El Parlamento no apoyará la amnistía pero no se cierra a mejorar el modelo territorial

El Grupo Popular del Parlamento de Canarias registró el pasado 18 de septiembre una iniciativa para que la Cámara regional se moje sobre la amnistía a los participantes en el proceso de desconexión de Cataluña con España que culminaron en la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017.

Concretamente, los conservadores canarios piden que el Parlamento rechace “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado de cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”. El argumento de los conservadores, como reza la exposición de motivos, y afirman en sus disertaciones públicas, es claro: “el precio de la Presidencia no sería exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo”.

Si tal iniciativa se llega a debatir -aún no ha pasado a la Mesa de la Cámara para distribuirla a una sesión plenaria concreta- las distintas declaraciones de los principales dirigentes de los partidos que se sientan en la sede de la calle Teobaldo Power indican que el Legislativo canario se mostrará contrario a la medida de gracia.

La mayoría que sustenta al Gobierno que preside Fernando Clavijo -CC, PP, ASG y AHI- está en contra de la amnistía pese a que los nacionalistas en las últimas horas han desligado la misma de su apoyo a la investidura y solamente el PSOE y NC la apoyan sin ambages, por lo que la iniciativa de los conservadores saldrá adelante cuando se debata en el pleno del Parlamento.

Barragán afirma que CC se abre a hablar de «potenciar las singularidades» de cada autonomía

Pero aunque la futura Ley de amnistía lo opaca todo, incluida la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias, hay otra derivada política en las negociaciones para armar la elección de Sánchez como presidente y garantizar una legislatura larga que está pasando desapercibida: profundizar en un nuevo modelo de la España de las autonomías.

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, aseguró a finales de septiembre que «ha sido imposible en los últimos veinte años poder hablar del modelo territorial del Estado, ha sido imposible abrir el más mínimo debate sobre el reconocimiento nacional de Euskadi o de Cataluña; ha llegado la hora de hacerlo, con prudencia pero con valentía». Previamente en agosto, con la resaca de las elecciones que evidenciaron que el conservador Alberto Núñez Feijóo no iba a poder formar gobierno, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, adelantó que un hipotético pacto de investidura y legislatura con el PSOE debería incluir un nuevo "modelo territorial del Estado" que abordara el encaje de Euskadi.

A estas dos voces autorizadas de un partido tradicionalmente socio de CC -concurren juntos a las elecciones europeas, y lo harán también en las del próximo año- se unió recientemente la de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, cuando dijo que si el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno logra ser investido y se inicia una nueva legislatura, "se abrirá el debate sobre el modelo territorial" del Estado.

Un nuevo modelo de país

Sobre este segundo asunto de gran calado político y trascendental para el Estado, la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias cambia respecto a la amnistía. Aunque con matices, tanto CC como el PSOE y NC -47 de los 70 diputados- están dispuestos a negociar un nuevo modelo territorial.

“Si no se trata de construir comunidades de primera y de segunda y lo que se pretende es potenciar las singularidades de cada territorio, nosotros estaríamos ahí para hablar de ello y podría haber una posibilidad de acuerdo”, defiende el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán.

El portavoz nacionalista no cree que “en estos momentos haya consenso político en el país para abordar una reforma del Título VIII de la Constitución” -referido a la organización territorial del Estado- pero sí, como deslizaron los dirigentes del PNV, para “una mejora del modelo autonómico sin necesidad de tocar la Carta Magna”.

Por lo que respecta al PSOE, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario y secretaria de Organización del PSOE, Nira Fierro, defiende que su partido “profundiza día a día en mejorar el modelo de país, reconociendo los hechos diferenciales de cada comunidad autónoma y favoreciendo la cogobernanza y las decisiones compartidas”.

“Sabemos reconocer la diversidad territorial y nunca hemos estado cerrados a potenciarla; no defendemos el café para todos y sí un debate permanente para mejorar el modelo, con decisiones que no han roto España ni la romperán”, insistió Fierro.

Los nacionalistas de izquierda, como CC, no creen que “se den las condiciones ni los números para una mayoría cualificada que haga cambios en el Título VIII de la Constitución” pero sí consideran, como asegura su portavoz Luis Campos, “muy interesante abordar la reforma del actual marco territorial hacia un federalismo asimétrico”.

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