Las viviendas vacacionales son parte de la realidad turística canaria desde hace décadas, pero ha sido en los últimos años cuando la actividad ha vivido su particular boom. Al igual que en otros territorios, su auge ha motivado un encendido debate sobre sus pros (democratización de los beneficios del turismo, posibilidad de obtención de rentas para las familias) y contras (contribución al encarecimiento del mercado de alquiler residencial, problemas en la convivencia). El Instituto Canario de Estadística (Istac) ha profundizado en la percepción social de este fenómeno a través de una encuesta que revela un apoyo relativamente amplio a las viviendas turísticas pero también notables diferencias en función de la zona de que se trate. Así, son las comarcas más vinculadas al turismo las que presentan menores niveles de respaldo al alquiler vacacional.

El estudio del organismo estadístico autonómico -incluido en su Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc)- recoge la visión de los ciudadanos acerca de los beneficios de esta actividad en la isla donde viven. Para ello, elabora una escala que va de uno a cinco puntos, de manera que el equilibrio entre opiniones positivas y negativas se sitúa en tres puntos. En ese nivel intermedio se coloca, precisamente, la media canaria, mientras que por debajo de ella solo figuran cuatro zonas: Fuerteventura, con el menor apoyo al alquiler turístico (2,7), Lanzarote (2,8), el sur de Tenerife (2,8) y el sur de Gran Canaria (2,9). Por el contrario, la mayor satisfacción se registra en El Hierro (3,7), La Gomera (3,4) y La Palma (3,3), las islas con menor desarrollo turístico y más escasa planta hotelera, que entienden que esta actividad ha sido beneficiosa para el territorio en el que residen. Los habitantes de las islas verdes parecen hablar con conocimiento de causa, porque también son los que tienen mayor constancia de la presencia de alquiler vacacional en los lugares donde viven. También por encima de la media, y por tanto con altos niveles de respaldo a las viviendas vacacionales, figuran el norte de Tenerife (3,2) y el de Gran Canaria (3,1) y las áreas metropolitanas de estas dos islas (ambas con un 3,1). Los núcleos metropolitanos de Tenerife y Gran Canaria son, asimismo, las zonas donde menos población afirma que en sus barrios existe este tipo de oferta.

No saben o no contestan

Al margen de las disparidades territoriales, las respuestas de los encuestados en el conjunto del Archipiélago apuntan a una cierta igualdad entre los que se declaran de acuerdo con la afirmación de que el alquiler turístico es muy positivo para su isla (35%) y quienes están disconformes con ella (34%). El resto de las contestaciones se divide entre los que no están de acuerdo ni en desacuerdo (22%) y los que no saben o no contestan (9%).

De los resultados del sondeo se deduce que cuatro de cada diez canarios defienden el sector de las viviendas turísticas. En concreto, un 43% dice estar de acuerdo con que se pueda desarrollar este tipo de actividad, en tanto que un 28% se manifiesta contrario a esta idea. Sin embargo, y pese a la opinión mayoritariamente favorable a esta oferta alojativa y al derecho a ejercerla, solo un 30% coincide en que es necesario potenciarla más, mientras que un 37% cree desaconsejable este mayor desarrollo.

La encuesta del Istac evalúa la posición de los ciudadanos sobre los tres impactos del alquiler vacacional: económico, social y cultural. En el primer aspecto, más de la mitad de la población sostiene que la actividad ayuda económicamente a muchas familias. En desacuerdo con esa tesis solo se pronuncia un 22% de los consultados. Son minoría, en cambio, quienes ven en la vivienda turística una fuente de empleo, apenas el 27%, mientras que la proporción de quienes rebaten esa idea asciende al 45%. Un 40% opina que el alquiler destruye puestos de trabajo en los hoteles, frente a un 28% que cree que no lo hace. En relación a los efectos sobre el entorno, el 42% de los encuestados asegura que revitaliza la zona en la que se ubican los alojamientos y un 29% lo niega.

Los costes sociales

Respecto a la visión sobre los costes sociales, el porcentaje de los que ven más inconvenientes que ventajas es, en general, superior al de los que opinan al contrario. Así, un 35% considera que el alquiler no reparte mejor los beneficios del turismo entre la sociedad, frente al 32% que piensa que sí lo hace. Un 34% interpreta que genera un deterioro de la convivencia ciudadana y un 27% se muestra contrario a esa idea.

También son mayoría los que creen que la proliferación de viviendas turísticas expulsa al residente habitual del barrio (44% frente a 24%) y quienes dicen que se pierde tranquilidad y calidad de vida (35% frente a 26%). Una opinión más positiva reciben las afirmaciones de que los frutos que produce el alquiler llegan a bastantes barrios, pueblos y ciudades (un 38% la comparte y un 32% no) y de que favorece que se mantengan viviendas en el barrio y que mejore el estado de este (35% frente a 33%).

Los beneficios culturales son reconocidos por una mayoría de ciudadanos. Un 48% de los consultados entiende que este tipo de alojamientos facilita el intercambio y comprensión de culturas diferentes, en tanto que un 22% no detecta estas ventajas. Para un 51%, además, supone una oportunidad para relacionarse con personas de otros lugares y conocer otras costumbres (un 20% no lo ve así). Un 38% niega que el alquiler cause una pérdida de la identidad y cultura locales, frente a un 25% que sí opina así. También es superior la proporción de los que no creen que esta actividad hace que los propios residentes se sientan como extraños en su isla (41% frente a 25%).