21 de mayo de 2019
21.05.2019

El Estado salva los contratos por discapacidad previos a noviembre

Empleo aclara que los nuevos trabajadores deberán obtener la calificación de discapacidad establecida por el Tribunal Supremo a través de un Centro Base

21.05.2019 | 06:24
Dos perros guías de un ciudadano con discapacidad visual.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha determinado que los trabajadores con discapacidad contratados antes de noviembre del año pasado conserven la calificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esa aclaración de la agencia nacional, a requerimiento del Servicio Canario de Empleo (SCE), determina que el personal con discapacidad ya contratado no se verá afectado por una sentencia del Tribunal Supremo -en la que estipulaba que la incapacidad laboral permanente no puede equivaler, en todos los casos, a una discapacidad- y podrá recibir las subvenciones que gestiona el Gobierno de Canarias.

El fallo judicial, de noviembre de 2018, establecía que las asimilaciones realizadas en los certificados de las personas en incapacidad laboral sin grado mínimo del 33% no eran válidas, por lo que ya no podrían competir en el acceso a plazas de empleo reservadas para personas con discapacidad y tampoco podrían ser contratadas en puestos de trabajo protegido. Con la resolución del Supremo en la mano, las comunidades autónomas optaron por rechazar las calificaciones anteriores despachadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y solicitar un nuevo certificado, a tramitar en un Centro Base, para dar validez a las subvenciones relacionadas con los contratos de personas con discapacidad.

El dictamen del Servicio Público de Empleo Estatal aclara que "aquellos trabajadores ya contratados en los Centros Especiales de Empleo con el criterio previo no se verán afectados y conservan su consideración de discapacitados a los efectos de las subvenciones que tramita el SCE". Esta interpretación también es de aplicación a la hora de computar el mínimo del 70% de trabajadores discapacitados en la plantilla en los Centros Especiales de Empleo. "Otra cosa", explica la resolución de la agencia estatal, "sería respecto a la incorporación de nuevos trabajadores, que solo podrían tener la calificación de discapacitados respecto al criterio establecido por el Tribunal Supremo, esto es, a través de la certificación de un Centro Base".

Esa obligación, requerida por el SCE desde que decidió aplicar la sentencia del Supremo, se ha topado con un problema burocrático en las Islas: las amplias listas de espera en los propios Centros Base. En la información recibida desde el Servicio Público de Empleo Estatal se anuncia, además, que ha de iniciarse la modificación legislativa que se estime más oportuna para que eliminar cualquier dualidad de la certificación de discapacidad y restablecer un marco sencillo y claro de amparo, respetando la normativa y el ordenamiento jurídico.

El Gobierno canario, a través del Servicio Canario de Empleo, gestiona subvenciones por un total de nueve millones de euros, para el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, y ya había comenzado a liquidar las subvenciones de los primeros meses del año 2019 -según apunta el?SCE-, circunstancia poco común entre el resto de las comunidades autónomas que llevan mayor retraso y que, por tanto, aún no se han encontrado con el problema. Aún así, y con la información de certificación de discapacidad que se tiene, se estaba liquidando a la gran mayoría de los Centros Especiales de Empleo de Canarias, aunque el informe del Servicio Público de Empleo Estatal era vital para proceder a normalizar la situación, como así ha ocurrido.

Esta nueva premisa legal, que fue puesta en conocimiento del Servicio Canario de Empleo por algunos Centros Especiales de Empleo en enero, planteaba una situación muy delicada pues afecta especialmente a los trabajadores que tenían su consideración de discapacidad a través de la incapacidad permanente, que le otorgaba directamente un grado de discapacidad del 33%. Con las instrucciones recibidas hoy desde el Servicio Público de Empleo Estatal, se normalizará la situación completamente en las próximas semanas.

El año pasado, en Canarias se firmaron 4.358 contratos a profesionales con discapacidad, un 11,7 % más que en 2017. Esa cifra fue la más elevada de la década en las Islas. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que las empresas, ya sean públicas o privadas, con más de 50 trabajadores, están obligadas a disponer de una cuota de reserva de personas con discapacidad del 2% del total de sus trabajadores.

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