«No somos ‘okupas’ sino precaristas»

Trece familias con más de 20 menores litigan con el Sareb para que las deje quedarse en el edificio ‘La Ilusión’, en Telde, que ocuparon y arreglaron desde 2017

Vecinas del edificio 'La Ilusión', en Telde

Vecinas del edificio 'La Ilusión', en Telde / Juan Carlos Castro

«No somos okupas, somos precaristas», defienden las vecinas de la comunidad La Ilusión, en Telde, un edificio inacabado por la crisis en 2008 y ocupado por 13 familias y más de 20 menores en situación de precariedad. Su historia empezó a escribirse en 2017 durante una asamblea convocada por el Sindicato de Inquilinas de Canarias en el parque San Telmo, en la capital grancanaria, a la que asistieron familias desahuciadas o mujeres que habían sufrido malos tratos y con hijos, y no tenían dónde vivir.

Entonces, una mujer que se identificó como propietaria del edificio, embargado por los bancos por la crisis de 2008, ofreció las llaves a esas familias a cambio de que lo cuidaran. Llevaba diez años cerrado y se estaban metiendo a robar todo lo que fuera posible, como grifería o electricidad, o se usaba para el consumo de drogas. Ellas, la mayoría mujeres, entraron con sus llaves a poner orden, y se encontraron, según Nieves, con goteras, baños desvalijados, sin enchufes y evidentemente sin agua ni luz ni conexión al alcantarillado.

Las familias han hecho una piña en estos siete años y han arreglado, poco a poco, lo básico para vivir con dignidad: tienen luz por una conexión de cables, pero el agua se la llevan en cubas cada semana rellenando unos depósitos. Gastan poco para que les dure, cuentan. Pero, no tienen conexión al alcantarillado, con lo que se turnan para vaciar la fosa de aguas residuales del edificio de forma manual, aunque están organizados. Con una bomba extraen los desechos y los vierten a través de una tubería en la alcantarilla a mitad de la calle.

Y eso se hace una o dos veces por semanas, con malos olores y «los gases» que desprenden, afirman. Todas piden que, «por favor», les den esa conexión al alcantarillado y, mientras les llega una casa «digna» porque forman parte de la lista de demandantes de vivienda, puedan vivir con dignidad.

Esta semana, el Sindicato de Inquilinas de Canarias denunciaba que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (Sareb) solicitó al juez el desahucio de estas trece familias que residen en el edificio La Ilusión incumpliendo así, según el sindicato, la promesa arrancada a la entidad hace tres meses de no iniciar el procedimiento y encontrar una solución alternativa. Ya son cuatro intentos de desahucio.

Concretamente, fue en los años 2018, 2019, 2021 y 2023, en los que la comunidad, con el apoyo del sindicato y la FAC (Federación Anarquista de Gran Canaria) «siempre logró parar los procedimientos, arrancando a su vez el compromiso de la entidad y de las distintas administraciones para lograr una solución para las familias», indican. Los inquilinos tuvieron una reunión con el Instituto Canario de la Vivienda, al que le pidieron que comprara esta promoción inacabada, en línea con los anuncios del Gobierno de adquirir inmuebles que se quedaron sin finalizar por la crisis del 2008.

Además, se reunieron con el alcalde de Tele, Juan Antonio, Peña. Por ahora, esperan seguir un año más en las viviendas por la prórroga del Gobierno central para familias vulnerables. Los niños van al colegio, aunque a  veces los llaman «okupas», dice una de las madres indignada. «No somos okupas, somos precaristas», enfatiza, y todas trabajan temporalmente en lo que les salga, porque quieren trabajar y pagar un alquiler social.