Carlos Rosado Cobián (Málaga, 1951) es el presidente de la Spain Film Commission, la asociación encargada de la coordinación de la red de ‘film commissions’ y ‘film offices’ del país. Abogado de profesión, aunque ya no en ejercicio, Rosado Cobián asegura que la industria audiovisual canaria no tiene un enemigo en la organización nacional, sino al contrario, y defiende la aplicación del fuero isleño tal como dicte la ley.

¿Están al tanto en la Spain Film Commission de la vulneración del Régimen Económico y Fiscal de Canarias tras la modificación de los incentivos a las producciones audiovisuales internacionales?

A nosotros nadie nos ha llamado para pedirnos opinión: ni el Gobierno de España, que no tiene por qué, ni tampoco el Gobierno de Canarias para pedirnos apoyo. Me habría encantado, y aunque no tenemos competencias normativas en la materia, al menos habría ofrecido, modestamente, un apoyo moral o técnico. No se lo reprocho al Gobierno canario, sencillamente es un hecho puro y simple que a mí nadie me ha llamado para decirme oiga, qué opina usted de todo esto. No obstante, estamos a disposición tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Canarias.

¿Pero han hecho ustedes algo al respecto?

Cuando salta a la prensa el problema de que no se ha modificado el límite máximo en la última reforma del incentivo, yo mismo me comuniqué con la Canarian Film Commission, que es socia nuestra. Tenemos una relación de máxima lealtad. Canarias está implicada en las tareas de la Spain Film Commission, de hecho ostenta la vicepresidencia, y yo mismo le he ofrecido toda clase de colaboración.

¿Y cuál es la postura de la Spain Film Commission?

Nuestra posición sobre el fondo del asunto es clara: que se cumpla la ley, tanto la ley general tributaria, que afecta a toda España, como el REF y todo lo que afecte a Canarias. El diferencial fiscal, que viene poniéndose en práctica desde 2015, está en todos nuestros documentos, nunca lo hemos criticado ni mucho menos puesto en duda. Nosotros estamos con la ley, e independientemente de las diferencias que puedan existir y de las motivaciones de unos y otros, y tratando de ser objetivos, se trata de un asunto complejo. De entrada porque esta última subida todavía está pendiente de su validación por la Unión Europea. Es verdad, y este es un dato objetivo, que Canarias tiene el mejor incentivo fiscal de toda Europa en cuanto a los porcentajes de devolución, que son del 45 y del 50%. Desde este punto de vista la posición de Canarias es muy potente. Pero también es verdad que no tienen los 18 millones que piden y que el Gobierno ha ofrecido 12,5, y ahí no puedo decir nada por una sencilla razón: esto requiere de un análisis muy complicado de la aplicación de la norma del REF y, por tanto, no me encuentro cualificado para decir si 12,5 millones es o no lo correcto.

«En cuanto al fondo del asunto, la posición de la Spain Film Commission es clara: que se cumpla la ley, tanto la ley general tributaria como el REF»

Con esa salvedad de que en la Spain Film Commission no son expertos en el REF, entiendo que apoyan la reivindicación de Canarias. ¿Es así?

Las reivindicaciones de Canarias siempre han contado con nuestro apoyo, y si esta reivindicación está fundamentada, la apoyaremos. Ahora bien, al hilo de esto, lo que sí debiera preocuparles en las Islas es el límite máximo presupuestario de 50 millones que prevé la norma. Porque ya sea la devolución de 18 o de 12,5 millones, lo cierto es que el límite máximo a devolver no puede pasar de 50 millones de euros. De modo que si son 18 millones, serán menos proyectos, porque si dividimos 50 entre 18, salen tres más o menos, y si son 12,5, pues van a salir cinco. Ese límite hay que tenerlo claro, porque ese es uno de los problemas que tendría la aplicación del incentivo fiscal en Canarias. No se puede subir de esa cifra actualmente, habría que ver en las sucesivas modificaciones del incentivo. Pero ya le digo: es un asunto de enorme complejidad técnico-fiscal, y creo que esto requiere que no se produzca un debate a la gresca. Los técnicos tienen que sentarse y ver la aplicación de la norma.

«Si la reivindicación de Canarias está fundamentada, la apoyaremos; ahora bien, lo que debiera preocuparles en las Islas es el límite máximo de 50 millones»

¿No hay cierta visión centralista en la Spain Film Commission?

