El Consejo Consultivo corrobora que el Gobierno de Pedro Sánchez se saltó a la torera el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias, vulnerando así la Constitución Española, en la tramitación y aprobación de los dos reales decretos leyes con los que modificó las deducciones en favor de los rodajes de series o películas en el Archipiélago. El dictamen del órgano asesor del Parlamento de Canarias, a instancias del propio presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, es el paso previo a la presentación de un recurso –en realidad de dos recursos, uno por cada una de las dos normativas en que Madrid ha ignorado a la Comunidad Autónoma– ante el Tribunal Constitucional (TC).
El Consultivo concluye que la aprobación de la disposición final primera de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, supone el «incumplimiento» del Estatuto de Autonomía y, «por vía de conexión», también de la disposición adicional tercera de la Constitución, que establece que «la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma». Ello no impidió que el Ministerio de Hacienda utilizara este decreto para incrementar de tres a diez millones de euros la deducción en favor de los rodajes cinematográficos en Península y Baleares mientras congelaba en 5,4 millones el incentivo a las grabaciones en las Islas. Es decir, no solo se cargó de un plumazo el diferencial fiscal del 80% a favor del Archipiélago, una compensación vía tributos por la insularidad y lejanía de la región respecto del continente, sino que lo hizo pese al «no» de las instituciones canarias. «La aprobación del informe desfavorable del Parlamento de Canarias, aprobado por mayoría de dos tercios de sus miembros, suspende, desde que se notifica dicho informe a las Cortes Generales, la tramitación de las iniciativas legislativas que pretendan la modificación del REF», reza el dictamen del Consultivo. Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno de Sánchez ignoró el informe de la Cámara del Archipiélago.
El Ministerio de Hacienda intentó arreglar el desaguisado en un segundo texto: el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, donde incrementó de 5,4 a 12,4 millones el tope de la deducción para los rodajes en las Islas. El caso es que el incentivo se queda en 12,4 millones de euros en Canarias y en diez en el resto del país, con lo que el diferencial fiscal, que de acuerdo con el REF debe ser el susodicho 80%, se reduce al 24%. Es decir, vuelve a incumplirse el fuero regional. Y no solo eso, sino que el Ejecutivo estatal volvió a saltarse por segunda vez el procedimiento al obviar al Legislativo autonómico. «El Gobierno del Estado está obligado a solicitar el informe al Parlamento de Canarias con anterioridad a la aprobación de cualquier decreto ley que pretenda modificar el REF. Tal omisión provoca la declaración de inconstitucionalidad por vulneración de la disposición adicional tercera de la Constitución y la consiguiente nulidad de dicha normativa en todo lo que se refiera a Canarias», concluye el Consultivo.
