Los ayuntamientos canarios seguirán disponiendo de la flexibilidad suficiente para destinar más financiación a cubrir el gasto social como consecuencia del impacto de la crisis provocada por la pandemia y, en el caso de los municipios palmeros, por las secuelas de la erupción volcánica. El alivio de la regla por la cual el 50% del Fondo Canario de Financiación Municipal hay que destinarlo a sanear las arcas de las corporaciones locales para reducir la deuda supone que se permita gastarlo en políticas sociales y ayudas de emergencia para las familias más vulnerables.
La norma del Fondo es que de las partidas que recibe cada ayuntamientos la mitad es de uso libre para financiar políticas municipales y el otro 50% es para reducir deuda. Debido a la pandemia, en 2020 se modificó la ley que regula este instrumento para que de forma excepcional y mientras durase la crisis sanitaria los ayuntamientos pudieran destinar ese 50% para el saneamiento a gasto social. El viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo regional, Antonio Olivera, indicó ayer tras el Consejo de Gobierno que, dadas las circunstancias provocadas por la crisis del covid y ahora también en la isla bonita por la erupción volcánica, se prolonga la autorización para que el 50% del Fondo local vaya a partidas sociales.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la distribución de 2,38 millones de euros entre los municipios de Canarias, tras el ajuste de las partidas del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2019, cuyo importe definitivo asciende a 287,7 millones de euros con este reajuste. Según recoge la ley, el importe del Fondo en cada ejercicio se actualiza de forma provisional, en función de la evolución de las previsiones iniciales de los ingresos no financieros consolidados de las leyes de presupuestos autonómicos.
La reunión del Ejecutivo también dio el visto bueno a la ampliación hasta 2024 del II plan de infraestructuras sociosanitarias con el fin de reajustar la programación de obras y de partidas debido a los retrasos acumulados por la pandemia en 2020 y ante la llegada de fondos europeos comprometida por el Ministerio de Derechos Sociales a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Según explicó Antonio Olivera, el plan prevé una inversión global de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta más de 161 millones y los cabildos los 100 millones restantes. El objetivo es crear 5.466 nuevas plazas.
Esta modificación en el convenio tiene como objetivo incluir, por un lado, el nuevo marco legislativo que introduce la financiación de proyectos y programas con cargo a los fondos Next Generation EU (excepto para los cabildos insulares de Fuerteventura y La Gomera cuya financiación es exclusivamente con cargo a los fondos propios del Gobierno canario) y, por otro, reajustar las cuantías de las anualidades 2022 y 2023, así como de las cuantías correspondientes a una nueva anualidad 2024. La prolongación y reajuste del plan ha sido acordada por la Consejería de Derechos Sociales y los siete cabildos insulares.
