La aplicación en Canarias del certificado de eficiencia energética se ha topado con numerosos problemas desde la misma puesta en marcha de este instrumento, obligatorio para todos aquellos inmuebles -de nueva construcción o ya existentes- destinados a la venta o el alquiler. Aunque algunos de los desajustes que se detectaron inicialmente ya han sido corregidos, persisten elementos que generan distorsiones en los resultados, con los consecuentes efectos sobre las condiciones de confort, y también de salud, de los residentes en las viviendas, el valor de estas y los criterios de concesión de ayudas públicas para su mejora o rehabilitación.

"El certificado energético, tal y como funciona actualmente, no tiene sentido en Canarias", afirma el arquitecto Eduardo Martín del Toro, del grupo de investigación Arquitectura y Paisaje, adscrito a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en un artículo publicado en la revista Informes de la Construcción, que edita el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El autor no propone la eliminación de este documento para las Islas, "todo lo contrario": sugiere darle "una mayor profundidad" e incorporar aspectos que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta.

Los vaivenes a los que ha estado sometida la metodología en la región explican, según Martín del Toro, los resultados, muchas veces "incoherentes", que obtiene la certificación de cada edificio. "Todas estas inexactitudes y cambios sucesivos de las zonas climáticas en el Archipiélago han provocado que el resultado de los certificados energéticos sea incierto y muy diferente en relación a cual sea la hipótesis de zona climática tomada, aumentando la desconfianza de técnicos y sociedad en general", advierte en el artículo. Para aproximarse a estos problemas y proponer soluciones, el arquitecto ha analizado las divergencias que se han apreciado en función de la zonificación asignada a las Islas por la normativa.

El experto concluye que los errores en la zonificación afectan en gran medida a la calificación que pueda obtener un inmueble de nueva ejecución. "Un edificio en el que se haya puesto un gran esfuerzo de proyecto para obtener una alta eficiencia energética puede no serlo tanto, dado que se proyectó bajo una zona climática alejada de la realidad". En el caso de viviendas ya existentes, las distorsiones en la zonificación pueden llevar a proponer obras de mejora que, paradójicamente, conduzcan a unos mayores consumos de energía. "La certificación energética puede premiar soluciones inadecuadas o innecesarias para el clima insular y, en cambio, no valorar otras más sostenibles, generando inmuebles contaminantes con alta calificación energética y, por contra, penalizando inmuebles bioclimáticos de bajas o nulas emisiones de CO2 con una mala calificación energética", expone el autor del artículo publicado por el CSIC.

El trabajo de investigación también ha permitido determinar que el "enormemente extendido" uso de equipos eléctricos de agua caliente sanitaria (ACS) para duchas, baños, lavabos o fregaderos -el 60% de las viviendas cuenta con ellos- contribuyen a una mala calificación energética de los edificios en Canarias debido a su baja eficiencia. En cuanto a la climatización y la calefacción -y pese a la calidad constructiva "bastante mala" que imperó en el Archipiélago hasta la entrada en vigor del código técnico de edificación-, la demanda es "relativamente baja" debido a la benignidad del clima, lo que ha redundado en escasas emisiones de dióxido de carbono (CO2) por este motivo.

A juicio del investigador, la certificación de eficiencia energética debe incorporar -además de la medición de las demandas, consumos y emisiones de un inmueble-, "el nivel de confort interior de las viviendas", de modo que el usuario pueda conocer el grado de comodidad térmica -entendida como ausencia de malestar térmico- que puede obtenerse en el interior de su casa y las medidas para mejorarlo. Propone también que el documento detalle las afecciones asociadas a las causas que provocan la falta de confort; por ejemplo, que indique si, en el caso de que la temperatura en verano esté por encima de la admisible, puede dar lugar a deshidratación, calambres, arritmias...

El autor plantea, así, que conviene enriquecer el certificado con datos que permitan anticipar las situaciones de "disconfort" que puedan surgir en el inmueble, sus consecuencias para la salud y las medidas necesarias para prevenirlas. "Este sería -concluye- un nuevo, y muy relevante- dato comparativo cara a la elección de un inmueble en caso de compra o alquiler, así como una base de información importantísima para la concesión de ayudas o el impulso de actuaciones de rehabilitación por parte de la Administración".