Descontento en la patronal canaria con el «maquillaje» de la inversión prevista para el Archipiélago en los presupuestos generales del Estado. Los empresarios consideran que los fondos que las Islas reciben por su Régimen Económico y Fiscal (REF), es decir, partidas como las del plan de infraestructuras turísticas o el programa de lucha contra la pobreza, no deben tenerse en cuenta a la hora de ver si la inversión en la Comunidad Autónoma está por encima o por debajo de la media estatal. El argumento es que los fondos del REF son un mandato legal, no son cantidades que dependan de la voluntad del Ejecutivo central de turno, con lo que tampoco sirven para medir su mayor o menor grado de compromiso con Canarias. En definitiva, recuerdan desde la patronal, son dineros que están en los presupuestos estatales porque tienen que estar, por más que los incumplimientos y olvidos a lo largo de los años hayan sido constantes. Sin embargo, el malestar entre el empresariado es aún mayor en esta ocasión porque también se consideran dentro de la inversión los 200 millones que el Estado va a transferir para saldar parte de la deuda por el recorte unilateral –en tiempos del PP– del convenio de carreteras. Parte del dinero que una sentencia firme obliga a Madrid a transferir a la Comunidad Autónoma acaba computando así como inversión. «Si le quieren dar a Canarias la media de la inversión, que lo hagan, y si no, pues que no lo hagan, pero que no lo maquillen», explicó ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara.
«Si mezclas los recursos del REF con los recursos presupuestarios, si sumas todas las cantidades, parece que la foto es mejor de lo que es», agregó por su parte el secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso. Los representantes de las dos grandes patronales provinciales recordaron que los 200 millones de euros de la deuda de carreteras son una cuestión «extrapresupuestaria», una cifra que efectivamente hay que consignar en las cuentas del Estado pero que no debe tomarse como si de una inversión ordinaria se tratara. «Sorprende lo de los 200 millones de carreteras», subrayó el secretario general de la CEOE-Tenerife, que expuso que si se compara el presupuesto del Estado para este año con el proyecto para el próximo ejercicio «no se ve un crecimiento tan importante». En esta línea, Alfonso añadió que los 200 millones en cuestión «se incorporan como gasto» pero en el fondo se pierden de inversión, «sobre todo en Tenerife, si sumas que no hay financiación para el cierre del Anillo Insular, para la terminal del aeropuerto del sur... Al final resulta que se va a mantener el gasto». «No son unos presupuestos todo lo buenos que podrían ser», sentenció.
Manrique de Lara, molesto porque se haga, a su juicio, un totum revolutum con las partidas del REF y las estrictamente presupuestarias, quiso «dejar muy claro» que la patronal en ningún caso «va a renunciar al logro, concedido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado después por el de Mariano Rajoy, de separar el REF de la financiación ordinaria». «Esto es algo irrenunciable, porque sería tanto como acabar con nuestra singularidad y volver a un tema absolutamente superado», enfatizó el presidente de la CCE. «A partir de aquí, que muestren con Canarias la sensibilidad que quieran, pero que lo sepamos, que no maquillen», insistió el representante de la CCE.
Tanto en la Confederación Canaria de Empresarios como en la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife se limitan por ahora a señalar los defectos en el cálculo del global de la inversión en las Islas. Los expertos de ambas patronales analizarán en detalle el proyecto de presupuestos del Estado para 2022 en los próximos días. No obstante, tanto en la CCE como en la CEOE-Tenerife tienen claro que para comprobar si se llega o no la media nacional de inversión han de excluirse las partidas del REF. En este sentido, desde la CCE recordaron que la Ley del Régimen Económico y Fiscal establece con claridad que una cosa son los dineros que vienen por el cumplimiento del fuero y otra, las partidas que puedan estar o no en las cuentas públicas.
Las partidas, en definitiva, que sí dependen de la voluntad del gobierno de turno.
La normativa del REF, explicaron desde la patronal, determina que «la existencia de un régimen económico y fiscal específico en el Archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del gasto público estatal corriente y de inversión destinable a las Islas en ausencia del mismo».
Además, en la patronal puntualizan que las cuentas del Estado para el próximo ejercicio son expansivas por la ingente cuantía de los fondos extraordinarios europeos. Un dinero proveniente de las arcas comunitarias que deberá canalizarse hacia las Comunidades Autónomas en los capítulos de inversión, esto es, los capítulos VI –inversiones reales, las que ejecuta directamente la Administración General del Estado– o VII –transferencias de capital, donde se consignan los dineros que se transfieren a las autonomías o entidades locales para que sean estas las que lo inviertan–. Sin embargo, los empresarios echan en falta, al menos en el caso de Canarias, una mayor inversión gracias a esa financiación extraordinaria de Bruselas. Máxime cuando el Archipiélago ha sido, junto con Baleares, la comunidad más golpeada por la crisis de la covid-19.
