El senador del PP por Gran Canaria Sergio Ramos ha adelantado hoy que ya ha solicitado al Ministerio de Interior que detalle el presupuesto de las carpas del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife en las que, según el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se han gastado 2,1 millones de euros mientras que el proyecto que presentó la Dirección General de Policía para la nueva solicitud de licencia lo cifra en prácticamente la mitad (1,3 millones de euros).

Anselmo Pestana es un mentiroso compulsivo que se ha entregado de manera absolutamente ridícula al sanchismo y a Ángel Victor Torres, olvidándose de que a quien representa es a los ciudadanos de Canarias”, ha señalado el senador popular, al tiempo que le insta “a dejar de mentir sobre el CATE de Arrecife y hacer más caso a los ciudadanos de Lanzarote que a su partido”. Ramos ha visitado este jueves la zona donde están colocadas las carpas, en la trasera de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife, y el mirador de Guinate donde Interior pretendía colocar el nuevo Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). La obra se trasladará hasta otra ubicación cercana.

Ramos interpelará la próxima semana en pleno al ministro de Migraciones, Jose Luis Escrivá, para "pedirle explicaciones de lo que han hecho o, más bien, no han hecho, en materia de inmigración si tenemos que en 2020 arribaron a Canarias 23.000 pateras, en 2021 llegaron a nuestras costas 22.000 personas y el primer mes de 2022 ha sido el peor mes de enero desde que se tienen registros con la llegada a las islas de unas 3.000 personas”. Durante su visita a la isla, el senador popular mantuvo un encuentro con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, quien trasladó a Ramos su preocupación por la instalación ilegal en el centro de la ciudad del campamento de carpas para la acogida temporal de migrantes, en un suelo que cuenta con un informe desfavorable de Protección Civil por riesgo de inundación de aguas fecales cuando llueve. La alcaldesa se mostró contraria a la imposición de este centro por decreto que, tal y como insistió, “no reúne las condiciones para una atención digna a los inmigrantes que llegan a nuestras isla, como ya ocurre con las naves que se encuentran completamente hacinadas”.

"El SIVE, símbolo de la desidia"

Ramos lamentó que, después de tantos años y de tantas iniciativas para que se instalase el radar SIVE que dejó comprado el gobierno de Rajoy, el Gobierno de Sánchez decidiese instalarlo en medio del mirador. “Esta obra se ha convertido en el símbolo de la desidia, el caos y el abandono al que el Gobierno de España y el ministro Grande-Marlaska tiene sometidas a las islas”, declaró, “y por tanto, volvemos a exigir la instalación inmediata del radar porque la prioridad es salvar vidas y evitar más muertes en el mar”.

“Aunque Ángel Victor Torres nos culpe de usar la migración políticamente, el PP no va a dejar de denunciar un solo día lo que está pasando. Llevamos más de 4.000 muertes en el mar de Canarias y de esto el Partido Socialista no quiere hablar”, denunció el senador del Partido Popular.

Menores extranjeros no acompañados

Respecto a los menores extranjeros no acompañados, el representante popular en la Cámara Alta secundó las recientes palabras del presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, destacando que “es necesario acometer cambios normativos para habilitar un procedimiento legal a través del cual menores y adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en España, y cuyos padres estén perfectamente identificados en su país de origen, puedan ser devueltos a su seno familiar con todas las garantías legales que les asisten como menores”. Un planteamiento que los populares ya enviaron a la Ponencia de inmigración del Senado el pasado junio y de la que no han tenido respuesta. Ramos ha vuelto a criticar que el Partido Socialista haya paralizado una ponencia por la que han pasado una treintena de comparecientes. El senador lamentó que tanto Torres como la consejera Noemí Santana no hayan hecho nada en esta materia cuando “desde hace un año el Defensor del Pueblo alertó de la llegada masiva de menores y de que Canarias no iba a tener capacidad para acogerlos”.