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Atención social

La mitad de los canarios que la requieren no piden declaración de dependencia

El responsable de Dependencia en la Diputación del Común presenta el informe del 2021 en el Parlamento regional

Felipe Afonso El Jaber E. D.

El adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso El Jaber, presentó en la mañana de este jueves, 2 de junio, el informe de la Dependencia sobre 2021 en el Parlamento de Canarias, "con humildad y un plantamiento constructivo", con el objetivo de mejorar la vida de las personas afectadas, sus familiares y cuidadoras. Además de reflejar la realidad en este ámbito de atención social, la institución también aporta una serie de propuestas para mejorar el servicio que ofrece la administración regional en este campo.

Afonso explicó que menos de la mitad de los canarios que requieren de la declaración de dependencia dan el paso para solicitarla. El portavoz de la Diputación del Común aseguró que unos 28.000 ciudadanos de la Comunidad Autónoma tienen declaración y reciben atención por su condición de dependientes.

Sin embargo, manifestó que "Canarias está muy lejos en la tasa de cobertura nacional" en Dependencia y que si se siguieran los criterios que establece la legislación habría que prestar ayuda a 30.000 dependientes más, es decir, más del doble de los que se atienden en la actualidad.

Cada día mueren nueve personas que esperan por la resolución del Gobierno autónomo

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En opinión de Felipe Afonso El Jaber, esta circunstancia no se debe a que en el Archipiélago exista una menor tasa de envejecimiento que en el resto del país, ya que las islas están solo siete puntos por debajo de la media nacional en este apartado. A juicio de dicho representante de la Diputación del Común, que los canarios pidan menos la declaración de dependencia puede deberse a tres factores principales, como son que asumen que nunca les va a llegar la ayuda, puesto que les han dicho que "eso no funciona"; la poca confianza en el sistema, así como que desconocen que tienen derecho a reclamarla.

Durante el pasado año, el 27 por ciento de las quejas que llegaron a la Diputación del Común estuvieron relacionadas con Dependencia y Discapacidad. Y para elaborar el citado Informe del 2021, la institución contó con las aportaciones de personas vinculadas a las organizaciones del Tercer Sector, familiares y asociaciones de familias, el Observatorio de la Dependencia, personal de los cabildos y de la Dirección General de Dependencia del Gobierno canario, así como colegios profesionales.

En opinión de Afonso, las personas afectadas, familiares y cuidadoras llevan "una vida dura", que se agrava por los retrasos en la tramitación de expedientes, así como la vulneración de sus derechos fundamentales, las listas de espera, la carencia de plazas de residencia o suficientes programas asistenciales.

Soledad

Recordó que, cada vez, hay más personas dependientes que viven solas o que solo tienen un hijo o hija. Y este familiar debe decidir si trabaja, tiene ingresos económicos y deja solo a su ser querido, o bien si deja de trabajar para cuidar a la persona que lo necesita. En otras ocasiones, esas situaciones se ven agravadas por el hecho de que carecen de una vivienda en propiedad o ambas se hallan en situación de vulnerabilidad.

Según el Observatorio de la Dependencia, en España el plazo establecido para aprobar las ayudas debe ser de 180 días (seis meses). En Canarias, ese periodo aumenta a los 943 días, es decir, 31 meses. La siguiente comunidad autónoma con peores datos en este ámbito es Andalucía, con un plazo de 263 días menos de espera. La media nacional se sitúa en 421 jornadas para obtener la prestación.

Felipe Afonso denuncia que en Canarias se vulneran derechos fundamentales

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En el caso del Programa Individual de Atención (PIA), los ciudadanos deben esperar en Canarias una media de 45 meses para la resolución de su caso, lo que supone 7,5 veces más el plazo legal estipulado. Actualmente, en el Archipiélago hay 6.900 dependientes que esperan por la revisión de su grado de dependencia. No todos se resolverán de forma favorable, pero, para saberlo, en las islas hay que esperar, de media, otros 45 días.

Si se presenta un recurso de alzada, pues el solicitante no está conforme con la resolución, el periodo de espera sube a 89 meses, según explicó Felipe Afonso.

El representante de la Diputación del Común recordó que el pasado año el Gobierno de España realizó un plan de choque para mejorar la realidad de la Dependencia en todo el país, pero en Canarias no se ha cumplido con los objetivos.

Poli Suárez pide el cese «fulminante» de Santana

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Poli Suárez, exigió ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asuma la gestión del área de Derechos Sociales, ante la «caótica» situación generada bajo la dirección de la consejera Noemí Santana. Tras conocer el Informe de Dependencia 2021 elaborado por la Diputación del Común, que asegura que «en Canarias se vulneran los derechos fundamentales de las personas dependientes», Suárez recordó que el Grupo Popular ha denunciado en varias ocasiones la «nefasta» gestión de la consejera, solicitando además al presidente del Ejecutivo canario el cese «fulminante» de Noemí Santana. «Hasta el momento, Torres se ha mostrado indiferente. Ha preferido complacer a sus socios de gobierno, para asegurar su estabilidad, obviando las denuncias de los miles de afectados y los informes demoledores aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y el Diputado del Común», expone. A su juicio, Torres tiene la obligación de ofrecer respuestas y aportar soluciones, «de atender con urgencia y eficacia la gravísima realidad de miles de canarios», manifestó Poli Suárez, preguntándose «qué más tiene qué pasar, cuántas personas más seguirán desatendidas, cuántas más tienen que seguir sin recibir la prestación a la que tienen derecho o cuántas más deben morir sin obtener una respuesta de su Gobierno». El diputado popular asegura también que «desde un primer momento», el Gobierno de Torres publicitó «hasta la saciedad» que su prioridad sería desarrollar políticas dirigidas a las personas, y «trató de vendernos el denominado escudo social, que hemos comprobado que no existe». «El escudo social de este Gobierno, que se define así mismo como progresista, ha sido un fiasco, un invento ficticio que ha llevado a la desesperación, que deja al borde del precipicio a miles de canarios», sentencia.| E.D.

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