Una sentencia "pionera en Canarias y España" ha consolidado el derecho de las madres que trabajan en las grandes superficies a disponer de un horario adaptado para cuidar a sus hijos menores de 12 años. El fallo judicial -dictado por el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife y que ya ha adquirido firmeza- ha sido promovido por el sindicato CSIF, que destaca, entre sus efectos, el que las empleadas puedan ejercer "sin miedo" un derecho que, pese a estar recogido en el convenio colectivo del sector, no siempre les resultaba sencillo disfrutar.
La demanda de una empleada de la tienda de Leroy Merlin en La Laguna ha derivado en una decisión que no solo atiende su petición de contar con un horario fijo en turno de mañana para poder ocuparse de su hija, menor de doce años, sino que "también tiene en cuenta el derecho del padre", también trabajador de la empresa, explica Cristo Llurda, abogado del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), que ha llevado el caso. La jueza ha vinculado los horarios de ambos progenitores y ha entendido, subraya el letrado, que "la familia la componen el padre y la madre junto a la menor".
Esta vinculación de los derechos de los dos progenitores se plasma en la negativa de la jueza de dictar un "horario espejo" para ambos, de manera que no coincidan. Por el contrario, opta porque haya semanas en las que disfruten juntos de su hija.
La inclusión en el Estatuto de los Trabajadores y en el propio convenio colectivo de las grandes superficies comerciales del derecho a acceder a horarios adaptados a la situación de maternidad y paternidad ha convertido en "más habituales" estas situaciones, indica Llurda, que, no obstante, puntualiza que "muchos padres tienen miedo" de solicitarlas.
En el caso objeto de esta sentencia, la empresa no discutía la concesión de un horario adaptado para la trabajadora, pero sí la forma en que este debía concretarse. A juicio del establecimiento comercial, la exclusión total de la prestación del servicio en los turnos de tarde para la empleada no se ajustaba a "los términos legales" y no era "factible desde el punto de vista organizativo", al producirse la mayor la afluencia de clientes a la tienda entre las 18:00 y las 20:30 horas.
Según la jueza, sin embargo, este último hecho no supone una causa que justifique la denegación de la solicitud. De hecho, constata que en el departamento en el que trabaja la demandante hay tres trabajadoras con el turno fijo de mañana y llegaron a ser hasta cinco, "sin que se haya revelado la existencia de perjuicio alguno para la empresa ni de problemas en su organización".
De esta manera, mientras que la demandante "ha acreditado el hecho nuclear determinante" -la condición de madre de una hija menor de doce años-, la gran superficie no ha hecho lo propio en relación a la "imposibilidad para organizarse" si atiende las pretensiones de la trabajadora, lo que se traduce en que la sentencia haya sido favorable a los intereses de la primera.
El ICI aboga por dar pasos hacia la corresponsabilidad
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Mónica Fumero, recibió ayer como "una buena noticia" que sentencias como la dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife reconozcan el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral en las mejores condiciones para los trabajadores. Fumero calificó de "lacra social" que "todavía hoy" sean las mujeres las que asuman estas cargas.
"Las mujeres tenemos un doble trabajo. Hemos conseguido insertarnos en la vida laboral, tener un trabajo para conseguir independencia económica, pero luego llegamos a casa y, si tenemos criaturas, somos las que llevamos la mayor carga de los cuidados", expone la directora del ICI. Según Fumero, "mientras la conciliación no se lleve en corresponsabilidad es necesario velar por los derechos de las personas más vulnerables y, en el caso de las familias, por las mujeres".
Mientras que en el sector público "se tiene en cuenta la corresponsabilidad y se vela por ella", en las empresas privadas el camino por recorrer es más largo, aunque "se empieza a tener en cuenta", mediante medidas de flexibilidad horaria o reducciones de jornada, constata la responsable del organismo adscrito a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno.
