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Los jesuitas denuncian tratos vejatorios en los CIE españoles

El Servicio Jesuita a Migrantes alerta de que los centros son un «territorio hostil» con deficiencias sanitarias y sin visitas de las ONG

Un grupo de inmigrantes sale del centro de Las Raíces. Andrés Gutiérrez

Trabas a la denuncia e investigación de agresiones policiales, carencias en la atención sanitaria y obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) alerta sobre estas tres deficiencias en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España en su informe Territorio Hostil. Formas de hostilidad en los CIE, en el que subraya la opacidad de la Dirección General de la Policía, que no ofrece datos sobre los internamientos, los acuerdos de devolución o las órdenes de expulsión. La organización, que apuesta por el cierre de los CIE, también saca a la luz malos tratos policiales como el uso de celdas de aislamiento, presencia de agentes durante los exámenes médicos, aceleración de las repatriaciones forzosas y hostigamiento a quienes llegan a denunciar agresiones.

El SJM califica el año 2021 como «singular», porque los CIE permanecieron cerrados o con una ocupación muy reducida. En concreto, los centros de Canarias –Barranco Seco (Gran Canaria), con capacidad para 112 migrantes, y Hoya Fría (Tenerife), con 238 plazas– interrumpieron el internamiento antes del verano y permanecieron cerrados hasta finales de año. Según las personas que pudieron visitar estas instalaciones constataron que la mayoría de los internos en las Islas procedían de Marruecos, Mauritana y Senegal, mientras que en los centros de la Península las nacionalidades son más diversas. Los migrantes llegados de manera irregular al Archipiélago albergados en los CIE están a la espera de ser repatriados en vuelos comerciales de Gran Canaria a El Aaiún (Sáhara). Con el inicio de la nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos se han reactivado las devoluciones a Marruecos y algunos migrantes podrían tratar de evitar su próxima expulsión del país. Los extranjeros detenidos para su expulsión pueden permanecer un máximo de 60 días en el CIE.

El informe revela agresiones de policías a personas internas, quienes se encuentran con trabas para denunciarlas y que se investiguen. Según el estudio, «con relativa frecuencia» en los CIE estallan conflictos en los que se producen agresiones físicas y verbales entre agentes y migrantes. También apunta que, pese a que los policías «están formados para desempeñar sus labores con profesionalidad y respeto, ajustando el uso de la fuerza cuando tienen que recurrir a la contención», se observan algunos casos de «trato irrespetuoso, agresiones físicas y morales». El SJM ha recogido el testimonio de migrantes que «quedan indefensos» ante la imposibilidad de denunciar el mal trato y sus agresores sin reproche disciplinario o penal, algo que es «especialmente grave cuando las víctimas, privadas de libertad, se hallan bajo el especial deber de custodia del Estado cuyos agentes vulneran sus derechos en vez de defenderlos».

Sin intérpretes

Desde hace años, los informes del SJM han reflejado una preocupación por las deficiencias crónicas en la atención médica y sanitaria a los internos. Según el estudio, falta coordinación interna entre las administraciones para compartir datos sobre el historial clínico de los internos derivados de otras instituciones y reclaman, entre otras medidas, que los servicios médicos de los vuelos de repatriación reciban un informe sobre el estado de salud de las personas repatriadas forzosamente. Además, señala que hay reconocimientos médicos que se realizan en presencia de agentes de policía, sin intérpretes y en las que se observan «distintas formas de menosprecio». Así, algunos internos han declarado que los facultativos no creían las patologías que manifestaban, pese a contar con informes médicos realizados en sus países de origen.

A pesar de que los migrantes internos en los CIE atraviesan una situación de incertidumbre sobre su repatriación forzada o puesta en libertad y han pasado por un duro viaje antes de llegar a España que impacta en su estado anímico, los centros no cuentan con un servicio especial para abordar los problemas de salud mental. El SJM ha observado casos en los que se combinaba la falta de atención a estas patologías con falta de escucha, desconfianza y desprecio hacia la descripción de los síntomas.

El SJM pone especial atención en la reforma del suprimido CIE de El Matorral, en Fuerteventura, que llevaba en desuso desde 2012. Después de seis años vacío, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó su cierre en el verano de 2018, pero ahora está prevista una importante remodelación, que cuenta con un presupuesto de 3,29 millones de euros. El informe también subraya que el nuevo modelo de CIE que se plantea desde el discurso político está muy lejos del modelo real de funcionamiento y de la normativa que regula estos centros. Con esto, las visitas del SJM a las personas internadas revelan «faltas de respeto a la dignidad y a los derechos humanos de los migrantes».

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