Canarias afrontará tras el verano algunos de los asuntos de la agenda autonómica y estatal que marcarán el grado de recuperación económica a la que aspira tras la grave crisis consecuencia de la pandemia sanitaria y sus efectos sobre el turismo. La Conferencia de Presidentes del pasado 30 de julio en Salamanca parece haber dado paso a un nuevo escenario del debate territorial en plena pugna por el reparto de los fondos europeos de recuperación, el anunciado inicio de la reforma del sistema de financiación autonómica, y el trato que el Gobierno dará a las distintas autonomías en los Presupuestos estatales del próximo año, cuyo anteproyecto se remitirá a las Cortes, con toda probabilidad, antes de finalizar septiembre.
La cumbre de presidentes de la capital charra, sin que en sí misma fuera trascendental ni marcara un hito en las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sí dejó la sensación de que abre un nuevo contexto por las condiciones en que cada uno de los territorios vaya a afrontar la postpandemia una vez decaigan las medidas de ayuda estatal, y el «escudo social» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido poniendo en marcha desde hace año y medio, más allá del hecho de que en lugares como Canarias hayan sido insuficientes.
La evidente territorialización que se está produciendo en todo debate respecto a cualquier medida estatal o europea para afrontar la recuperación, está marcando la nueva agenda autonómica y será determinante en la segunda parte de la legislatura que les queda por delante tanto al Gobierno central como a la mayoría de los presidentes regionales.
El Gobierno canario del socialista Ángel Víctor Torres, muy presionado por sus socios del pacto de las flores, está poniendo en marcha en este marco una estrategia de visualización de la condición de Canarias como territorio más castigado económicamente por los efectos de la pandemia. Con ello trata de situarse y marcar posición frente a las dinámicas de otros ejecutivos regionales: por una parte los del PP, muy combativos frente a Sánchez por la estrategia del líder del partido, Pablo Casado, de intentar acortar la legislatura, y por el efecto arrastre que está provocando el fenómeno político en que para ellos se ha convertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por otra parte las diversas estrategias de las comunidades gobernadas por los nacionalistas, Cataluña y País Vasco, o el protagonismo y peso de los gobernantes del PSOE, como el valenciano Ximo Puig, y la balear Francina Armengol, o los barones más críticos que gobiernan en Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón.
Inicio de una etapa
La idea de que se está ante el inicio de una nueva etapa del debate autonómico se sustenta en parte en la evidencia de que Cataluña está empezando a entrar, tras el paréntesis que supuso el procés, en una senda de negociación con el Estado y en los foros multilaterales con el resto de Comunidades Autónomas. Así, aunque el presidente catalán, Pere Aragonés, eludió participar en la conferencia de Salamanca y se remitía a las relaciones bilaterales, sí lo hizo el consejero de Hacienda la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y lo están haciendo ya el conjunto del Govern en las conferencias sectoriales junto al resto de autonomías, como en la del pasado lunes sobre los fondos europeos.
Una semana después de Salamanca, el Gobierno central acelera el pago de la deuda en inversiones en Cataluña y desencalla 200 millones y se pacta el controvertido plan de inversiones para el aeropuerto del Prat.
El factor catalán marcará sin duda la nueva agenda autonómica, sobre todo por el hecho de que algunos líderes autonómicos, sobre todo los del PP, consideran que el Gobierno de Sánchez va a conceder privilegios a esa comunidad a cambio de mantener activada la Mesa bilateral de negociación, y porque necesita el apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos estatales de 2022. También se pone el foco sobre el País Vasco y el hecho de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, no confirmara su asistencia a la cumbre de Salamanca hasta haber cerrado con el Gobierno central el traspaso de la recaudación de nuevos impuestos por valor de 220 millones.
El argumentario de que Sánchez privilegia a los «desleales con España», acuñado por la presidenta madrileña. ya fue empleado por los presidentes autonómicos del PP en los días previos y posteriores a la cumbre salmantina y se insistirá en él en los debates sobre los temas sustanciales del próximo curso político. El PP y Vox, su aliado en muchos gobiernos regionales, van a convertir el debate autonómico y territorial en el ariete contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Y el Gobierno de Ayuso, sostenido por el partido ultraderechista, ha entrado como un ciclón en esta guerra ante la posibilidad, aireada en los últimos días pero que reclaman desde hace tiempo otras regiones limítrofes, de que la Comunidad de Madrid compense al resto de territorios por los beneficios del efecto capitalidad, y de que se ponga coto al dumping fiscal que consideran que práctica desde años. La «madrileñofobia» como contrapeso al «Espanya ens roba» independentista.
Canarias tiene en este marco una doble agenda en la que, por un lado, tiene que negociar con el Estado sus propias cuestiones bilaterales pendientes, como la reforma del REF del cine, el traspaso de la competencia en costas, o la adenda del convenio de carreteras, y por otro convencer a Sánchez y al resto de autonomías que necesita un trato singular para lograr la recuperación económica postpandemia en igualdad de condiciones que el resto de territorios.
Mecanismo de Recuperación
Lo está batallando ya en relación con el reparto de los 69.500 millones de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero aún sin ninguna garantía, más bien lo contrario, de que tener una mayor caída del PIB regional, más paro, más trabajadores en ERTE y más tasa de pobreza que el resto de las regiones sea uno de los criterios fundamentales a la hora de la distribución.
También con estas premisas se presentará el Gobierno canario ante la apertura, se supone que antes de finalizar el año, de la compleja negociación para la reforma del actual sistema de financiación autonómica, pendiente desde e 2014.
Además del ya anteriormente conocido argumento de ser una de las comunidades con peor financiación en el actual sistema, Canarias pretende que sus circunstancias económicas y sociales como consecuencia de la pandemia se tengan en cuenta a la hora de fijar algunos de los criterios que determinen el nuevo modelo, tal como ya reclamó Torres en la Conferencia de Presidentes: «Hay que introducir criterios y parámetros objetivos y actuales, como la perdida de productividad, la pobreza estructural, la caída de la renta per cápita, es decir cuestiones que pongan sobre la mesa la realidad social y económica que tienen unas comunidades autónomas frente a otras», defendió Torres en la capital charra.
Por otro lado, parece más que evidente que la pugna territorial también va a marcar el inminente debate sobre los Presupuestos estatales de 2022, en los que las inversiones en Cataluña se van a mirar con lupa por el resto de regiones, en especial las gobernadas por el PP, por si de ellas se desprendiera que se está pagando políticamente por al apoyo a las cuentas por parte de ERC, o como contrapartida al mantenimiento de la Mesa entre el Gobierno central y la Generalitat sobre el futuro de esa comunidad.
Canarias busca en este marco una ficha financiera que sostenga las inversiones por encima de la media estatal en aplicación del REF, algo que tanto el Ejecutivo regional como el central consideran que se cumplió por primera vez en la historia en las cuentas ahora en vigor, pero que niegan otros partidos políticos y las organizaciones empresariales. Pero más allá de las inversiones directas, las Islas buscan reforzar toda esa serie de medidas de compensación a la lejanía y la insularidad reflejadas también en el fuero isleño y que en las circunstancias actuales el Ejecutivo regional considera vitales para asegurar la recuperación.
