El plan sociosanitario está al 50% y los cabildos piden firmar otro nuevo

Casi seis años después de su inicio el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias apenas se encuentra por encima del 50% de su ejecución en algunas islas y los cabildos apuran los plazos para terminar de construir la mayor parte de las plazas fijadas en el mismo entre centros de día y residencias. El último acuerdo entre el Gobierno y los cabildos a finales de 2022 fue el de realizar una nueva prórroga del plan, la cuarta desde 2018, para extenderlo y de esta forma dar tiempo a las corporaciones insulares a culminar las obras en marcha. Al mismo tiempo la Consejería de Derechos Sociales prepara las bases de un nuevo Plan tras constatar fallos en el actual, que data de 2017.

La realidad es que este año se cruzan las obras del II Plan que acumula un retraso de tres años -se tenía que haber terminado en 2020- con la redacción del nuevo, para el cual el Gobierno se ha dado de plazo hasta el próximo mes de junio según un acuerdo aprobado a finales del pasado año. Tras la reunión celebrada el martes entre los presidentes insulares agrupados en la Fecai y los representantes del Ejecutivo regional, ambas partes han quedado emplazadas a final de mes o principios de febrero en una comisión de trabajo para poner al día la situación de las distintas infraestructuras que se están realizando por parte de los cabildos y poner en común la redacción de un plan que actualice y sustituya al vigente.

La pandemia y el retraso acumulado en las obras han demorado las actuaciones

El plan aprobado a finales de 2017 por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) se ha tropezado con múltiples problemas en estos años, entre ellos un catálogo de plazas y obras que ha acumulado muchos retrasos, insuficiencia financiera, hasta cuatro adendas, problemas en la búsqueda de suelos para levantar nuevas residencias y centros de día y la pandemia del Covid que supuso una parálisis durante varios meses, lo que empujó a que en 2021 el Ejecutivo y los cabildos pactarán ampliar los plazos hasta 2024. Por el camino un informe técnico llamaba la atención sobre la necesidad de redactar un nuevo plan al constatar que el vigente no se desarrolló con una adecuada planificación y la programación de anualidades presupuestarias asociadas a la financiación de las infraestructuras había derivado en demoras que ya van por tres años por encima de lo estipulado en un primer momento. Ahora el Gobierno y los cabildos tendrán que ponerse de acuerdo sobre si se reprograman las actuaciones en marcha para incluirlas en un nuevo plan o se incluyen nuevas infraestructuras adaptadas a una realidad que ha cambiado en los últimos años a la hora de abordar el tratamiento de la dependencia y la discapacidad.

El II Plan aprobado en 2017 buscaba dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía canaria en relación a la atención a la dependencia, teniendo en cuenta el incremento progresivo de la población de personas mayores con alto requerimiento. La inversión por parte del Gobierno de Canarias ascendía a un total de 161 millones de euros, con una financiación a tres años, de 2017 a 2020, aunque la inversión total para la realización de este II Plan se elevaba a 256 millones de euros, incluyendo la inversión por parte de los cabildos. Antes incluso de que irrumpiera el Covid en marzo de 2020 ya el plan se había renegociado con adendas y prórrogas.

Uno de los desfases del plan original es el número de plazas a construir. En 2017 la proyección que se realizó era de unas 5.000 plazas nuevas en todas las islas en función de las demandas que hicieron en ese momento las corporaciones insulares. Con el paso de los años las necesidades han ido aumentando y Canarias se ha colocado entre las comunidades más deficitarias en plazas sociosanitarias y así lo recogía un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que cuantificó en cerca de 8.000 el déficit de plazas en Canarias, lo que supone un desfase de más de 2.000 plazas que no están contempladas por las obras que se están ejecutando por los cabildos en la actual programación.

Gran Canaria y Tenerife

En el caso de Gran Canaria, la consejera de Política Social, Isabel Mena, asegura que el plan está en plena ejecución en la isla con todas las obras previstas o ya ejecutadas o en marcha excepto el centro sociosanitario de Ingenio, que ha tenido problemas con el suelo donde se iba a ubicar. "Unas obras han ido más rápido y otras más lentas pero el plan está en ejecución", insiste Mena, que recuerda que no solo la pandemia afectó al desarrollo del plan, sino también el coste de las obras que se ha incrementado notablemente. "Estamos ante un plan de una gran magnitud que solo en Gran Canaria supone 1.500 plazas nuevas y en el que no solo hay que redactar los proyectos y buscar el suelo, sino que las obras tardan como mínimo dos años si se trata de centros nuevos, porque también hay ampliación de otros", añade.

La previsión en 2017 era de 5.000 plazas pero la demanda ha aumentado a 8.000 más

En Gran Canaria las obras más grandes se están ejecutando como es el caso de la Residencia de Tarazona en Guía, de Teror, dos centros en Las Palmas de Gran Canaria en Tamaraceite y San Francisco de Paula y Taliarte. El Cabildo asegura que estas infraestructuras estarán finalizadas este año, no así los centros de Salesianos de Guía y el antiguo Hospital Psiquiátrico que no figuran en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y que se ejecutan con fondos propios del Cabildo, por lo que no estarán al menos hasta 2024.

En el caso de Tenerife, el Cabildo también está en fase de ejecución de varios centros en la isla, concretamente en los municipios de Santa Úrsula, Arico, Guía de Isora, La Victoria, La Matanza, Candelaria, Garachico, La Laguna e Icod de Los Vinos. El actual grupo de gobierno de la Corporación tinerfeña se ha quejado de que a su llegada al poder en 2019 el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias estaba prácticamente bloqueado porque no existía una planificación y organización para poder ejecutarlo, lo que obligó a partir de cero en muchos casos, dedicándose muchas horas a resolver múltiples incidencias de carácter urbanístico y administrativo. 

Suscríbete para seguir leyendo