Pepe Álvarez, secretario general de UGT desde 2016, llega a Canarias el día después de que se confirme la nueva convocatoria de elecciones generales. No oculta su frustración, pero prefiere mirar hacia el futuro. Gobierne quien gobierne, avisa, el sindicato redoblará sus reivindicaciones con el objetivo de que la contratación laboral en España "vuelva a la normalidad".

Vamos a las cuartas elecciones generales en cuatro años. ¿Cómo se siente?

Hay una sensación de frustración general en la izquierda. En el Parlamento hay una mayoría de izquierdas muy clara, aunque en la izquierda siempre es más complejo ponerse de acuerdo. Los intereses económicos hacen que la derecha sume de manera inmediata. Pero no me gusta mucho llorar por la leche derramada. Hay que convertir la frustración en ilusión y ánimo. Los que han vivido muy bien y viven muy bien después de la crisis no van a desilusionarse, sino que ven una oportunidad. Vamos a mantener intactas nuestras reivindicaciones, e incluso a aumentarlas. Vamos a plantear la derogación de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones...

¿Todavía cree posible derogar la reforma laboral?

Lo va a ser. No es posible hacerlo de otra manera. El nuevo Estatuto de los Trabajadores está muy bien, pero antes tenemos que llegar a un acuerdo de derogación de las reformas laborales. Haya la mayoría que haya, vamos a iniciar, cuando haya un nuevo Parlamento, un proceso de movilizaciones si no se atienden estas demandas. Las reformas laborales han convertido el mercado laboral en un cesto lleno de agujeros. Ya estamos en tasas de empleo fijo a jornada completa de en torno al 60%. La bajada es brutal. Nunca habíamos estado por debajo del 80%.

¿Manda señales el PSOE de querer acceder a esa aspiración?

Tengo que fiarme de la palabra del presidente. Es evidente que ha habido ministras que si se hubieran callado no habría pasado nada. El PSOE, o incluso otros sindicatos, hablan de derogación de los elementos más dañinos. Nosotros no lo hacemos porque no vamos a entrar a negociar ya con rebajas.

¿Pero cuáles serían los aspectos fundamentales?

Todo el capítulo referido al despido, las causas, la autorización... Hay que hablar a fondo de cómo acabar con esta situación de contratación por días, por horas, por minutos casi. La contratación tiene que volver a una situación de normalidad. Tenemos que poner medidas para que se penalice a los empresarios que la usan de manera fraudulenta. No hay ningún país en la UE con una legislación tan laxa.

¿Hemos apostado por competir en costes laborales?

Es evidente, pero también hemos apostado en el sector servicios por competir no con alta calidad, sino con calidad media, y en algunos casos baja. La digitalización es una necesidad imperiosa. Tenemos que dejar de medir la bondad del año turístico en función de la cantidad de gente que nos visita.

¿En Canarias también es una necesidad?

En algunas zonas. En todo caso, si Canarias quiere ser un paraíso debe tener límites a la entrada de personas. Canarias está en un punto perfecto para dar ese giro hacia la calidad, y puede que en algunos sitios ya pase.

¿Animaría al Gobierno canario a aplicar una tasa turística?

Sin ninguna duda. Hay muchas zonas en nuestro país que tienen que plantear tasas turísticas, por cierto, de una cierta envergadura, no tan simbólicas.

¿Un euro por noche no es suficiente?

Un euro la noche me parece de las bajitas. No va a dejar de venir gente. En Barcelona se ha aplicado la tasa y al principio provocó un cisma con los hoteleros. No lo hacen por el euro, sino para no tener que declarar todos los turistas que entran en sus hoteles. El euro no representa ningún problema, y si pusieran tres, cuatro o cinco tampoco lo sería. Animo al Gobierno canario a que, con prudencia, con tranquilidad, pensando en que no todas las islas son iguales, empiece a desarrollar políticas que tiendan hacia la calidad.

¿Cómo se explica que en Canarias haya más gente trabajando que nunca y el paro llegue al 21%?

Eso solo tiene una explicación. La economía sumergida es altísima. El Gobierno canario y el del Estado tienen que trabajar a fondo para acabar con ella. Es parte del problema que arrastra el sector turístico, no solo en Canarias. Pero el Gobierno también tiene que buscar una cierta diversificación.

¿Ha influido la subida del salario mínimo en la desaceleración del empleo, como sostienen algunos sectores empresariales?

Eso es una solemne tontería, y ellos lo saben perfectamente. La subida del salario mínimo activa el consumo interno, que es un colchoncito en este periodo de ralentización económica. Hay tantos gurús que dijeron que lo del salario mínimo iba a ser una ruina que ahora les cuesta mucho reconocer que se han equivocado. Que no se asusten, porque en 2020 vamos a trabajar por que sea de mil euros. Los empresarios habían firmado un acuerdo con nosotros.

Pero era progresivo.

Pero el año que viene alcanzaba los 1.000 euros. Entonces, ¿por qué se asustan? Esto forma parte de una campaña miserable e indigna de gente que gana mucho y no se da cuenta de que mucha gente duerme en Madrid o Barcelona debajo de cartones y por la mañana se va a trabajar por una mierda de salario que no le da ni para pagar una habitación decente.

¿Cómo está funcionando la implantación del registro horario?

Mal. El decreto no ha sido previamente acordado. Los empresarios no han querido negociar en los convenios colectivos su aplicación porque pensaban que iba a haber un gobierno de derechas que diera marcha atrás y, finalmente, tenemos una inspección de trabajo con muy pocos medios. Pero que les entre en la cabeza que el registro horario es el gran instrumento para acabar con la contratación fraudulenta. Cada vez que voy a un restaurante tengo que escuchar al camarero preguntarme qué vamos a hacer los sindicatos y contarme que sabe cuándo entra pero nunca cuándo sale. Esa es la realidad que se vive en el país y, por desgracia, no hemos conseguido darle la vuelta.

Nadie ha actuado “de mala fe” en Fundescan

Por primera vez en sus tres años y medio al frente de UGT, Pepe Álvarez se pronuncia sobre el caso Fundescan, que ha llevado ante los tribunales a más de 20 personas, entre ellas algunos antiguos altos cargos de la organización en Canarias, por el presunto desvío de fondos de formación para financiar el sindicato en el Archipiélago. Aunque asegura no tener "conocimiento suficiente" para emitir "una opinión concluyente", Álvarez se muestra seguro de que ninguno de los implicados actuó "de mala fe". También está convencido de que "no hay nadie que se haya llevado un euro a su casa".

No obstante, el dirigente sindical defiende que UGT "ha hecho todo lo posible para que la Justicia pueda actuar" y destaca que, "como organización, está exonerada de responsabilidad", si bien reconoce que los jueces han cuestionado la gestión y administración que se llevó a cabo en su momento (los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2007 y 2009). "Cada cual debe hacer frente a sus responsabilidades, como yo haré frente a las responsabilidades que tenga si hago las cosas mal", añade Pepe Álvarez. La falta de seguridad jurídica que, a juicio del secretario general del sindicato, rodea la justificación de las acciones formativas ha llevado a UGT a renunciar a la actividad de formación de trabajadores.