«No hay ninguna posibilidad de financiar los 4.000 millones de euros del conjunto de las obras que quedan por encima de lo conveniado». Así de tajante se mostró el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, acerca de la «insólita» cláusula del convenio de carreteras que obliga a Canarias a asumir en solitario 54 de las obras incluidas en el anexo de este documento, ya que la financiación incluida no es suficiente para acometerlas todas. Esta cláusula, según está redactada, tampoco posibilitaría que estas infraestructuras viales fueran incluidas en un acuerdo posterior.
Rodríguez confío ayer en poder cambiar este punto apelando al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que recoge que las carreteras, como obras de interés general, las debe financiar el Gobierno de España.
En respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González en el pleno del Parlamento regional, el vicepresidente calificó como un «desaguisado» la inclusión de esta cláusula en el convenio de carreteras de 2018-2027, que suscribió con el Ejecutivo central el anterior Gobierno de Canarias, comandado por Coalición Canaria (CC). Y apuntó que el convenio «tiene tela», ya que a pesar de estar dotado con 1.200 millones, a los que se añaden 407 millones incorporados por la deuda del convenio anterior, el coste total de las obras incluidas en él supera los 4.000 millones de euros.
Y no solo esto sino que la inclusión de esta cláusula, que calificó como «terrible», obliga al Gobierno canario a hacerse cargo de los sobrecostes, por lo que confió en poder negociar con el Gobierno central para que estos excedentes se puedan añadir a otro convenio posterior.
La redacción de esta cláusula contrasta con la que se incluyó en el anterior, el de 2006-2017, que aunque sí detallaba que el Ministerio del Interior no asumiría sobrecostes más allá de lo estipulado en el documento, no incluía que las obras no pudieran ser objeto de financiación en sucesivos convenios.
Algo que Esther González achacó a la «nefasta gestión» del anterior Gobierno, ya que «ni un solo convenio anterior recogía este disparate, este dislate», agregó.
