El pleito de costas, una ‘herencia’ envenenada para el nuevo Gobierno regional

El nuevo Gobierno autonómico hereda del Ejecutivo saliente el contencioso de las competencias en Costas que enfrenta al Estado con la Comunidad Autónoma y que afecta sobre todo a los hoteles de Riu situados en el norte de Fuerteventura. El Gobierno de Ángel Víctor Torres advirtió con un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si no se llegaba a un acuerdo en la comisión bilateral Canarias-Estado, pero el hecho es que llegaron las elecciones autonómicas del 28 de mayo y el conflicto de fondo no ha cambiado porque el Ministerio mantiene en sus manos los expedientes de caducidad de las concesiones de estos establecimientos, pese a la reclamación de Canarias.

La Consejería de Transición Ecológica encargó a Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, un informe al respecto. Menéndez Rexach es uno de los especialistas más prestigiosos del país en materia de ordenación del litoral y concluyó que Canarias tiene competencias sobre todo tipo de concesiones, incluidas las que se encuentran en suelo de dominio público. Esta es la posición que mantiene Canarias pero la cerrazón en el departamento de Costas del Ministerio de Transición Ecológica mantiene las espadas en alto en este contencioso.

Los dos procesos electorales abiertos tan seguidos han estancado las negociaciones y la posibilidad de que esta problemática llegue hasta el Constitucional. Primero los comicios autonómicos y ahora los nacionales ralentizan el funcionamiento administrativo, sobre todo cuando se prevé un cambio de signo político que ya se ha producido en Canarias y que puede suceder también en Madrid, lo que abre nuevas expectativas sobre cómo puede concluir este enfrentamiento a la hora de interpretar la legislación estatal de costas, el Estatuto de Autonomía y el decreto de traspaso de la ordenación del litoral a la Comunidad Autónoma, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Decreto de traspaso

A pesar de este decreto de traspaso, el Ministerio mantiene en su poder los expedientes de las concesiones que se rigen por la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y que regula la ocupación del dominio público marítimo-terrestre anterior a la entrada en vigor de la normativa estatal. Los titulares que ocupan el espacio acotado por la ley pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por 30 años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión. En opinión del Ministerio esa concesión sobre los dos hoteles de Corralejo ha caducado y el pleito entre el Gobierno central y la empresa dura ya varios años. Ahora ha entrado en litigio otro actor, el Gobierno canario, que considera que tiene competencias para decidir sobre el futuro de esas concesiones.

El decreto de traspaso es similar al que firmaron en su día Andalucía y Cataluña por el cual la Comunidad Autónoma recibe los medios materiales, efectivos y presupuesto en materia de costas, que después el Ejecutivo regional se ha visto obligado a compensar por la escasez de personal que trabaja en la Demarcación de Costas. Los empresarios del sector turístico y los afectados que viven en núcleos poblacionales en primera línea del mar entienden que Canarias tiene las competencias exclusivas en la franja costera desde que entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018, algo que no se ha reflejado en la realidad hasta este año porque toda competencia tiene que negociarse entre los dos gobiernos para traspasar las funciones con sus medios y fondos.

Temor a una demora mayor

El temor de las organizaciones empresariales es que el empantanamiento de la Administración hasta después del verano dilate aún más la situación de los expedientes en litigio. El nuevo Gobierno canario no estará a pleno rendimiento hasta septiembre, al igual que el Gobierno estatal que salga de las urnas y será en función de si el color político es similar o no entre las dos administraciones cuando se podrá determinar si este contencioso se soluciona por la vía negociadora y termina en el Tribunal Constitucional. En el reparto del pacto CC-PP el área de ordenación territorial y costas recae en los nacionalistas, por lo que se presume un incremento de la pugna política y jurídica en el caso de que el Gobierno central se mantenga como hasta ahora y no dé su brazo a torcer.

Mientras el contencioso de fondo se mantiene sin resolver, el Gobierno canario ha dado licencia al hotel Oliva Beach para una reforma del mismo que no implica un aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes en la zona porque no se puede alterar el dominio público sobre el que se asienta el establecimiento turístico. Las actuaciones previstas en el hotel y los apartamentos comprenden mejoras de eficiencia energética, mejoras en las condiciones de accesibilidad, sustitución de mobiliario, obras necesarias para mejorar las condiciones de seguridad en caso de incendio, reforma de zonas comunes y habitaciones y demolición de determinadas estancias en desuso o en malas condiciones. La empresa iniciará las obras de reforma el próximo mes de octubre.

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