La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) publicó ayer su primer informe de supervisión de la contratación pública en España y, entre sus primeras recomendaciones, figura la necesidad de aprobar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción con un apartado específico relativo a la contratación pública.
Esta es una de las conclusiones extraídas por el nuevo supervisor de la contratación pública, tras solicitar información a las agencias y oficinas dedicadas a la lucha contra la corrupción, tanto a nivel autonómico como local, en relación con las denuncias recibidas en materia de contratación. En este sentido, la OIReScon señala que en materia de prevención y lucha contra la corrupción se requiere una coordinación a nivel nacional que garantice coherencia y uniformidad en las actuaciones en materia de contratación, y reclama potenciar el papel que juega en esta materia.
También destaca la necesidad de crear una base de datos única de contratación pública que reduzca cargas burocráticas a los órganos de contratación y a los licitadores, y minimice el riesgo de información múltiple a los órganos de control. Asimismo, detecta "aspectos susceptibles de mejora" en la publicidad de la contratación. Durante el pasado año 2018 se realizaron en el sector público un total de 119.553 contratos, sin contar la contratación menor.