La estructura de la Spain Film Commission no es centralista, es federal, es territorial. Nosotros no tenemos una superestructura en Madrid, sino que actuamos en red. No hay ninguna vocación centralista ni en nuestros estatutos ni en nuestra actividad. Soy andaluz, no se me puede acusar de centralista, soy un autonomista convencido. En cualquier caso, le aseguro que mientras yo sea presidente, no haré nada que pueda beneficiar a mi comunidad de origen de forma irregular. Somos un ente colegiado y, como tal, tomamos las decisiones colegiadamente; no hay dirigismos ni presidencialismos. Está claro que yo no puedo solucionar una cuestión de fondo que es técnica, porque no nos corresponde y es complicado, pero los canarios no deben tener ningún miedo. Somos socios y hemos trabajado muy bien hasta ahora.

«Puedo asegurarle que mientras yo sea presidente, no haré nada que pueda beneficiar a mi comunidad de origen [Andalucía] de forma irregular»

Dicen que es usted un hombre próximo al PSOE, más en concreto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por sus años en la Junta de Andalucía. También dicen, y hay referencias escritas por doquier, que antes fue próximo al PP y más en concreto a Javier Arenas.

Yo soy abogado, aunque ya no ejerzo. Y con Javier Arenas lo que ocurre es que monté con él un despacho de abogados en 1987, fíjese si ha llovido. Llevo al frente de la Spain Film Commission, de la que fui fundador, desde 2013-2014; no soy un político, soy un técnico, y estoy cercano no al PSOE, sino al Gobierno que esté, sea del color que sea. Fíjese que en el año 2014 fui yo quien convenció al entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, a Cristóbal Montoro, de la necesidad de crear el incentivo fiscal que luego Canarias ha mejorado. Es decir, el origen de todo esto está en que la Spain Film Commission le planteó al Gobierno de entonces que se creara un incentivo específico para los rodajes internacionales. Ahora parece que soy un amiguete del PSOE, y en absoluto. La Spain Film Commission es un ente instrumental que colabora con el Gobierno que esté en cada momento, también con el Gobierno de Canarias. A nosotros nos dicen esto o aquello y lo aplicamos. Y, modestia aparte, ya tengo un largo currículum de más de veinte años dedicado en exclusiva a esto.

¿Entonces es una demanda de la ‘film commission’ nacional a Cristóbal Montoro la que propició que luego Canarias pudiera tener el diferencial fiscal a su favor?

Es así de sencillo. Le pedimos una reunión al ministro de Hacienda y le expliqué que la competitividad de España en materia de rodajes dependía de que dispusiéramos de un incentivo especial específico para los rodajes internacionales. Estábamos convencidos entonces de que era clave para que se incrementara digamos el nivel de los rodajes en España, como así luego ha sucedido. Él atendió la petición, modificó la ley del Impuesto sobre Sociedades y creó el artículo 36 párrafo segundo, que es del que parte todo esto. El origen es que la Spain Film Commission logró que se creara el incentivo fiscal para toda España, incluida Canarias, el incentivo al que luego se le ha aplicado la normativa específica fiscal del Archipiélago. Esto fue en 2014 y se aprobó en 2015. Más tarde han venido modificaciones de ese artículo.

«El ‘hub’ audiovisual no es un peligro para el desarrollo de la industria en Canarias, sino una oportunidad; el Gobierno canario también formulará su propuesta»

¿Puede estar tranquila la industria en Canarias con la estrategia para convertir a España en un ‘hub’ audiovisual europeo? En ella no hay mención del REF y se teme, en línea con lo sucedido con el diferencial fiscal, que tienda hacia una homogeneización tributaria.

La creación del hub también la ha impulsado la Spain Film Commission desde un primer momento. El hub todavía está organizándose, pero si se lee el documento, se puede ver que en lo relacionado con la gobernanza de este instrumento se habla de tres niveles: el primero es el del Gobierno y la relación entre los distintos Ministerios, pero el segundo ya habla de la colaboración entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas. Con esto quiero decirle que el propio hub ya contempla su implementación con la participación activa de todas las Comunidades Autónomas sin excepción. El hub no es un peligro para el desarrollo de la industria en Canarias, sino una oportunidad.

¿Cómo?

Varias Comunidades Autónomas ya han anunciado la creación de su propio hub audiovisual. Ocurre en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña o en Andalucía, por ejemplo, y yo animo al Gobierno de Canarias a que se implique. El Gobierno canario también tiene que formular una propuesta de hub audiovisual, como están haciendo otras comunidades. No es un ente centralista. España es muy diversa, y no hay que olvidar que las competencias las tienen compartidas las regiones en sus territorios.