Los cuatro partidos que sostienen el Gobierno regional –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera– se negaron ayer a que el decreto ley que flexibiliza la normativa para facilitar la reconstrucción de las viviendas destruidas en La Palma por la erupción –o en su caso la construcción de una nueva– se tramite en el Parlamento como proyecto de ley. Aunque tanto la diputada del grupo mixto Vidina Espino como la nacionalista Nieves Lady Barreto insistieron en la necesidad de que se permitiera «mejorar» en la Cámara el texto del Gobierno –Barreto se afanó para dejar claro que esto en ningún caso supondría que el decreto dejara de estar en vigor o perdiera sus efectos–, los grupos del cuatripartito consideran que los cambios normativos del Ejecutivo son los necesarios para ayudar a las familias en la construcción o reconstrucción de su nuevo hogar.

No obstante, y precisamente para no entorpecer en lo más mínimo la ayuda a los damnificados del volcán, CC votó a favor de la convalidación del decreto, que salió así adelante con la única abstención de Espino. La principal petición de la diputada del grupo mixto y de su homóloga de CC era que el ámbito de aplicación de la nueva normativa urbanística se extendiera a toda La Palma y no solo al Valle de Aridane, lo que facilitaría la búsqueda de suelo para levantar nuevas viviendas. El PSOE avanzó que esta posibilidad está en estudio pero precisó que ahora toca blindar la «seguridad jurídica».

La defensa más cerrada del decreto no fue, sin embargo, la de los partidos del Gobierno, sino la del PP. Su diputada Lorena Hernández Labrador pidió que no se «embarre» el debate y se desmarcó de la solicitud de Espino y de CC para tramitarlo como proyecto de ley.