La defensa de Rayco Rubén González, administrador de la empresa RR7 y acusado de la presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de la Salud (SCS) por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales del Archipiélago, aseguró ayer tras la declaración de su defendido ante el juez que confía en que se archiven las acusaciones porque su cliente es una «mínima parte del caso». La comparecencia del empresario, que tuvo lugar en el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ante el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, duró algo más de dos horas y se produjo tras un cambio de parecer en la estrategia de la defensa, que el mes pasado acogió a su derecho de no declarar.
El abogado de Rayco González, Rachid Mohamed Hammu, en declaraciones a los medios, apuntó que la comparecencia de su defendido fue «previsible» y que consistió en explicar cómo le llegó el contrato, cómo se ejecutó y qué ocurrió con las mascarillas. «El contrato llega a través de unos intermediarios, que le ofrecen la posibilidad de suministrar las mascarillas al SCS y son esas personas las que se acercan a Rayco. Él no tiene contacto directo con el SCS, si no es a través de unas personas, en este caso Samuel Machín», afirmó el letrado defensor.
Sin embargo, según fuentes periodísticas recogidas por Efe, la defensa de González aportó como prueba su teléfono móvil, en el que al parecer habría mensajes y conversaciones tanto con el actual director del SCS, Conrado Domínguez, como con la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, también investigada.
Hammu apuntó en cualquier caso que pedirán que comparezcan otras personas a la par que aseguró que le queda «muchísima documentación por presentar». En palabras del abogado, todo lo que se recoge en la querella «es justificable», por lo que su cliente «está muy tranquilo» tras haber analizado la documentación y la cronología de los hechos. «No tiene nada de lo que preocuparse», expresó el letrado, quien, respecto a la futura declaración de varios miembros de la familia de Rayco González que figuran en la querella, afirmó que «como es lógico» su cliente está molesto con ello, si bien es algo que «no le intranquiliza».
«La familia vendrá, declarará, dará su versión y todo se archivará inmediatamente», auguró el abogado, quien, tras presentar la documentación, dijo estar a la espera de que el juez haga una nueva calificación de los hechos en la que desaparezcan la acusaciones de blanqueo de capitales y estafa, los dos delitos que se imputan a Rayco González, a quien hace apenas dos semanas el juez instructor dejó en libertad y le impuso la retirada del pasaporte y su comparecencia ante el Juzgado una vez al mes.
El abogado del empresario espera que el juez elimine la acusación de estafa y blanqueo
Respecto a los coches de lujo que supuestamente compró para blanquear el dinero recibido, el abogado sostuvo que su cliente fue «víctima de una estafa» que fue denunciada antes de que tuviese lugar el «escándalo» de las mascarillas y que ese asunto lo investiga tanto el juzgado de Las Palmas como otro en Italia.
De archivarse los delitos que se le imputan a su cliente, el abogado apuntó que imagina que la investigación del caso mascarillas «continuará su curso». «Lo que propone el fiscal es mucho más amplio que Rayco, él es una mínima parte. Al final se discutirá si Rayco ha podido ser beneficiario de un contrato de manera irregular, pero no un delito de estafa», adelantó Rachid Mohamed Hammu.
El juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del SCS, la directora general de Recursos Económicos del SCS –quienes declararon a finales de septiembre– y el administrador de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.
Domínguez sostuvo ante el juez que «siempre» actuó «bajo la legislación vigente en cada momento». Además, a su salida del juzgado explicó a los medios que el Gobierno de Canarias «es el estafado y tiene que recuperar los recursos», un objetivo en el que trabaja la Agencia Tributaria Canaria «con todos sus medios».
El juez responsable del caso ha llamado a declarar al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en calidad de testigo, y contestará por escrito el próximo miércoles. El Ejecutivo regional se ha personado en el caso y ha reiterado que no cejará en su empeño de recuperar los 4 millones abonados por adelantado a la empresa RR7.
El precio del material sanitario varió hasta un 70%
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el material sanitario adquirido por las empresas del sector público en 2020 para hacer frente a la pandemia de coronavirus se compró con una gran diferencia de precio en cada caso, hasta el punto de que, por ejemplo, en el mes de abril Tragsa pagó por pruebas rápidas un 71,4% más que Adif un mes después. En 2020, 33 entidades del sector público empresarial estatal no financiero celebraron 413 contratos tramitados por un importe de 142 millones de euros. Para su fiscalización, se seleccionó una muestra de 119 contratos por valor de 112 millones de euros de las seis entidades más representativas del sector: Adif, Aena, Tragsa, Puertos del Estado, Renfe y Correos. Esta muestra representa el 78,9% del importe total contratado y el 28,8% del total de los contratos que se realizaron. El informe relata que en marzo de 2020 Correos pagó 7,88 euros por gel hidroalcohólico en formato de medio litro, mientras que Adif adquirió la misma unidad a 6 euros. Esta disparidad de precios se observó también en el formato de cinco litros en el que el precio pagado por Correos fue un 38% superior al pagado por Adif. Pero el caso más llamativo es el de los test rápidos para la detección del coronavirus que Tragsa adquirió en abril de 2020 a un precio un 71,4% más elevado que el que pagó Adifr en mayo. De todos los productos analizados, el precio medio más bajo de las mascarillas en los meses de marzo y abril fue el pagado por Adif (2,37 euros la unidad). En cuanto a los guantes de látex, en el mes de abril el precio más alto fueron los 0,80 céntimos la unidad pagados por Puertos del Estado, frente a los 0,0689 euros la unidad pagada por Correos. | EP
