Canarias es la comunidad autónoma más afectada por los descuelgues de convenios colectivos si se atiende al número de trabajadores implicados, 15.907, según el análisis realizado por CCOO de los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo desde 2010 al mes de febrero de 2019.
La secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras, Esther Ortega, ha explicado que en ese periodo 9.673 empresas se apartaron en España del convenio colectivo de su sector, con 348.229 empleados afectados.
En Canarias, fueron 561 descuelgues de convenio, cifra que coloca a las islas en cuarta posición, solo superada por Andalucía, Valencia y Cataluña
La sindicalista ha subrayado que esto datos reflejan el "impacto directo" de la reforma laboral del PP del año 2012, que "amplía los motivos por los que una empresa puede descolgarse" de la aplicación del convenio colectivo sectorial que le afecta.
Ortega ha subrayado que las comisiones 'ad hoc' de las empresas para fijar sus nuevos pactos laborales han sido firmadas por un máximo de tres trabajadores, sin que importe el número de empleados que tenga siempre que se carezca de representación sindical.
En su opinión, el este sistema atenta contra la libertad sindical y perjudica a las plantillas, porque entre patronal y trabajadores no existe equilibrio en las relaciones laborales.
En Canarias, el 70,28 % de los descuelgues de convenio se hizo por la vía de ese tipo de comisiones ad hoc, proporción que sube al 83,94 % en el caso de las empresas con menos de 25 trabajadores y al 92 % en el de las compañías con más de 50 empleados.
Las materias que más se han utilizado en estos descuelgues son las referidas a las condiciones económicas, en Canarias del 98,56 %, 2,5 puntos por encima de la media del país; y si se habla de jornada laboral, la inaplicación de los convenios colectivos ha tenido en las islas un impacto del 6,6 %, cuando la media española llega al 21 %.
Los datos del análisis destaca que el descuelgue de los convenios se disparó entre los años 2012-2014, aunque luego descendió en todas las comunidades menos en Canarias, donde se relanzó en 2017 y 2018, para tener las islas los salarios más bajos del país detrás de Andalucía y Extremadura.
"Los datos nos dicen de forma objetiva es que el articulado anterior de la normativa funcionaba y que, cuando una empresa tenía dificultades, podía acceder igualmente al descuelgue salarial del convenio, pero tenía que justificarlo", ha dicho la sindicalista.
Para Ortega, "ahora mismo no hay ninguna garantía que exista necesidad" y, en cambio, sí hay "una clase trabajadora empobrecida que no llega a cubrir sus necesidades básicas, con los salarios más bajos del Estado, y que es una realidad que hay que atajar".
"Esto no significa que las empresas puedan acceder a herramientas que le permitan subsistir en situaciones adversas, pero con el control y el rigor debido y su justificación como se hacía con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral", ha agregado.
Asimismo, ha subrayado que las empresas que realizan estos descuelgues del convenio colectivo sin justificación suponen una "competencia desleal" para aquellas que si lo cumplen y que, además, afecta a la recaudación de la Administración central.
Por todo ello, Esther Ortega ha abogado por la formación urgente de un Gobierno central "progresista" que vele por la clase trabajadora y acabe con la agresión de las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP), que han afectado a los modelos de las relaciones laborales del país.
