El tinerfeño Héctor Gómez será el embajador permanente de España ante la ONU

Torres se lleva a Antonio Olivera como director de su gabinete para coordinar al Comisionado de La Palma y hacer el seguimiento de los «acuerdos territoriales»

El ex ministro Héctor Gómez en una imagen de archivo.

El ex ministro Héctor Gómez en una imagen de archivo. / EFE

Salvador Lachica

Salvador Lachica

El tinerfeño Héctor Gómez, exministro de Industria, Comercio y Turismo, ha sido nombrado por el Consejo de Ministros como embajador en Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Gómez es uno de los más fieles apoyos del presidente Pedro Sánchez desde que en 2014 asumió la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, cuando éste se vio forzado a dimitir como máximo líder de los socialistas y renunciar a su acta de diputado en 2016 durante la más profunda crisis interna que vivieron los socialistas en 40 años al ser contrario a posibilitar con una abstención la investidura de Mariano Rajoy. El tinerfeño transitó con Sánchez por ese desierto y estuvo a su lado en la batalla de las primarias contra Susana Díaz y Patxi López en las que el actual presidente recuperó la Secretaría general del PSOE.

Esa fidelidad fue la que llevó a Sánchez a darle la portavocía del Grupo Parlamentario en 2021 y, con posterioridad, nombrarle ministro este mismo año. Aunque el mayor tiempo estuvo en funciones, su paso por el Ministerio ha sido bien considerado por los sectores implicados en esa cartera.

El PSOE canario insiste en que Luis Ibarra debe tener un puesto político de gran relevancia

Se inició en la actividad política como concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife) y después fue elegido diputado autonómico en el Parlamento de Canarias en 2015 hasta su nombramiento como director general de Turespaña en 2018.

En las Elecciones de 2019 fue elegido diputado por Santa Cruz de Tenerife, acta que revalidó el pasado mes de junio, y ha sido portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, jefe de delegación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Por otra parte, Antonio Olivera no ha asumido una Secretaría de Estado, como habían aventurado desde el PSOE canario durante semanas, pero sí fue nombrado por el Consejo de Ministros, director del gabinete del titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, «con altas responsabilidades».

El majorero Gustavo Santana es nombrado nuevo director general de la Marina Mercante

Quien fuera mano derecha de Torres cuando éste ocupó la Presidencia de Canarias con el pacto de las flores, volverá a serlo ahora en Madrid con el objetivo tanto de coordinar al equipo el Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma como en «el seguimiento de los acuerdos territoriales en el ámbito del Ministerio».

El nombramiento de Olivera se debe, según fuentes cercanas al ministro, al incontestable hecho de que es de «la más absoluta confianza» de Torres «y un gestor imprescindible en el equipo» del actual ministro, ya que éste «necesita a alguien con capacidad de gestión para temas trascendentales» que se abordarán en el Ministerio.

Además, Olivera forma parte de la dirección regional del PSOE canario, ya que ostenta el cargo de responsable del área de Gestión Pública y Relaciones con la Administración, por lo que Torres mantiene su estrategia de rodearse de su propio núcleo duro orgánico y construir un puente de comunicación directa entre el partido en Canarias y el Ministerio en Madrid.

Nacido en Tenerife 1976, el que fue viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias la pasada legislatura es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el Diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria de Europa y el Máster en Economía Aplicada del Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

La cuota canaria parece haber quedado cerrada en el Ministerio de Torres con este último nombramiento, que se une al de la tinerfeña Berta Pérez como subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, además de que la exvicepresidenta del Cabildo de Tenerife en el pasado mandato cumple con el requisito sugerido desde el propio equipo de La Moncloa de incrementar la presencia de mujeres en los cargos ministeriales de segundo y tercer nivel.

No obstante, los socialistas isleños consideran necesario que el presidente Sánchez, tras reubicar al exministro Gómez como embajador ante la ONU y el nombramiento de Olivera en el Ministerio de Política Territorial, debe buscar un puesto político de relevancia para el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, para quien se pide la presidencia de Puertos del Estado.

Desde el PSOE canario se recuerda que ya Ibarra fue sacrificado en 2019, cuando pudo ser presidente del Cabildo de Gran Canaria pero el propio Torres, respaldado por la dirección regional, decidió dársela a Antonio Morales para asegurar el pacto de las flores. Además, su buena gestión en la Autoridad Portuaria de Las Palmas es considerada desde el PSOE canario como una buena carta de presentación para estar al frente del organismo que tiene atribuida la política del sistema portuario público español.

Los nombramientos de Gómez y Olivera se completan con el del majorero Gustavo Santana, exviceconsejero de Transportes del Gobierno de Canarias, como nuevo director general de la Marina Mercante. Nacido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) en 1973, Santana es licenciado en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Mecánico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y también fue vicepresidente y director gerente del Ente Público Puertos Canarios.

Los nombramientos de Gómez, Olivera y Santana han sido recibidos con la cautela habitual tanto en la Presidencia del Gobierno como en los dos principales partidos del cuatripartito que lo sustentan, CC y PP.

En el entorno del presidente Fernando Clavijo se insiste en que siempre es bien recibida la noticia de que cualquier canario tenga responsabilidades de Estado, pero a la vez recuerdan que ello no significa que «se rebajen nuestras exigencias a la hora de defender el interés general de la Comunidad Autónoma».