El colapso de los menores migrantes entra en la Comisión Canarias-Estado

La última semana de febrero coincidirán en las Islas la Comisión Bilateral Canarias-Estado y la Conferencia de Presidentes, ésta última en La Palma, con la problemática de los menores migrantes como uno de los principales asuntos a tratar por petición del Gobierno regional. El Ejecutivo quiere que haya un mayor grado de implicación en la gestión del fenómeno migratorio por parte de las instituciones estatales, europeas y autonómicas ante el «desbordamiento» que están sufriendo los centros de acogida habilitados por las administraciones canarias.

La Comisión Bilateral lleva varios meses aplazándose debido a que las negociaciones para la transferencia de costas a la Comunidad Autónoma se dilataron durante el año pasado hasta que en diciembre se alcanzó un acuerdo político para que las competencias de Canarias sean similares a las de comunidades que ya cuentan con la gestión del litoral, como Andalucía y Cataluña. En el marco de la Comisión Bilateral Canarias-Estado tendrá lugar la comisión mixta de transferencias para sellar el acuerdo político por el que Canarias recibirá las competencias en costas, defensa de la competencia y control de las haciendas locales.

No está previsto que se traten las reclamaciones empresariales sobre la RIC y el REF



En el orden del día de la comisión, además de las transferencias, el Ejecutivo anunció ayer tras el Consejo de Gobierno que se incluirá en el orden del día la petición por parte de la Comunidad Autónoma para que el Estado y la Unión Europea asuman sus responsabilidades en la distribución de los menores no acompañados que llegan a las Islas desde las costas africanas. El portavoz del Gabinete, Julio Pérez, señaló que «tenemos 2.800 menores acogidos y solo algo más de 200 han podido ser atendidos en otras comunidades. Si lo voluntario no funciona habrá que pensar en lo forzoso» y admitió el desbordamiento de las instalaciones «tanto ordinarias como extraordinarias» como denunció recientemente la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano. Pérez manifestó su comprensión a las declaraciones de Serrano, que advirtió que el siguiente niño que llegase iba a tener que ser atendido en comisaría por la falta de plazas. El portavoz del Ejecutivo, como ya hizo el presidente Ángel Víctor Torres, aseguró que Canarias seguirá atendiendo a los menores por «obligación legal» y por «deber moral» pero que seguirán exigiendo que haya cambios legales para obligar a las comunidades autónomas a acoger menores.

Con la presencia en la última semana de febrero de representantes del Gobierno central para la comisión bilateral se han ajustado las fechas para que se celebre en La Palma la Conferencia de Presidentes, que estaba prevista que se celebrara en el mes de enero pero se aplazó debido, entre otros motivos, a la evolución de la pandemia de Covid. Pérez ha señalado que a esta reunión están invitados las 17 autonomías así como otras autoridades con el fin de escenificar también la solidaridad y el apoyo de todas las comunidades a la isla bonita tras la erupción volcánica.

Lo que no está previsto que se incluya en la agenda de la comisión bilateral son las reclamaciones sobre la ampliación de los plazos de materialización de la Reserva para Inversiones (RIC) y la adaptación del Régimen Económico y Fiscal (REF) a la crisis económica provocada por el Covid. Julio Pérez recordó el debate parlamentario que generó esta problemática y que entre las dos administraciones han habido «intercambio de comunicaciones» sin que hasta el momento hayan fructificado las gestiones.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un Plan Marco de Medidas Antifraude para garantizar que los fondos del Mecanismo europeo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR) se utilicen adecuadamente. El documento se aplicará a todos los departamentos autonómicos y personal que gestionan fondos del citado instrumento. El acuerdo obedece al mandato de la Comisión Europea para que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en los planes nacionales de recuperación disponga de un plan antifraude que permita «garantizar y declarar», en su respectivo ámbito de actuación, que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en lo referido a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El documento aprobado ayer por el Gobierno incluye cuatro tipos diferentes de medidas: de prevención, de detección, de corrección y de persecución.

Asimismo se aprobó un proyecto de decreto por el que se incorpora el trámite electrónico tanto en el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones como en el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, quejas y denuncias que se produzca por parte de los usuarios de los servicios turísticos, de restauración y hostelería.

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