La segunda jornada del pleno parlamentario fue obviamente relajada. A media mañana ya se habían ausentado quince diputados – algunos de los cuales, como es costumbre, zascandileaban por bares y tiendas de los alrededores – y los que se resignaban en los escaños no parecían especialmente entusiasmados. Estamos ya en el tramo final de la legislatura – después de las vacaciones navideñas habrá acabado – y sus señorías incluso se saltan algunas reglas: se interpelan más que nunca desde los escaños y entran en el salón de plenos una vez que se han cerrado las puertas para una votación. Está prohibido reglamentariamente: cuando se procede a una votación se cierran los accesos y se vota. Ayer varios alegres diputados se limitaron a abrir las puertas y sentarse en sus escaños. Gustavo Matos, conteniendo difícilmente la irritación, advirtió que lo había tolerado, pero que no iba a seguir permitiendo ese comportamiento. Qué tiempos aquellos los de la pandemia, en los que los representantes de la voluntad popular, mascarilla en boca, no se movían ni por casualidad de sus escaños y no montaban pequeños grupos de diálogo mientras desde la tribuna hablaba alguien del gobierno o de la oposición.
Y eso que el (des)orden del día mostraba puntos de interés, pero que no crearon –por decirlo suavemente –condiciones para el debate en asuntos como salud mental, las propuestas para la adenda del Plan de Recuperación financiados por los fondos Next Generation, de los que es imposible saber si se han invertido una perra en la Comunidad autónoma, la fabulosa estrategia para la digitalización de la administración de Justicia o el colapso del puerto de Los Cristianos, con el que previsiblemente solo acabará un apocalipsis zombi. Pero sí se produjeron un par de buenas noticias. La consejera de Políticas Sociales, Noemí Santana, anunció una nueva reforma –más precisamente: un ajuste –de la Prestación Canaria de Inserción. Treinta euros más de complemento por cada menor que se tenga a su cargo. Ciertamente no es un potosí y debieron haberlo hecho hace mucho tiempo, pero menos da una piedra podemita. Hasta ahora se abonaban 50 euros por menor. Santana sostiene, asimismo, que la Renta Ciudadana, que piensan aprobar definitivamente antes de fin de año, aumentará todavía más la cuantía, según algunas fuentes, hasta llegar a los 100 euros por menor. Una familia con tres hijos a su cargo recibiría mensualmente 300 euros, a sumar unos 650, es decir, que la Renta Ciudadana se podía encaramar muy cerca de los 1.000 euros mensuales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha dispuesto de ningún estudio sobre el posible impacto de este recurso en el mercado de trabajo en Canarias, que como nadie ignora se caracteriza por la escasez de empleos de calidad, por su temporalidad y sus bajos salarios. Pero tampoco la Consejería de Empleo. En todo caso los 30 euros de más es un muy pequeño pero positivo alivio para miles de familias. La Renta Ciudadana, en el futuro inmediato que le espera a Canarias, es cosa muy distinta.
También comenzó el debate de primera lectura dela Ley de Políticas de Juventud, nombre curioso para una norma larga como una noche de carnaval sin alcohol “que generará derechos a la Juventud y deberes a las instituciones”, según consagró la directora general de Juventud y coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, que estaba muy contenta y orgullosa. Mientras escuchaba su cháchara sobre los innumerables derechos de los jóvenes canarios, que a tenor de las palabras de la directora parecen vivir en campos de exterminio polpotianos, recordé uno de las aforismos del maestro Nicolás Gómez Dávila: «Cada día le exigimos más a la sociedad para poder exigirnos menos».
Creo recordar que hablaba Julio Pérez sobre la digitalización de los juzgados cuando llegó una noticia preocupante. El pleno del Tribunal Constitucional declaraba en parte inconstitucional y nula por motivos competenciales la ley canaria de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones de la Comunidad autónoma. Concretamente el segundo párrafo del artículo 1 ya que incurre en contradicción efectiva con la legislación básica en materia de función pública e invade la competencia estatal para dictarla. No es una insignificancia leguleya. Afecta a las ofertas de empleo público de 2015, 1026, 2017 y 2019 y, cuantitativamente, a muchos cientos de ciudadanos. La ley había sido recurrida por los sindicatos que entendían que a su amparo se adjudicaron destinos provisionales cuando debieron ser definitivos. En el concurso recientemente resuelto se habían adjudicado plazas a personas que ya tenían derecho a un puesto definitivo. Como el nombramiento de los funcionarios a los que han adjudicado la plaza en el concurso es un acto firme, ahora es posible que deban crear plazas similares y darles el grado consolidado. La sentencia remueve de nuevo la inestabilidad de los servicios públicos, la incertidumbre de los funcionarios y la provisionalidad y eso con un Gobierno que hincha peso por su plan para la estabilización de las plantillas a través de un concurso que se ha prolongado casi delirantemente en el tiempo.
Pero la responsabilidad no es, desde luego, del Tribunal Constitucional, sino del Gobierno autonómico y, más concretamente, de la Consejería de Administraciones Públicas. El Ejecutivo no tiene muchos pretextos que ofrecer. La oposición, y muy activamente CC, advirtió que la invasión competencial del decreto ley terminaría por neutralizarlo en el Constitucional y no apoyó su convalidación para convertirlo en proyecto de ley. Ahora Julio Pérez deberá comerse entero este indigesto desaguisado. Pero los perjudicados serán cientos de funcionarios de la administración autonómica para los que se abre un nuevo viacrucis.
