El Hierro teme el colapso ante la falta de recursos para migrantes

El pasado domingo por la mañana llegó a El Hierro con 103 migrantes en situación irregular el último de los cayucos, por ahora. Entre agosto y los primeros días de septiembre ya son más de 1.200 las personas que han arribado a la Isla del Meridiano a bordo de trece embarcaciones. Autoridades insulares y municipales reclaman ayuda al Estado y al Gobierno canario, porque se quedan sin instalaciones para atender a adultos y menores que llegan desde África. Temen el colapso ante la falta de recursos de acogida y atención.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, afirma que «este año, al igual que el pasado, tenemos un problema con la inmigración». Indica que han llegado más inmigrantes en julio y agosto que en todo el 2022. «Y aventuramos que en los próximos meses, con las calmas (en el mar) en septiembre y octubre, va a haber una afluencia importante», apunta Armas.

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Considera que esta realidad «nos obliga a ser previsores y tener dispuestos los medios que el Cabildo tiene, que son, ni más ni menos, que los de facilitar el alojamiento en el polideportivo de San Andrés» y algún otro recurso puntual «que se nos requiera». La próxima semana está previsto que se celebre una reunión por videoconferencia con representantes del Gobierno del Estado; de forma concreta, con portavoces de los ministerios de Migraciones e Interior, así como de la Delegación en Canarias, para coordinar acciones y determinar qué tiene que hacer cada institución en este proceso, «que se dilata en el tiempo y hay que tomar decisiones y distribuir responsabilidades», según Armas.

El presidente de El Hierro explica que «nosotros colaboramos con lo que tenemos, pero, desde luego, no se nos puede poner toda la carga de la inmigración». Aclara que el Cabildo herreño ni siquiera tiene las competencias para la acogida de menores, como sí ocurre con otras corporaciones insulares. En la actualidad hay 178 menores no acompañados en dicha Isla, lo que Armas califica como «una locura». Eso implica que sólo quedan libres poco más de 20 plazas.

Desde la administración insular se realizó una inversión de unos 300.000 euros en obras de reforma de la antigua residencia estudiantil de Valverde, para mejorar la instalación eléctrica, el abastecimiento de agua, el saneamiento, así como la adquisición de camas y colchones, por ejemplo, a raíz de la llegada de los menores migrantes no acompañados en los últimos años. Ahora en dicho recinto hay unos 146 adolescentes. Los 32 restantes se hallan en dos recursos cedidos por el Ayuntamiento de Frontera: una residencia junto a la sede de la Policía Local y un albergue en el campo de fútbol. Su atención cotidiana corresponde a la ong Quorum Social 77 y están tutelados por el Gobierno canario.

En cuanto a los adultos, la situación ha mejorado de forma considerable con respecto a los años de la pandemia, cuando llegó a haber casi un millar de hombres y mujeres en El Hierro. Y es que, además de respetar el periodo de cuarentena, se tenía que separar a las personas contagiadas de las que no lo estaban, así como a las mujeres de sus hijos. Ahora, permanecen sólo un día o dos antes de ser derivados a Tenerife. Esas 24 o 48 horas que pasan en la Isla del Meridiano se alojan en una carpa en el polideportivo de San Andrés. Para ello, la administración insular firmó un convenio con el Estado.

Alpidio Armas recuerda que «no estamos en condiciones de gastar millones de euros en acondicionar infraestructuras ni disponemos de instalaciones suficientes» si se mantiene el actual volumen de llegadas. Tras varios años desde que se reactivara la ruta canaria de entrada en Europa, Armas considera que el Gobierno del Estado ha tenido «tiempo más que suficiente» para adoptar medidas y realizar las actuaciones oportunas. Entre otras cosas, opina que ha habido falta de diálogo y coordinación entre los ministerios de Migraciones, Interior y Defensa para buscar soluciones.

Y pone un ejemplo. A raíz de la primera crisis de los cayucos, que comenzó a finales del 2005 y se agudizó en 2006 y 2007, en la zona de Echedo se abrió un Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATI) en terrenos del Ejército, con módulos prefabricados con capacidad para unas 300 personas. Sin embargo, por falta de mantenimiento, dicho recurso se halla completamente inservible y con los barracones oxidados.

Señala el presidente insular que, si hubiese habido coordinación y voluntad de colaboración entre las diversas administraciones, el Cabildo hubiera hecho trabajos de mantenimiento de dicho recinto, pero ahora resulta imposible, dado su estado.

Está convencido de que, si se hubiera mantenido en buenas condiciones el CATI de Echedo, «ahora no tendríamos estos problemas» y los migrantes podrían tener un espacio digno de alojamiento.

«Somos solidarios, consecuentes y queremos colaborar, en la parte social, pero las competencias son de otros: la acogida de los adultos, del Gobierno del Estado y la de los menores, del Gobierno canario», insiste. Estas cuestiones se tratarán en la reunión por videoconferencia que Armas tendrá, previsiblemente, el próximo 15 de septiembre, con representantes de Migraciones e Interior, así como de la Delegación del Gobierno en el Archipiélago.

Aclara el presidente herreño que «asumiremos lo que nos corresponda». Y es que la presencia de migrantes «también compromete las políticas y acciones que las instituciones locales ofrecen para los residentes en la Isla», dice.

Y otra cuestión que también está pendiente de resolver es a qué organismo le corresponde retirar los cayucos que se acumulan en el Puerto de La Restinga. Como el Estado y Puertos Canarios no se ponen de acuerdo sobre tal responsabilidad, es el Cabildo quien desmonta los barcos, los lleva a un vertedero y los destruye. En opinión de Armas, la otra alternativa es dejarlos en dicho enclave costero, donde generan mal olor, mala imagen y comprometen el buen estado de la playa. Y es que dichos barcos portan combustible y aceites.

La concejal de Servicios Sociales de Frontera, Rocío Armas Morales, aclara que «queremos fomentar la empatía, la solidaridad y el conocimiento de la dura realidad de los migrantes». Y matiza que la intención de las autoridades de su municipio es que estén en la Isla «con la mayor dignidad y calidad posible».

Desde dicho consistorio se han ofrecido 60 plazas en dos recursos. Armas Morales indica que esos son los únicos que cumplen con los requisitos y tienen buenas condiciones. La responsable de Servicios Sociales de Frontera valora de forma positiva la visita realizada recientemente por la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario, Sandra Rodríguez. Según la edil, Rodríguez «nos ha escuchado por primera vez y nos va a ayudar a dar una respuesta al problema». En opinión de Armas Morales, el Gobierno del Estado debe tener claro que la inmigración «no es un asunto puntual» en el que se puedan aplicar medidas «para escapar», sino que requiere de «soluciones a largo plazo y hay que tomárselo de otra manera». Recuerda que con los cayucos pasan semanas sin que llegue uno, mientras que en una jornada pueden llegar dos.

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