La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) les ha dado un tirón de orejas a los Gobiernos central y regional por llevar cerca de cuatro años sin ejercer la competencia en la tutela financiera de los cabildos y ayuntamientos. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez entienden que es la Comunidad Autónoma la que debe encargarse de controlar la gestión económico-financiera de las entidades locales –en esto consiste, a grandes rasgos, esta competencia–, y en el Gobierno de Ángel Víctor Torres creen que es el Estado el que ha de seguir ocupándose de esta tarea hasta que se produzca el traspaso de los medios materiales y humanos que garanticen el correcto ejercicio de estas funciones. Sea como sea, lo cierto es que el traspaso efectivo de la competencia sigue sin producirse, lo que «sitúa a las entidades locales canarias en una posición de trato desigual en materia de tutela financiera». No en vano, recuerda la AIReF, esta competencia incluye la facultad de autorizar las operaciones de endeudamiento a largo plazo de ayuntamientos y cabildos, de modo que no se trata de un asunto menor por más que en lo político haya tenido menos repercusión que, por ejemplo, la tardanza en el traspaso de las competencias en Costas.
El Gobierno regional cree que el Estado debe traspasar los medios materiales y humanos
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018, establece que «corresponde» a la región la «tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan crear». Sin embargo, tres años y ocho meses después, «ni el Ministerio de Hacienda ni esta comunidad [Canarias] están ejerciendo las competencias de tutela de las entidades locales», insiste la AIReF, el organismo creado en 2013 a instancias de la Unión Europea para velar por las finanzas públicas, en el informe complementario sobre la ejecución presupuestaria, la deuda y la regla de gasto en las corporaciones locales, publicado la semana pasada.
El acuerdo en lo formal es total, es decir, los dos Gobiernos tienen claro, como así se recogió en la reforma del Estatuto, que la competencia es de la Comunidad Autónoma. El problema está en lo material, ya que el Ejecutivo del Archipiélago viene insistiendo en que antes de ejercer sus nuevas funciones, el Estado ha de traspasarle los recursos y medios necesarios, como de hecho ocurre y ha ocurrido con otras transferencias de competencias. Es más, en el Gobierno de Torres también consideran que así lo exige el principio de seguridad jurídica. En tanto el traspaso de los medios materiales y humanos no se lleve a cabo, en el Ejecutivo isleño están convencidos de que es el Estado, con independencia de la mención en el Estatuto, el responsable de tutelar a las corporaciones insulares y locales. En Madrid, en cambio, aseguran que es Canarias la que debió ejercer la competencia desde la misma entrada en vigor de la reforma estatutaria, «sin que sea preciso un acuerdo sobre la transferencia de los medios necesarios a tal fin, según la doctrina constitucional y el criterio seguido para el resto de Comunidades Autónomas que han asumido esta competencia».
En el Ministerio de Hacienda entienden que la competencia es de las Islas a todos los efectos
Las posturas son, por tanto, irreconciliables, como lo demuestra el hecho de que no se haya conseguido un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias. Por eso el Gobierno regional decidió en abril del año pasado dar un paso al frente, asignar a la Consejería de Hacienda el desempeño de la tutela financiera de las entidades locales y modificar de urgencia la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del departamento dirigido por Román Rodríguez, de forma que puedan incorporarse los futuros empleados públicos que se ocuparán de las nuevas tareas. No obstante, el Ejecutivo solicitó ese mismo día la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias de acuerdo «con el principio de lealtad institucional, que obliga a un acto formal de asunción de la competencia al objeto de garantizar la seguridad jurídica».
Sin embargo, un año más tarde, el vacío competencial aún continúa, tal como denuncia la AIReF y reconoce el viceconsejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Fermín Delgado. En este punto, Delgado se muestra partidario de claudicar ante la cerrazón en Madrid, dar carpetazo cuanto antes a la discusión y comenzar tan pronto se pueda a ejercer la tutela de los cabildos y ayuntamientos. No porque en el Ejecutivo regional hayan cambiado de opinión al respecto, sino por evitar que la situación a la que se han visto abocadas las entidades locales isleñas continúe sine die. Máxime cuando no parece que en el Gabinete de Sánchez estén por la labor de un pronto acuerdo.
Eso sí, Canarias al menos ha tenido la suerte de que las reglas fiscales estén suspendidas, lo que de alguna forma relaja el control de las finanzas y de las operaciones de deuda a largo plazo.
Preguntas destacadas
¿Qué es la tutela financiera?
- La tutela financiera de las entidades locales es una competencia que la normativa sobre régimen local confiere al Estado o, en su caso, a la Comunidad Autónoma. En Canarias, esta competencia la ejerce o debe ejercer el Gobierno regional desde noviembre de 2018, cuando entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha accedido a la solicitud de Canarias para que se le traspasen los medios materiales y humanos con que llevar a la práctica la competencia reconocida en el Estatuto. En Madrid no lo ven así y creen que la tutela es responsabilidad autonómica a todos los efectos desde noviembre de 2018.
¿En qué consiste?
- El órgano encargado de tutelar a las entidades locales tiene, por ejemplo, la responsabilidad de autorizar las operaciones de endeudamiento a largo plazo de los cabildos y ayuntamientos con más de 75.000 habitantes que incumplan los objetivos de deuda y/o estabilidad. También vigila si las entidades cumplen su obligación de suministrar la información que se les requiera y elabora los informes sobre la sostenibilidad de sus finanzas.
