El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado en Tenerife que las nuevas Oficinas de Justicia de Municipio "serán una realidad a finales del próximo año". Al menos esa es la pretensión del ministro siempre y cuando la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, cuyo anteproyecto está aún en fase de información pública, pase el trámite parlamentario con el suficiente consenso como para ser aprobada. Esa norma, en caso de que sea validada por las Cortes, creará una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz y vendrán a cubrir el servicio de la Administración de Justicia en más de 7.000 núcleos poblacionales.
Juan Carlos Campo hizo estas declaraciones a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia que se ha celebrado este viernes en Santa Cruz de Tenerife y a la que han asistido de forma presencial los titulares de las Consejerías de Justicia de 12 comunidades autónomas.
Campo señaló que "la ley está lo suficientemente consensuada e informada", lo que a su juicio y a pesar de los "ruidos que vivimos", contará con un amplio consenso como ha ocurrido con leyes como las del Registro Civil o la de Discapacidad, que han contado con prácticamente la unanimidad del arco parlamentario. "Son leyes que tienen una tramitación muy rápida, por lo que creemos que a finales del año que viene ya sea una realidad la Oficina de Justicia en el Municipio", reiteró.
En este sentido aseguró que se trata de "un reto importantísimo de país", ya que supone introducir en pequeñas poblaciones, muchas de ellas incluso muy poco pobladas, el "elemento de Justicia", con unas oficinas que van a hacer más fácil la vida al ciudadano, no solo en materia de Justicia. Se pretende facilitar la vida, dijo el ministro, "a aquellos ciudadanos que a lo mejor no es que no hayan entrado la era digital, sino que incluso no alcanzaron la analógica". En definitiva, el titular de Justicia aseveró que con esta ley lo que se pretende es que todos los municipios o pueblos tengan acceso a los mismos servicios de la Administración de Justicia que puedan tener en las grandes ciudades.
Esta Oficina de Justicia del Municipio estarán abiertas todos los días en aquellas poblaciones más grandes, mientras que en otras localidades más pequeñas estarían abiertas tres o cuatro días a la semana, pero "todas contarán con funcionarios de Justicia que podrán responder a las demandas de la ciudadanía".
Ruido político
"Empezamos con promesas y cada vez tenemos más realidades, fruto de un trabajo compartido basado en proyectos concretos" para abordar la "modernización y la eficiencia en la Administración de Justicia", consideró el ministro Campo quien reivindicó la capacidad del Gobierno, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trabajar conjuntamente y lograr acuerdos en medio del "ruido" político e institucional que hay en España y con el afán de lograr la "modernización" del sistema judicial.
A preguntas de los periodistas sobre el anuncia de la presentación de recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por parte de VOX, PP y Ciudadanos contra los indultos a los nueve condenados por el procés, el ministro Campo no quiso pronunciarse, pero subrayó que esa medida del Gobierno no supone "ningún olvido", sino "un perdón". Eso tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo y "espero que, como siempre, sean decisiones absolutamente medidas, calibradas y ajustadas al derecho", defendió. "El Gobierno se ha pronunciado" aprobando unos indultos que no suponen "ningún olvido", y por eso no hay una amnistía que "no está permitida", añadió. Para el ministro, lo que se ha producido es "un perdón", que significa que "no se olvida lo que se ha hecho, pero nos damos una oportunidad" para tener "una sociedad mejor" en Cataluña y en el resto de España, auguró.
Por su parte, el viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, hizo un "balance muy positivo" de la reunión porque se empiezan a sentar las bases de los "cuatro pilares" de la administración de justicia: la ley de eficiencia administrativa, la ley de eficiencia procesal, la digitalización y la cogobernanza.
Además, destacó que en breve se van a empezar a recibir los primeros fondos europeos, en el caso de Andalucía, concretamente 30 millones en 2021 y 2022 y que servirán para "dar el salto de calidad" para desarrollar el teletrabajo o la ciberseguridad, entre otros, y ayudar también a la recuperación económica.
El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Santos, valoró el sistema de trabajo "participado y deliberativo" puesto en marcha por el Ministerio y las comunidades autónomas para modernizar la administración de justicia.
Además, afirmó que Navarra es "puntera" en la digitalización gracias al sistema de gestión procesal 'Avantius' y la oficina de gestión de datos, que ha puesto a disposición de otras comunidades como ejemplo de buenas prácticas, lo mismo que la "justicia restaurativa" para ayudar en la resolución de conflictos.
