Los benditos desacuerdos de las democracias simulativas

Como son sus señorías. El primer día del pleno, el pasado martes, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, detuvo la sesión plenaria sobre las dos de la tarde y anunció que se reanudaría a las cuatro en punto. Algunos arrugaron el ceño, pero la presidenta fue inflexible. A las cuatro y diez el pleno no había comenzado y en el salón solo se contaban alrededor de 25 de los 70 diputados. La presidenta hubiera comenzado de buena gana –los diputados son fieras mansas, pero que hay que domar– pero de toda la Mesa de la Cámara solo ella estaba presente y, según el reglamento, para desarrollar una sesión plenaria deben estar presentes al menos dos de los miembros del órgano de gobierno parlamentario. Ana Oramas había excusado su presencia, pero los otros tres, quizás, habían alargado el almuerzo. Por fin llegó Mario Cabrera, un must que lleva ya media vida en el escaño, y la sesión pudo reanudarse al borde de las cuatro y veinte. Pero hasta bien pasadas las cinco no se registró una sólida mayoría de escaños cubiertos. Cada vez que llegaba un nuevo grupito crecían los rumores durante algunos minutos. Más o menos lo de siempre.

Hubo de todo. Cuando uno lleva viendo durante lustros sesiones parlamentarias percibe –y es una percepción cada vez más sólida y contrastada– que las posiciones entre gobierno y oposición no suelen ser insuperables y estructuralmente distintas, pero el mercado democrático –en especial en las democracias simulativas del siglo XXI– exige que los productos sean distintos, muy distintos, incluso dramáticamente distintos. Más del 80% de las fuerzas políticas y de los representantes en las asambleas legislativas comparten en lo sustancial diagnósticos y propuestas, pero deben simular lo contrario. Se nota mucho en casos como la comparecencia del responsable de Política Territorial y Aguas, el señor Manuel Miranda, uno de los consejeros, por cierto, mejor tratado por la oposición. Todos los grupos están de acuerdo en que las redes de distribución son desastrosas, con pérdidas que en algunas comarcas superan el 40%, que la falta de planificación en la gestión hidráulica en el último cuarto de siglo ha sido completa y patética, que es urgente aumentar los recursos económicos disponibles para superar la obsolescencia de las infraestructuras y contener al menos la crisis hídrica. Esta semana se han aprobado 20 millones en créditos por el Gobierno para afrontar siete grandes obras en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria. Miranda estuvo de acuerdo en que era insuficiente, pero aseguró también que aumentaría la inversión. Si existe tal grado de acuerdo, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Qué diablos estuvo haciendo el incansable José Antonio Valbuena en materia de aguas durante cuatro años?

Debates estériles, penosos torneos de retórica gansa, torpeza elevada a la condición de una de las bellas artes. Los socialistas se empecinaron en que tramitar un proyecto de ley para regular el uso turístico de viviendas había causado una suerte de «efecto llamada» y acelerado las solicitudes de licencia. La consejera de Turismo, Jessica de León, desmintió con cifras tal efecto pero es que, además, ¿la oposición pretende que se tramite un proyecto legislativo en secreto para que no se entere nadie? Es una forma estúpida e insolvente de ocultar que el Ejecutivo busca construir una normativa sobre la base del diálogo y poniéndola en consulta pública. De León, por cierto, informó de que un tercio de las alegaciones y preguntas presentadas y admitidas ya han sido clasificadas.

Luego están las comparecencias y proposiciones no de ley ahogadas por el sentimentalismo. El sentimentalismo tiene un gran predicamento en el Parlamento de Canarias, como en todas las asambleas contemporáneas. Solicitar un aumento de inversión para la investigación de patologías infrecuentes, aunque tu partido sea corresponsable de los vigentes presupuestos de la Comunidad autonómica, como hizo la diputada del PP Rebeca Paniagua, o reclamar mayor atención sanitaria y sociosanitaria para la salud mental, con una joven diputada conservadora contando los padecimientos de su padre, lo que le valió la felicitación de todos los grupos parlamentarios. Cosas así. Finalmente, y sin que se produjeran sorpresa, la proposición de ley de iniciativa popular para modificar la ley de Turismo y no castigue a los propietarios de inmuebles que viven en zonas turísticas. La presidenta de la Plataforma de Afectados por la ley Turística, Isabel Doreste, defendió vigorosamente las bases de su propuesta, pero la mayoría parlamentaria rechazó tomarla en consideración, en definitiva, por considerar que era técnicamente defectuosa y, además, tal y como se presentaba, casi alérgica al debate con todos los agentes del sector turístico. El PSOE se quedó solo defendiendo aceptar la tramitación de la proposición de ley. La socialista Nayra Alemán, entre estupefacta e irritada, insistió en que no se puede despachar una iniciativa legislativa popular en tres minutos. No le faltaba la razón. En esa materia la coincidencia de fondo y forma es curiosamente pujante. Pero todos los grandes partidos (incluido el suyo) lo han hecho en el pasado y lo volvieron a hacer ayer.

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