Cuidadores de dependientes critican los datos «tramposos» de Noemí Santana

Los cuidadores de personas dependientes en Canarias no ven «ninguna mejoría» en el sistema de atención de las Islas, todo lo contrario, consideran que la situación está «peor» que hace un año. Así lo defiende la presidenta de la coordinadora de acción social de Canarias y responsable del departamento jurídico y de comunicación de la Asociación de Cuidadoras Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (Acufade), Emma Colao, quien denuncia que la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, utiliza las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar (Pecef), que en mucho casos no llega a los 390 euros, para reducir las cifras de la lista de Dependencia. «El Ejecutivo trampea los datos. No podemos felicitar a un Gobierno que ofrece la prestación más barata para cerrar expedientes y darse aplausos», critica la portavoz. 

Los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), reflejan que de las 9.918 prestaciones concedidas en 2022, el 37% fueron de este tipo. El mismo dato, solo un año antes, solo representaba el 18,5%. El impulso de este tipo de prestaciones se produce tras la llegada de Marta Arocha como directora general del área después de que la Consejería invitara a Miguel Montero a dejar en cargo en diciembre de 2021. Es más, desde Acufade aseguran que existe un documento firmado por la misma Arocha en el que se dan instrucciones a los empleados públicos para que «prioricen las prestaciones económicas». 

Fraude

«Nosotros aplaudimos en un primer momento el cambio en la dirección, pero sentimos que ha sido un fraude. Faltan a la verdad y la maquillan para que no se hable de la verdadera realidad de la Dependencia», afirma Colao, quien asegura que los encargados de explicar las condiciones a los interesados «venden» que el proceso es «mucho más sencillo» si optan por las prestaciones del cuidados en el entorno familiar, en lugar de la prestación de servicio. 

El Diputado del Común presentará a mitad de este mes un informe con todas las quejas de 2022

Esto ha servido, según los datos del Ejecutivo, para reducir el tiempo de espera de 1.084 días a 700. «Están dando carpetazo a muchos casos con las prestaciones económicas y cuando la gente vaya a pedir que se revalúe su caso, no podrán porque ya habrán fallecido», afirma la portavoz de Acufade, quien apunta que «cada dos horas y media muere una persona en la lista de espera sin que se haya resuelto su grado de dependencia». Desde la Asociación afirman, además, que muchos canarios evitan pedir las ayudas por miedo al «transcurso que van a tener que pasar hasta conseguirlo». 

Prestación perversa

La Asociación alerta, además, de que el titular de estas ayudas –de la que Derechos Sociales hace uso preferente– es la persona dependiente, a la que se le asigna 387 euros para sufragar sus gastos, «pero está condicionada a que una cuidadora o cuidador familiar y conviviente se responsabilice de las funciones de su cuidado sin percibir salario alguno, por lo que es una prestación que empobrece a las cuidadoras y precariza el sistema a la atención».

Las cuidadoras familiares se dan de alta en un registro específico de la Seguridad Social sin recibir salario. «Si esto se diera en cualquier otra área hablaríamos de esclavitud, pero aquí hablamos de éxito», lamenta Colao, quien puntualiza que con estas decisiones del Ejecutivo se ejerce «violencia contra la mujer» ya que el 89,75% de las personas que trabajan en este sector son cuidadoras. 

Falta de transparencia

La falta de transparencia en el manejo de datos y la falta de autocrítica del Gobierno autonómico, son otras cuestiones que critica Acufade. Desde la Asociación exigen al Ejecutivo que opte por cambios estructurales y se deje de «parchear la dependencia en Canarias». Proponen incrementar las prestaciones económicas, darle la titularidad de la prestación a la persona cuidadora, simplificar los procedimientos administrativos y habilitar la figura del asistente personal. 

El pasado mes de octubre ya presentaron un informe a la Diputación del Común denunciando todas estas cuestiones, pero ya están preparando uno «más completo» que analice en profundidad los riesgos de este colectivo en las Islas. El Diputado del Común, por su parte, prepara un informe extraordinario sobre la Dependencia en Canarias con las quejas acumuladas de 2022. Este documento se presentará en el Parlamento de Canarias a mediados de este mes. 

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