La Consejería de Transición Ecológica y el Ministerio han cerrado los flecos que quedaban pendientes y que habían estancado desde hacía varios meses la negociación para la transferencia de costas a Canarias. Ahora los dos gobiernos apuran las negociaciones para cerrar una comisión bilateral Canarias-Estado y la comisión mixta de transferencias para final de mes con el fin de firmar el acuerdo político del traspaso, si bien la efectividad del mismo no será oficial hasta el 1 de enero de 2023.
El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, contestó ayer a una pregunta del PP en la que confirmó que a final de este mes se reunirán la comisión bilateral y la comisión de transferencias para aprobar el traspaso de las competencias en costas a la Comunidad Autónoma. El consejero insistió en que el traspaso no es tan sencillo como puede parecer y recordó que ahora también habrá que decir a los afectados quién continuará con los expedientes que están abiertos y que afectan a la gestión y ocupación del litoral.
Tras la firma, el acuerdo tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y publicarse en el BOE
El diputado del PP Fernando Enseñat preguntó por la garantía de la efectividad del traspaso de competencias en materia de costas por parte del Estado antes de que finalice la actual legislatura e insistió que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el Ejecutivo español han engañado de forma «permanente». A juicio de Enseñat, llevan tres años «jugando con la buena voluntad» de familias, empresarios y sector turístico, y «sobre todo, engañando a las familias de dos hoteles» de Fuerteventura con quienes «ustedes se han comprometido a defenderles, pero no han hecho nada», en referencia a los establecimientos hoteleros Oliva Beach y Tres Islas, que se encuentran inmersos en un contencioso con Costas que pone en peligro los puestos de trabajo vinculados a los dos alojamientos turísticos.
El equipo de Transición Ecológica que dirige José Antonio Valbuena ya ha enviado el expediente con su conformidad a los departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas, con el fin de refrendar el traspaso de medios económicos y humanos para ejercer la competencia, una vez culminadas en los últimos días las negociaciones con la Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica.
Aunque se ha barajado en varias ocasiones la posibilidad de hacer una excepción para que el traspaso se pueda hacer antes del 1 de enero, a día de hoy hay pocas opciones de que esto suceda. Ambas administraciones estuvieron negociando con el propósito de que el traspaso se iniciara el pasado 1 de julio pero no fue posible. Ahora con la llegada del verano y la elaboración de los presupuestos del Estado de 2023 a partir de septiembre se tendrá que reflejar la financiación que asumirá Canarias en Costas. De esta forma la competencia será efectiva a partir de 1 de enero con los nuevos fondos que se incluyan en las cuentas estatales.
La culminación de las negociaciones coincide en el tiempo con la respuesta del Gobierno central a una pregunta del senador autonómico y líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, a una pregunta en relación a las transferencias de costas. En su respuesta por escrito el Gobierno niega que se «resista» al traspaso de esta competencia y asegura que las dos administraciones «están en comunicación a fin de consensuar los términos definitivos del traspaso». De esta forma, una vez consensuados los contenidos del traspaso «el acuerdo se adoptaría por la comisión mixta de transferencias para, finalmente, ser aprobado por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin que pueda estipularse una fecha al respecto».
El Gobierno central niega que se resista a la transferencia, tras una pregunta de Fernando Clavijo
Esta respuesta quiere decir que, tras la comisión bilateral que se celebre a final de mes para ratificar el acuerdo, tendrán que sucederse dos trámites más que son el acuerdo en Consejo de Ministros y posteriormente su publicación en el BOE para que sea oficial.
Desde que hace algunos meses se cerrara qué competencias tendrá Canarias en la gestión del litoral, que estarán al mismo nivel de las comunidades que ya tienen transferida esta competencia, los dos gobiernos se han enredado con el personal y la financiación. El Gobierno canario se ha opuesto a los actuales medios con los que cuenta la Demarcación de Costas en las Islas por considerarlos escasos para el gran volumen de asuntos que tramita, algunos de ellos de especial complejidad para la Administración.
