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Tribunales | Compras durante el estado de alarma

Ángel Víctor Torres, citado a declarar ante el juez del ‘caso mascarillas’

El presidente canario, llamado en calidad de testigo, sostiene que la intención del Gobierno es «recuperar hasta el último euro» de la supuesta estafa

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias. ANDRÉS CRUZ

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tendrá que declarar ante el juez que instruye el llamado caso mascarillas en calidad de testigo. El 2 de noviembre, el jefe del Ejecutivo testificará por escrito ante el juez y los representantes de las acusaciones y defensas, sistema que le permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su cargo. La Fiscalía Anticorrupción cita a Torres por haber sido el presidente del Comité de Emergencia que tomaba las decisiones sanitarias durante el estado de alarma. Al declarar como testigo, el presidente del Gobierno está obligado a decir la verdad y podría salir imputado tras su exposición. Torres reiteró ayer que «desde el primer momento» se ha puesto a disposición de la justicia, «para que se recupere hasta el último euro, que es la voluntad clave que tiene el Gobierno de Canarias».

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo puntualizó que el Ministerio Fiscal había requerido al juez que elevara a Presidencia del Gobierno una serie de preguntas que se recibieron a finales del mes de julio. Además, detalló que los servicios jurídicos del Ejecutivo ya han tramitado la petición «y se está completando la información». Desde Presidencia aclaran que Torres podrá informar sobre las funciones, los miembros y el contenido de las reuniones del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria, pero no sobre la tramitación de las facturas, ya que esa tarea no se contemplaba entre las competencias del equipo, que eran principalmente determinar las restricciones que correspondían a cada nivel de alerta sanitaria para atajar la pandemia de la covid-19.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el jefe del Ejecutivo testifique por escrito

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El caso mascarillas investiga una presunta estafa de cuatro millones de euros al Gobierno de Canarias por la compra de un millón de tapabocas durante las primeras semanas del estado de alarma. En aquellos momentos, el mercado internacional de material sanitario estaba saturado y la lucha de los gobiernos para conseguir equipos de protección para el personal de los hospitales era feroz. A principios de mayo de 2020, el entonces secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y coordinador del Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria, Conrado Domínguez, recibió la llamada de un conocido que le ofreció ponerle en contacto con un empresario canario con capacidad para traer a las Islas material sanitario. A través de un intermediario de la compañía RR7 United Limited SL –cuyo objeto social es la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros–, Domínguez negoció un contrato de emergencia para traer a las Islas un millón de mascarillas N95 1860 de 3M, que equivalía a una mascarilla FFP2 sumada a una quirúrgica, con un nivel de protección intermedio entre la FFP2 y la FFP3.

La Fiscalía Anticorrupción encausó en este procedimiento a Conrado Domínguez, que actualmente ocupa el cargo de director del SCS; la exdirectora de Recursos Económicos de este organismo, Ana María Pérez; y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7. Tanto a Domínguez como Pérez se les imputa un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, ya que apunta que la adquisición se realizó a través de RR7 porque el intermediario de la compra era un conocido de Domínguez. Por su parte, González se enfrenta a cargos por un delito de estafa agravada y blanqueo de capitales.

Los tres imputados y cuatro testigos ya han respondido a las preguntas del juez instructor

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El director del SCS declaró el pasado jueves en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, donde defendió que «siempre» actuó «bajo la legislación vigente en cada momento». Durante el estado de alarma, el marco jurídico estatal se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia. Así, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y el artículo 16 del Real Decreto–Ley 7/2020, contemplaron una significativa relajación de los requisitos.

Responder a las preguntas

Durante más de dos horas, Domínguez respondido a todas las preguntas que se le formularon, mientras que Rayco González se acogió a su derecho a no declarar por estrategia de la defensa. Su letrado, Rachid Ahmed, señaló que su cliente «tenía mucho interés en declarar», como ya lo hizo ante la Fiscalía, pero le aconsejó que no lo hiciera, a la espera de que se produzcan las declaraciones de los testigos y se presenten los informes que se han ido requiriendo. Ana María Pérez, quien dimitió a los pocos días de conocerse el caso, también decidió responder a las preguntas que le formularon. A la salida del juzgado, su abogado, José Antonio López de Vergara, afirmó que Pérez «no tiene nada que ocultar». Hasta ahora, han declarado ante el juez en calidad de testigos tres funcionarias del SCS y Samuel Machín, conocido de Domínguez que actuó como intermediario en la venta.

El millón de mascarillas que compró el SCS a RR7 nunca llegó a los hospitales públicos de Canarias. Pero el 10 de marzo de 2021 entraron 913.200 mascarillas al Puerto de La Luz y de Las Palmas procedentes de Addis Abeba (Etiopía), por un importe de 2,28 millones de euros. Aduanas confirmó con la marca 3M que se trataba de una falsificación y procedió a la destrucción del cargamento. Un año después, en junio de 2021, el SCS dio a la empresa una segunda oportunidad. RR7 ofreció entregar 1,2 millones de mascarillas, un 20% más de lo acordado inicialmente, y ante la falta de suministro de este producto y el compromiso de la compañía de adquirirlas, se produjo una «suspensión de la ejecutoriedad de la rescisión del contrato», porque en aquel momento el material seguía siendo necesario, según expuso Domínguez en el Parlamento canario. Hasta ahora, el Gobierno canario no ha recuperado los cuatro millones de euros pagados por adelantado a RR7.

Ángel Víctor Torres, citado a declarar ante el juez del ‘caso mascarillas’

Alberto Díaz-Estébanez


Diputado de CC


«No será el único miembro del Gobierno que declare en un procedimiento por estafa»

El diputado regional de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez atribuye la citación del presidente Ángel Víctor Torres como testigo en el caso mascarillas a la decisión de su Gobierno de «atrincherarse» en la versión de que todo se ha hecho bien sin asumir responsabilidad alguna. Díaz-Estébanez asegura que ha recibido la información de la citación de Torres como testigo «con prudencia» y respeto a la presunción de inocencia y la labor de la justicia. Pero también, insiste, con la trascendencia «de que sea todo un presidente de Canarias el llamado a declarar y, seguramente, no será el único miembro del Gobierno que lo haga en un procedimiento por estafa con acusaciones gravísimas».

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