La Comunidad Autónoma ha desplegado por primera vez la protección que le brinda el Estatuto de Autonomía frente a las injerencias de Madrid en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Y lo ha hecho dando una muestra de unidad impropia de la actual legislatura. Todos los diputados de la Cámara regional dijeron ayer «no» a la modificación unilateral del REF que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe negativo del Legislativo canario no es vinculante –en última instancia el Ejecutivo estatal puede desoír los argumentos de la Comunidad Autónoma–, pero no es menos cierto que la unanimidad supone un puñetazo sobre la mesa frente al intento de reducir las mayores bonificaciones fiscales a la industria audiovisual en las Islas. El «no» del Parlamento es igual de rotundo ante el decreto exprés con que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de arreglar el desaguisado. Canarias no se conforma con un techo de 12,4 millones en las bonificaciones tributarias para el sector audiovisual; Canarias exige el diferencial del 80% a su favor, lo que implica elevar la cuantía hasta los 18 millones. El propio presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, avisó a su correligionaria Montero tras el pleno parlamentario: o el diálogo político resuelve el choque o lo resolverá la Justicia.
Menos de tres años después de la última reforma del Estatuto, aprobada en 2018, la Comunidad Autónoma hace uso de la prerrogativa que le permite paralizar una ley estatal si considera que vulnera su fuero. El informe desfavorable del Parlamento obliga a los Gobiernos central y regional a abordar la discrepancia en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación. Desde que se constituya la comisión habrá un plazo para negociar de un máximo de dos meses. Ese es el tiempo que tendrán los representantes de la Administración autonómica para recordarle al Ministerio de Hacienda que el diferencial fiscal en favor de Canarias debe ser del 80%. El Ejecutivo de Sánchez aumentó el tope de bonificaciones tributarias para las producciones audiovisuales en la Península hasta los diez millones, cargándose el diferencial fiscal que las Islas disfrutan en virtud de su fuero. Una enmienda del PSOE en el Senado al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha antifraude elevó las bonificaciones en Canarias de 5,4 a 12,4 millones, una cantidad que está muy por debajo de cumplir el diferencial del 80%, para lo que es necesario que el tope llegue a 18 millones. Se incumple así el REF, de ahí que el Parlamento emitiera ayer su informe desfavorable, lo que de forma automática paraliza la tramitación de la ley estatal.
El Gobierno central le envía la solicitud de informe al Ejecutivo y no a la Cámara, como es preceptivo
El problema para los intereses de la Comunidad Autónoma es que una vez reunida la comisión bilateral, el Estado puede pasar por alto los argumentos de Canarias y, transcurridos los dos meses de rigor, continuar la tramitación de la ley antifraude y de la modificación implícita del REF sin ningún cambio. Es más, el Consejo de Ministros se adelantó a la negociación Canarias-Estado y a través de un real decreto ya ha blindado esos 12,4 millones, con lo que el incumplimiento del REF ya ha pasado de la discusión parlamentaria a la práctica. Un «decretazo», en palabras que ayer emplearon tanto la diputada de CC Rosa Dávila como el parlamentario del PP Fernando Enseñat, para el que el Gobierno de Sánchez ni siquiera solicitó el informe preceptivo de la Cámara canaria, algo que el Senado tampoco habría hecho de no ser por el requerimiento del expresidente Fernando Clavijo. El Ejecutivo estatal le envió la solicitud de informe a la Consejería de Hacienda, evidenciando una vez más el histórico desconocimiento del REF en Madrid. Está por ver si llegará la solicitud al Parlamento, pero, en todo caso, a la Comunidad Autónoma le quedará siempre el recurso del Tribunal Constitucional (TC), y está dispuesta a ello.
En última instancia el Gabinete de Pedro Sánchez puede ignorar sin más a Canarias
Al margen de los reproches políticos, la única diferencia de fondo entre los partidos es sobre los 12,4 millones de bonificación ya en vigor por ese «decretazo» del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque en el PSOE –y en el sector– no los ven con malos ojos como solución transitoria –para la liquidación del Impuesto de Sociedades de 2020– para las empresas audiovisuales.
Rosa Dávila recordó que el debate de ayer se pudo celebrar porque el senador por la Comunidad Autónoma Fernando Clavijo, de CC, le recordó a la Cámara Alta la obligación de solicitar informe al Parlamento canario. Aunque ayer se puso en duda desde la bancada socialista, el expresidente del Gobierno regional no apoyó las enmiendas que se discutieron en la comisión del Senado, entre ellas la del REF. Votó a favor del resto del proyecto de ley. «La denuncia de Coalición ha permitido rechazar la intención de recortar los derechos del REF», explicó Dávila.
Desde los escaños del PSOE, Iñaki Lavandera –como también haría después el mismo Ángel Víctor Torres– le echó en cara a los nacionalistas que en 2017 no levantaran la voz cuando el Gobierno de Mariano Rajoy también incrementó las bonificaciones para el sector audiovisual en la Península sin hacerlo en el Archipiélago. En aquel momento aún no se había producido la reforma del Estatuto y el blindaje del REF.
«Esto es un ataque premeditado contra los derechos de los canarios; ¿qué será lo próximo?», se preguntó la líder del PP Australia Navarro. «Es una enorme decepción comprobar la nula capacidad de influencia de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez en Madrid», añadió la diputada de Ciudadanos Vidina Espino. En los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias prevaleció la satisfacción por la unidad demostrada –«este es un día histórico en el que el Legislativo y el Ejecutivo canarios muestran su unidad en defensa del REF», señaló Esther González, de NC–, pero las dudas sobre la intencionalidad del Ministerio de Hacienda las comparten todos los grupos. «Prefiero decir que ha sido desconocimiento porque no quiero pensar otra cosa», resumió Casimiro Curbelo.
