Los partidos del Parlamento de Canarias coinciden: se ha de cerrar ya con el Gobierno de España el conflicto en la deuda de mil millones por las sentencias en carreteras, pues en marzo se llegó a un acuerdo con el Estado que aún no se ha cristalizado. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, aseguró ayer en el pleno de la Cámara regional que antes de final de año se firmará la adenda del convenio de carreteras, acordada hace siete meses con el Ministerio de Transportes, pero que todavía está pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Esta adenda supondrá una inversión de 407 millones de euros en los años 2026 y 2027 -años en los que el convenio de carreteras suscrito por el anterior Gobierno canario no había consignado partidas, subrayó Franquis-, y viene a «cerrar y encauzar» definitivamente el conflicto de la deuda de carreteras por las sentencias.
El consejero socialista recordó que este problema lo generó el Gobierno de Mariano Rajoy con los recortes al convenio de carreteras suscritos con Canarias, y cuyo incumplimiento dio lugar a cuatro sentencias favorables a las Islas. El Estado adeuda por estas sentencias mil millones de euros a Canarias, de los que 500 millones corresponden a obras ejecutadas y que financió el Gobierno de Canarias, y cuyo pago se computaron como superávit. De estos recursos, que Franquis garantizó que se usarán para lo que decida la Comunidad y no para carreteras, ya se han consignado en los presupuestos estatales 300 millones (100 este año y 200 el próximo) y hay un acuerdo para que los restantes 200 millones se entreguen en 2023.
NC exige al Gobierno canario «firmeza» ante Hacienda para que suscriba las dos nuevas anualidades
El consejero recalcó que los 100 millones de este año se transferirán en las próximas semanas. Asimismo, indicó que en los presupuestos del próximo año se han consignado otros 210 millones en cumplimiento del convenio actual, una anualidad vigente hasta 2025, y los 407 millones pendientes de la deuda de las sentencias se incorporan a las anualidades del convenio en 2026 y 2027, que es cuando finaliza el concierto actual.
En este contexto, Franquis aseveró que antes de 2027 negociarán otro convenio con el Estado para realizar las 69 obras que tienen programadas y para las que solo hay consignados un 20% de su presupuesto.
El consejero respondió así a las críticas de la diputada de CC, Rosa Dávila, sobre la inacción del Estado y de Canarias en cumplir las sentencias de carreteras. Ante ello, Franquis instó a Dávila a que reconozca el «logro» del Gobierno de Canarias en el desbloqueo de la deuda en las vías canarias, gracias a su política de «diálogo» y no de «confrontación» con el Ejecutivo de España. «Parece que le molesta» que 300 de los 1.000 millones adeudados ya estén consignados en los presupuestos», mencionó el consejero de Obras Públicas en varias ocasiones, al tiempo que volvió a recordar que el resto de recursos ya están encauzados.
Rosa Dávila contestó que, gracias a esa supuesta política de «confrontación» y «bronca», el anterior Gobierno de Canarias pudo recuperar esos mil millones de euros en los tribunales, pero lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez esté retrasando la adenda, cuya firma se había anunciado para final de 2020 primero, para Semana Santa después y aún carece de fecha. Dávila afirmó que de esos mil millones de euros ganados en los tribunales «Canarias aún no ha visto ni un céntimo», puesto que los cien millones que aparecen en el presupuesto estatal de 2021 aún no han sido transferidos. Y sobre los 407 millones de la adenda, la diputada de CC denunció que están retenidos en el Ministerio de Hacienda que actúa en este asunto como «un trilero».
CC tilda de «trilero» al Estado y denuncia que las Islas no han visto «ni un céntimo» de las sentencias aún
Esther González, de Nueva Canarias, partido socio en el Gobierno regional, coincidió con CC en que el Estado se ha demorado en la firma de la adenda y exigió «firmeza» al Ejecutivo canario ante Hacienda, porque este acuerdo debería estar suscrito ya y ahora la previsión es que se firme antes de diciembre. A su juicio, los 407 millones de la adenda, que son obras que se van realizar previamente, también deberían generar intereses que ha de sufragar el Estado.
El diputado del PP, Manuel Domínguez, subrayó que el problema no es de dinero sino de ejecución, de planificación y de proyectos y la realidad es que las carreteras siguen colapsadas. Al respecto, Franquis contestó que hay compromisos de gastos de 19 obras que ya rondan el 76% de la ejecución del presupuesto de este año y de aquí a final del ejercicio se va a incrementar ese nivel de ejecución.
