Cabildos y ayuntamientos gastan en sueldos un 26% más que antes de la covid y la inflación

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los primeros datos sobre la liquidación de los presupuestos de 2022 de las entidades locales y sobre las previsiones de gastos e ingresos para 2023. La principal conclusión en el caso de Canarias es que los cabildos y ayuntamientos gastan cada vez más en sí mismos, es decir, en sus plantillas y en el mantenimiento de su entramado administrativo, en detrimento de una inversión que, 16 años después, sigue por debajo de las cifras de antes del crac de 2007. En 2023, las corporaciones insulares y municipales de la Comunidad Autónoma desembolsarán 1.553,8 millones de euros para pagar las nóminas de sus funcionarios, personal laboral, eventuales y altos cargos, esto es, presidentes, alcaldes, consejeros, concejales... Es un 26% más que en 2019, el último ejercicio antes de la doble crisis de la covid y la inflación. Con todo, hay algo aún más revelador: la Administración local del Archipiélago invertirá este año 839,7 millones de euros, 118,3 millones menos que en 2007; sin embargo, gastará en personal 441,7 millones de euros más que entonces, un 40% más.

Las entidades locales isleñas manejan este ejercicio, en conjunto, un presupuesto de gastos de 5.261 millones de euros. En 2019, el último año de relativa bonanza económica, los cabildos y ayuntamientos de la región dispusieron de un montante de 5.678,9 millones, de los que 1.234,9 se emplearon en el pago de nóminas y sueldos públicos. Así que en 2023 cuentan con 418 millones de euros menos que en 2019 pero gastarán en personal 319 millones más –los susodichos 1.553,8–. Los salarios, dietas y complementos, que antes de la pandemia y la posterior crisis de precios se comían un 21,7% del gasto de la Administración local, se llevarán este año un 30%, casi una tercera parte del total de recursos de las corporaciones insulares y municipales.

Los salarios, dietas y complementos se llevan este año casi una tercera parte de los presupuestos de la Administración local

No obstante, es al bucear en la base de datos del Ministerio, que se nutre de la información presupuestaria y de ejecución de las cuentas públicas que le suministran los propios cabildos y ayuntamientos, cuando en verdad puede calibrarse la evolución del gasto. En concreto, hay que remontarse hasta 2007, que fue el último año de burbuja inmobiliaria, crédito bancario a espuertas y licencias de obra a tutiplén –con los consecuentes ingresos para los consistorios–, para darse cuenta de hasta qué punto la Administración local invierte cada vez más en sí misma y menos en la sociedad. Aquel año, el de la crisis de las hipotecas subprime o basura que estalla en los Estados Unidos y que desemboca en la Gran Recesión de 2008-2014, las corporaciones insulares y municipales manejaron fondos públicos por un importe de 5.179,4 millones de euros. De ese total, 958,1 millones se destinaron para gasto productivo, es decir, para inversiones reales o directas y para transferencias de capital –el dinero que se da a otras instituciones para que estas lo inviertan–, y otros 1.112,1 millones se fueron en el abono de las nóminas. En consecuencia, un 21,5% de los fondos era para sueldos y demás gasto en personal y un 18,5%, para invertir en obras e infraestructuras públicas. En 2023, o lo que es lo mismo: 16 años y tres crisis más tarde –la financiera, la que causó la pandemia y la ola inflacionaria–, cabildos y ayuntamientos disponen de un presupuesto similar, esos 5.261 millones, pero invierten un 12,4% menos y gastan en personal la friolera de un 39,7% más. En otras palabras: invierten unos 120 millones de euros menos y emplean en sueldos unos 442 millones más.

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