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Consejo de Gobierno | Partidas sociales

El Gobierno de Canarias inyecta 180 millones a los cabildos para dependencia y centros

La financiación plurianual se extiende hasta final de 2022 para sufragar las residencias, centros de día y prestaciones para menores y discapacidad

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la titular de Economía y Empleo, Elena Máñez, ayer en el Consejo de Gobierno. MIGUEL BARRETO (EFE)

El Gobierno canario inyecta casi 180 millones de euros hasta final de 2022 a los cabildos para gestionar varias prestaciones sociales, entre ellas la dependencia, la discapacidad y los menores. Se trata de la financiación plurianual suscrita en 2018 por la Comunidad Autónoma y las corporaciones insulares hasta el 31 de diciembre de 2022 para que las islas gestionen los servicios de reconocimiento de la situación de dependencia, menores de seis años, mayores y personas con discapacidad.

La financiación aprobada ayer por el Consejo de Gobierno es la cantidad total que aporta el Ejecutivo a los cabildos y en la que se incluye el aumento del precio por plaza y el incremento de algunas prestaciones para que se generen más plazas. Por este convenio plurianual la Comunidad Autónoma aporta sus fondos para sufragar las residencias de mayores, los centros de día, el servicio de promoción de la autonomía personal y otras prestaciones. El resto de los fondos son de los cabildos.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, ha tramitado con todos los cabildos la suscripción de lo que son las terceras adendas de modificación y prórroga de los convenios de cooperación, suscritos en 2018 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Tenerife, con 77 millones, y Gran Canaria, con 66, islas que reciben más fondos

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La isla que recibe más fondos autonómicos para estas prestaciones sociales es Tenerife con 77,9 millones de euros, mientras que Gran Canaria recibe 66,3 millones. También se realiza un importante esfuerzo presupuestario con La Palma, que dispondrá de 17,4 millones, mientras que Lanzarote recibirá 10,2 millones. Fuerteventura –2,7 millones–, El Hierro –2,5 millones– y La Gomera –2,4 millones– cierran esta financiación que llega en las postrimerías del año y con la cual los cabildos desarrollarán los programas sociales realizados este año y los de 2022.

También el Consejo de Gobierno de ayer aprobó una partida social destinada a los ayuntamientos canarios por un montante de 38 millones de euros. Con esta cantidad la Comunidad Autónoma contribuye a las actuaciones de las corporaciones municipales en materia social, concretamente a las actuaciones relativas a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, mediante la tramitación anticipada para el año 2022.

Estos 38 millones de euros suponen un incremento del 15,7% con respecto a 2021 (un total de 6.010.944 de euros más). Esta cantidad podrá verse incrementada en, al menos, 3,2 millones de euros, ascendiendo el crédito total hasta los 41,2 millones, en función de los fondos estatales para el Plan concertado de Prestaciones Básicas que se deben distribuir el próximo año.

El Ejecutivo destina 38 millones a los ayuntamientos para los servicios sociales municipales

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La Consejería de Derechos Sociales y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) prevén suscribir un protocolo general de actuación que tiene como fin que los ayuntamientos puedan seguir dando continuidad a los programas que desarrollan en el ámbito de los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social. Además, se financian los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social. Esta financiación es clave para que los municipios puedan asumir la gestión de estas actuaciones.

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