El Archipiélago recibirá 122, 5 millones de euros para activar la economía de los cuidados. El objetivo de estos fondos, que procederán del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea (UE) y se repartirán en tres anualidades, será mejorar la atención social y a la dependencia en Canarias.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se trasladó ayer a las Islas para firmar junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres, el nuevo convenio de colaboración que incluye la ejecución de nueve proyectos diferentes. Los fondos comenzarán a llegar este año, cuando está previsto que se transfieran 34 millones de euros, que se completarán con 41,9 millones de 2022 y 46,5 millones el año siguiente.
Belarra admitió que la pandemia ha demostrado los límites del modelo que existía en todo el país para los cuidados de mayores y dependientes. «La atención residencial no ha sido suficiente», añadió, por lo que sostuvo que con estos fondos se trata de «poner nuevos cimientos para que la reconstrucción se base en nuevos ejes».
De esta manera, explicó que con esta inversión se tratará de asegurar la transformación de un modelo enfocado en la atención residencial hacia un modelo de atención domiciliaria, de atención en cercanía, así como reforzar la red de centros de día y asegurar la teleasistencia, ya que en su mayoría los mayores «preferiría permanecer en casa todo el tiempo que fuera posible», para no perder la vinculación con su entorno y los suyos.
Un proyecto «ambicioso», según la ministra, que cumple además dos objetivos «fundamentales»: cuidar más y mejor a las personas y también diversificar la economía. Belarra aseguró que la pandemia también ha hecho que seamos más conscientes que nunca de la alta dependencia que existe hacia el modelo turístico. «Tenemos que apostar por una economía de cuidados porque no se puede deslocalizar y nunca paran», resaltó, tal y como ha quedado demostrado también durante la emergencia sanitaria del último año y medio, algo que no ha ocurrido con otros sectores de actividad. Por eso, insistió en la necesidad de invertir en este modelo ya que así podrían garantizarse «empleos dignos» en un sector que además está tremendamente feminizado.
La también secretaria general de Podemos reconoció que el Gobierno central es consciente de la «enorme dureza» con la que la crisis ha golpeado al Archipiélago y lo difícil que ha sido este año y medio para los canarios. «Hemos hecho un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para responder» a esta situación, insistió y a pesar de ser conscientes de los «límites del escudo social», avaló que mecanismos como la paralización de los desahucios o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido los «correctos» para proteger a la gente.
Belarra reconoció que estos fondos son un primer paso para lo que considera una «reconstrucción» de la economía tras la pandemia, en lugar de «recuperación», porque la crisis ha demostrado que el modelo previo «no ha sido suficiente».
El presidente canario se encargó de desglosar por partidas los 112,5 millones. Las principales propuestas se centran en la modernización de los recursos de los que dispone la comunidad autónoma, con una inversión de 72 millones para ampliar la oferta de plazas en la asistencia residencial. Además, estos proyectos innovadores plantean alternativas como el cohousing, el desarrollo de aplicaciones para hacer más accesibles los edificios públicos a las personas con discapacidad, planes de vivienda compartida para mayores que no quieren abandonar su entorno o una red de contactos que logre conectar a familias con cuidadores.
Torres también destacó los l8,8 millones de euros para impulsar un modelo innovador que pasa por ampliar el catálogo de cuidados con una teleasistencia y ayuda a domicilio diseñada para quienes quieran mantenerse en su entorno, en sus hogares. También dio detalles de un programa de viviendas colaborativas, dotado con 6 millones, o los 12 millones previstos para modernizar y mejorar las infraestructuras de los centros de internamiento educativo de menores.
«Todas estas partidas económicas responden a la Ley de Dependencia, frente a años anteriores en los que no había partidas para esta ley de 2006, que situó a Canarias en los peores parámetros», subrayó.
Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, aseguró que “esta partida económica nos va a permitir cambiar completamente el modelo de cuidados del Archipiélago y convertirlo en una referencia, más moderno y eficaz».
