uso de ese superávit por parte de las autonomías cumplidoras con el objetivo de estabilidad y consolidación fiscal, pero sigue haciéndolo con el freno de mano echado, es decir, sin calendario para su aprobación y aplicación, y advirtiendo de que impondrá condiciones y límites.

Esta es la conclusión que cabe extraer de la explicación que hizo ayer en el Senado en respuesta a un pregunta parlamentaria de la senadora del PNV, María Dolores Etxano, que se interesó por el tema al ser el País Vasco una de las comunidades autónomas que, junto a Canarias, Navarra y Baleares, disponen en estos momentos de superávit y reclaman la relajación de ese límite presupuestario.

Durante su intervención, Montero reconoció que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "incorporó con una cierta simetría el conjunto de reglas fiscales" y que ello "hizo muy rígida una regla de gasto" como limitante efectivo de comunidades autónomas y ayuntamientos "cuando han entrado en situación de superávit". "El compromiso del Gobierno es revisar la implementación de esa regla de gasto para ver qué tipo de conceptos son los que se tienen que incorporar y tener mayor flexibilidad para poder acomodarla al momento del ciclo económico y a las necesidades y circunstancias de cada territorio", afirmó la ministra en su respuesta.

Pero Montero, además de eludir establecer cualquier tipo de horizonte temporal, enseguida quiso poner algunos condicionantes. Así, advirtió de que, en todo caso, "se requiere una herramienta, que puede ser la regla de gasto u otra similar, que haga que las cuentas públicas sean sostenibles en el medio plazo y que no haya una tentación por parte de los gobiernos poner en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas transcurrido un cierto tiempo y volver a situaciones no deseadas de crisis". Una observación que sonó a desconfianza hacia las administraciones territoriales en la gestión de sus actuales ahorros presupuestarios.

La ministra aseguró que su departamento trabaja "en una triple dirección": con la flexibilización de la senda de estabilidad del periodo 2020-2023, con los ayuntamientos, "a través de un grupo de trabajo esa senda de incremento de la regla de gasto en los próximos tres o cuatro años"; y con la Comisión Europea para revisar las reglas fiscales al considerar que "algunas ya no tienen suficiente intensidad", y que otras "no tienen sentido que se sigan monitorizando".