Pablo Rodríguez: «El decreto de traspaso de Costas es un bluff que incumple el Estatuto»

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha asumido en esta legislatura las competencias en gestión del litoral tras el traspaso negociado en el pasado mandato entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el consejero del área, Pablo Rodríguez, critica el decreto de transferencias que entró en vigor el pasado 1 de enero al considerarlo un «bluff», con un contenido «descafeinado» que «incumple el Estatuto de Autonomía». El titular del área asegura que el texto acordado por las dos administraciones tiene que mejorarse para que se cumpla el Estatuto, que otorga «en exclusiva» las competencias en costas a la Comunidad Autónoma.

Rodríguez Valido mencionó indirectamente al nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que en su etapa de presidente del Gobierno canario fue en la que se negoció el traspaso y ahora será el que asumirá por parte del Gobierno central la renegociación que pretende el Gobierno regional. El consejero no se refirió en su intervención de ayer a la opción de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, vía abierta por el Ejecutivo anterior de Torres y que el actual pacto no ha descartado, aunque primero quiere explorar la vía negociadora al tener a Torres al frente del Ministerio encargado de las relaciones con las comunidades autónomas.

Cuestionado sobre las competencias del Gobierno regional en el dominio público marítimo terrestre, Rodríguez Valido indicó que el decreto de traspaso otorga a Canarias las concesiones en el litoral, si bien al tratarse de un texto «light» está al albur del criterio del Estado en función de la concesión que sea, ya que el Gobierno central mantiene la titularidad sobre el dominio público costero. «El Estado ni siquiera cumple con el decreto», criticó, por ello el Ejecutivo regional quiere negociar en la comisión mixta de transferencias las dudas que existen sobre el traspaso para después poder planificar y ofrecer «seguridad jurídica» a los concesionarios en el litoral.

Uno de los asuntos que han suscitado más polémica desde que Canarias asumió Costas el 1 de enero de este año es el de la situación de los expedientes de los dos hoteles de la cadena Riu en Corralejo, sujetos a la caducidad de la concesión y con problemas también en el intento de reforma de uno de ellos, que el Ministerio de Transición Ecológica considera que se excede del título de la concesión.

Suscríbete para seguir leyendo