El Gobierno canario se moviliza. El Consejo de Gobierno decidió ayer exigir al ministro Miquel Iceta que convoque de forma urgente la comisión bilateral Estado-Canarias para intentar resolver las discrepancias en torno a la reducción de las bonificaciones al sector audiovisual en el REF. Tienen dos meses para negociar. Si no hay acuerdo, Canarias acudirá al Tribunal Constitucional (TC).

El Gobierno estima que hay motivos para ir al Constitucional por el incumplimiento del Estado en el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario en las ayudas fiscales en el sector audiovisual, pese a que el Parlamento regional, en peso, emitió un informe desfavorable a una modificación del fuero canario que redujera el porcentaje de los incentivos para atraer producciones audiovisuales a las Islas. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, considera que tanto el real decreto ley donde el Gobierno central modifica el REF como la ley de medidas contra el fraude fiscal en lo que afecta al fuero canario contravienen las reglas del REF y, por lo tanto, se ha de acudir al Constitucional, pero antes de hacerlo ha activado, por primera vez, el articulo 167 del Estatuto de Autonomía convocando a la comisión bilateral Estado-Canarias para tratar este asunto.

Ayer el Consejo de Gobierno acordó, tras escuchar los informes jurídicos, solicitar al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, esa reunión urgente de la comisión bilateral entre ambas administraciones. Canarias reclama que se cumpla el diferencial del 80% con respecto a la Península, como establece el REF, que supondría 18 millones de euros de límite máximo en las bonificaciones en vez de los 12,4 millones que el Estado ha aprobado para las producciones audiovisuales, 2,4 millones más que en el resto del territorio nacional pero por debajo de ese porcentaje del REF.

Para las Islas, aunque aumenta la cuantía de 5,4 a 12,4 millones, se incumple el REF y así se acordó en el informe del Parlamento canario con la firma de todos los grupos políticos, un documento al que el Congreso no hizo caso el pasado miércoles y optó por modificar el REF.

Según el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, no sería la primera vez que ha habido conflictos con el Estado que han llegado al Constitucional, como, recordó, el decreto turístico de Canarias donde solo se pedía el test de antígenos del Covid.

Torres explicó ayer que ya se ha remitido una carta a Iceta y ha mandado al Congreso, al Senado y al Constitucional las actuaciones que van a realizar.

Ante las críticas de la oposición de que no actúa y es sumiso al Gobierno de Pedro Sánchez, recalcó que la oposición «está mezclando el deseo y la realidad», porque desea que deje de ser presidente, sobre todo en referencia a CC, pero insistió que tanto en el Gobierno como en el Parlamento canario ha votado a favor de emitir un informe desfavorable a los cambios del Estado sobre el sector audiovisual en el REF. «Me acusan que no defiendo a Canarias y se dan de bruces con la realidad; defenderé a Canarias sea quien sea quien esté en el Gobierno porque antes es Canarias». Al presidente le gustaría que CC explique porqué aceptó en 2017 y 2018, cuando gobernaba el Archipiélago, que las bonificaciones al cine fueran menos del 80%. Si no hay acuerdo con el Estado en este asunto, el procedimiento es ir al TC y no al Tribunal de la UE, concretó en una entrevista en Televisión Canaria.

Por otro lado, la Mesa del Parlamento de Canarias acordó ayer solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre la posible vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española en relación con la aprobación de Real Decreto Ley, sin remisión previa para informe de la Cámara regional, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, modificándose el REF. Al mismo tiempo, la Mesa solicita al Consultivo que emita su parecer sobre la aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias en relación a los efectos suspensivos de las normas en tramitación ante las Cortes Generales una vez que el Parlamento ha emitido informe preceptivo desfavorable.

Por otra parte, acordó dirigir al Ministerio de Hacienda una queja formal en relación a la no remisión, para informe previo del Pleno del Parlamento, de este Real Decreto Ley, tal y como establecen el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.

La Mesa de la Cámara le recuerda al Gobierno de España la obligatoriedad de las comunicaciones previas en los asuntos relacionados con el REF de Canarias, algo que se ha incumplido.