Indignación en Hacienda: España olvida de nuevo pelear por el REF en Bruselas. La Consejería de Hacienda del Gobierno regional, que dirige Román Rodríguez (NC), vuelve a ser beligerante con la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en su tibia comprensión y defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario. Junto a su negativa a la ampliación de la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) o las restricciones en el comercio triangular de la Zona Especial (ZEC), el Ejecutivo de España ahora no está defendiendo en la Unión Europea que las Islas queden excepcionadas -en base al REF- en la tributación mínima del 15% en el impuesto de Sociedades, que se aplicaría con carácter general a grandes empresas, con una facturación anual superior a los 750 millones de euros.
«No hay por parte del Gobierno de España ninguna excepción presentada ante la UE para excluir a Canarias de la aplicación mínima de ese impuesto», espeta el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado. Cierto es que en los presupuestos de 2022 del Estado, tras un rifirrafe con la Hacienda estatal -y por una enmienda de NC, recalca-, se eximió a Canarias de que las grandes empresas tuvieran que pagar un mínimo del 15% en ese impuesto porque podía afectar a los incentivos de la RIC, la ZEC y a las deducciones a la inversión, instrumentos centrales del fuero canario, pero ahora es la Unión Europea la que estudia establecer ese impuesto, principalmente para controlar a las multinacionales tecnológicas.
Según Delgado, si llega aprobarse puede haber una veintena de grandes empresas en las Islas afectadas, sobre todo del sector turístico que tienen establecimientos permanentes en Canarias, pero el «verdadero problema» es el tratamiento incorrecto del fuero canario, sentencia. «No se trata de defender a los grandes o a los chicos sino que el REF no se debe aplicar según la facturación», sino para compensar la lejanía e insularidad de las Islas, enfatiza. «Sería la primera vez que el REF se ve limitado por la facturación de las empresas y eso es impresentable», remarca, porque sentaría un precedente introducir una limitación del uso de los incentivos para las empresas en función de su facturación.
El consejero remite cartas a Montero y Calviño para que la directiva de la UE no afecte a Canarias
«Si aceptamos ahora 750 millones de facturación como causa de exclusión de los incentivos del REF, ¿por qué no se podría plantear más adelante un tope, por ejemplo, de 100 millones de facturación para poder acogerse a dichos incentivos?», cuestiona el viceconsejero de Hacienda. Esta limitación la planteó la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) al objeto de controlar a los gigantes digitales, y la Unión Europea está en la línea de regularla.
Pero el pasado martes, Polonia bloqueó en el Ecofin, el órgano que agrupa los ministros de Finanzas europeos, el texto que traspone el acuerdo alcanzado en la OCDE el pasado otoño, un pacto de casi 140 países, para fijar ese suelo en todo el mundo.
Varsovia, que sí apoyó la iniciativa hace meses, evitó de nuevo que los Veintisiete lleguen a un punto común para trasponerla a la norma europea. La aprobación, al tratarse de un asunto fiscal, requiere que haya unanimidad entre los Estados miembros. Ha sido la segunda vez que el Ecofin ha abordado este debate.
Para Canarias, es «razonable esa tributación, pero se tienen que excepcionar a las RUP», recalca el viceconsejero. No se entiende muy bien que pese a las cartas que le ha mandado el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a la ministra del área , María Jesús Montero, a la de Economía, Nadia Calviño, además de al secretario de Estado para la Unión Europea, junto a diversas comunicaciones y gestiones con la Unidad RUP de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y con los representantes españoles en la Reper (Representación Permanente), en las negociaciones España no haya mencionado la excepcionalidad de Canarias en este asunto.
El freno de Polonia ha dado un respiro a las expectativas de las Islas, pero está en el orden del día del Ecofin y, por tanto, desde Canarias se reclama que el Gobierno de Pedro Sánchez no se olvide del Archipiélago y no trate este tema como un asunto menor. «Lo que hay que tener es voluntad política pero parece que España tiene asuntos más importantes», apostilla Fermín Delgado. Y es una gran «preocupación», que comparten economistas y asesores fiscales promotores del Manifiesto del REF, quienes entienden que se ha de excluir del ámbito de aplicación de la directiva comunitaria a las entidades que desarrollen su actividad económica en una región ultraperiférica, sobre la base jurídica del artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, que reconoce las especifidades de estas regiones de Francia, Portugal y España, como Canarias.
Polonia da un respiro al frenar en el Ecofín el tributo, que trata de controlar a los gigantes digitales
Los promotores del Manifiesto del REF muestran su preocupación porque esta propuesta de directiva, que va en la linea de la OCDE, de la tributación mínima , no toma en cuenta ningún matiz ni excepción. Aunque se haya dado un trato especial a las Islas en los Presupuestos estatales de 2022, a partir de 2023 habrá que aplicar la directiva europea -de salir adelante-, que establece un margen más amplio, pero no contempla excepeciones para grupos nacionales con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros.
Respecto al posible impacto en los incentivos fiscales del REF, podrían verse afectados (tras el periodo transitorio de cinco años) los grandes grupos nacionales y multinacionales con una cifra de negocios de al menos 750 millones de euros anuales, con un efecto aún más importante en los grandes grupos canarios con actividad esencialmente en el Archipiélago, pero además supone un retroceso para conseguir inversores en las Islas, como grandes grupos tecnológicos o energéticos interesados en los beneficios del REF, indican. Tanto los promotores del REF como la Consejería de Hacienda entienden que la manera de evitar este impacto sería prever una excepción para las RUP en la propia directiva, como se ha hecho en los impuestos especiales o en la directiva del IVA.
